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Arrancó mesa técnica con exparamilitares: Así se está dando primera reunión con ex-AUC

A esta hora, de manera virtual, el Gobierno de Gustavo Petro adelanta la instalación de la mesa técnica con los 16 exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Este espacio, creado hace unos días a través de una resolución, se da para reparar el cierre definitivo de un proceso que, dos décadas después de la desmovilización paramilitar, sigue dejando deudas con las víctimas. Mininterior lidera el encuentro.

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Cindy A. Morales Castillo
01 de octubre de 2025 - 08:09 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, el presidente Gustavo Petro y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Foto: El Espectador
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A esta hora, de manera virtual, se desarrolla la primera reunión preparatoria de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el espacio creado por la Resolución Ejecutiva 327 del 21 de septiembre para evaluar el proceso de Justicia y Paz y definir su cierre definitivo.

La cita marca un nuevo capítulo en la relación del Estado con los antiguos jefes paramilitares, esta vez no en el terreno de la negociación ni de la concesión de beneficios, sino en el de la evaluación histórica y administrativa de un proceso que lleva más de 20 años abierto, según ha dicho el propio gobierno

En la sesión, que conoció este diario y que comenzó a las 2 de la tarde de este miércoles, intervino primero un delegado del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), encargado de dar apertura oficial, seguido de las palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del comisionado para la Paz, Otty Patiño.

La mesa técnica es de carácter excepcional, temporal y no otorga ningún beneficio judicial a quienes participan en ella. Luego, uno a uno, los 16 gestores de paz designados por el Gobierno —entre ellos nombres de peso como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), Diego Fernando Murillo (“Don Berna”) y Carlos Mario Jiménez (“Macaco”)— tuvieron dos minutos cada uno para presentarse y plantear brevemente sus expectativas frente a este espacio.

El eje central de la reunión estuvo a cargo del viceministro general del Interior, Jaime Berdugo.

Según conoció Colombia+20, durante su intervención, Mancuso hizo referencia a los problemas y retrasos en el proyecto de ley de sometimiento, también conocido como de paz total que fue presentado el pasado 20 de julio por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

“Sabemos de las dificultades del proyecto de ley de paz total... Esperamos que con el señor presidente de la República se tomen las decisiones necesarias para cerrar definitivamente un proceso que se creó para que durará 12años máximo (...) El poder punitivo del Estado se ha exacerbado , se ha exagerado en este proceso (de Justicia y Paz) en el cual llevamos más de 20 años”, dijo.

También se pronunció Jorge 40, quien se definió como un “buscador terco por la paz”.

El proyecto de paz total establece un tratamiento penal especial y transicional para los integrantes de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML), como parte de la estrategia de paz total que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro. El documento propone una ruta jurídica que diferencia a estos actores armados de las estructuras criminales de alto impacto y busca facilitar su tránsito hacia la legalidad bajo estrictas condiciones de desmovilización, verdad, reparación y no repetición.

Ese proyecto fue justamente uno de los puntos de la pelea que este martes se conoció entre el ministro Benedetti y el ministro Montealegre.

De acuerdo con los chats revelados, la directora de Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, habría alertado de un posible hundimiento del proyecto de Paz Total este martes en la Comisión Primera de Cámara.

En contexto: Fuego amigo en el Gobierno: choque entre Armando Benedetti y Eduardo Montealegre

Montealegre respondió en el chat: “Álvaro Rueda, liberal de Santander, entre otros, quiere hundir el PL (proyecto de ley) de paz total, a punta de dilaciones. Programaron una audiencia para dentro de mes y medio en Barranca. Como van las cosas, ni siquiera se discutirá este proyecto en comisión primera de Cámara. La oposición es tramposa. Y, Benedetti, que solo sirve para hablar paja y sembrar caos, ahora ya no tiene ningún interés en el proyecto, como lo hizo al principio. Así no se puede. El Titanic de la paz, se hundirá.”.

Montealegre rememoró el “tibios” de Benedetti al señalar que el jefe de la cartera política “es un “tibio”con la paz total.

¿Para qué es la mesa técnica?

Según la norma, cada gestor deberá suscribir un plan de trabajo individual ante el Ministerio del Interior, en coordinación con el DAPRE y la Oficina del Comisionado para la Paz.

Estos planes deberán traducirse en un acta de compromisos concretos, con actividades específicas de reparación a víctimas, indicadores de verificación y responsables definidos. Además, los gestores de paz tendrán que asistir a diligencias judiciales, participar activamente en el Comité Técnico, cumplir con los compromisos adquiridos y presentar informes periódicos de sus avances. La resolución es explícita: la inasistencia reiterada o injustificada podrá dar lugar a que el presidente de la República cancele de inmediato la designación.

La resolución también deja en claro un aspecto clave: aunque son 16 los designados como gestores de paz, el quórum mínimo para sesionar será de siete de ellos junto con dos delegados del Gobierno. Es decir, la mesa técnica no depende de la presencia total de todos los exparas convocados, lo que garantiza su operatividad incluso en medio de eventuales ausencias. Esta diferencia es crucial: mientras la designación es amplia y colectiva, el funcionamiento del Comité Técnico está pensado para ser flexible y evitar bloqueos.

Lo que busca el Gobierno con esta mesa técnica es distinto a cualquier proceso previo. No se trata de abrir un diálogo con los exparas, como ocurrió en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003, ni de diseñar un nuevo esquema de beneficios jurídicos. El objetivo es más limitado y más institucional: hacer un balance integral de lo que dejó la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, y preparar un cierre definitivo de ese capítulo.

Ese balance incluirá el grado de cumplimiento de los compromisos de reparación económica y simbólica, el avance en la entrega de bienes que debían ser destinados a las víctimas, los aportes de verdad en procesos judiciales y extrajudiciales, y las medidas de no repetición. La mesa también deberá proponer una ruta para la difusión pública de esos aportes de verdad, de manera que se fortalezca la memoria histórica y se garantice el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido.

Para el presidente Gustavo Petro, este mecanismo tiene un valor estratégico dentro de su política de Paz Total. Al tiempo que su gobierno adelanta conversaciones con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras armadas, busca enviar el mensaje de cerrar de manera ordenada y documentada los procesos anteriores, como el de los paramilitares. En otras palabras, lo que está en juego es demostrar que el Estado no deja cabos sueltos y que los compromisos asumidos en nombre de la paz deben cumplirse, incluso dos décadas después.

Sin embargo, este paso no está exento de controversias. Sectores de víctimas han expresado dudas sobre la capacidad real de los exjefes paramilitares de cumplir con nuevas obligaciones de reparación o de aportar verdad fresca y relevante. Para muchas familias que llevan años esperando respuestas, la participación de nombres como Mancuso, “Jorge 40” o “Don Berna” despierta más desconfianza que expectativa. El Gobierno, consciente de ese escepticismo, ha insistido en que la Mesa Técnica no es una negociación ni implica beneficios judiciales, sino un mecanismo de verificación y cierre que servirá para medir con precisión lo que se hizo y lo que aún falta.

La resolución también contempla medidas de seguridad para los gestores durante el tiempo de vigencia de la designación, que se extiende hasta el 6 de agosto de 2026. Estas medidas, sin embargo, serán estrictamente temporales y no generarán derechos permanentes.

Tampoco implican cambios en la situación jurídica de los exjefes paramilitares: quienes están privados de la libertad seguirán cumpliendo sus condenas y podrán participar de las sesiones de manera virtual, ya sea desde cárceles en Colombia o en el extranjero.

En suma, la reunión que hoy se adelanta marca el inicio de un proceso que pretende cerrar uno de los capítulos más largos y dolorosos del conflicto armado colombiano.

✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.

Cindy A. Morales Castillo

Por Cindy A. Morales Castillo

Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com

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