Este jueves, en el marco de los eventos de la estrategia de Paz Electoral que lidera la Procuraduría, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la mesa de paz que se instaló en octubre de 2025 con al menos 13 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y admitió que “no se ha tenido éxito en ese proceso”.
“Ese impulso que se ha tenido con los gestores de paz para que, no solamente se dijera la verdad judicial, sino que paralelamente se pudieran reconstruir otra vez el tejido social en el que ellos habrían fallado, con base en contar las historias de la verdad de lo que sucedió, tanto en financiación como en ayuda pública a esos políticos en lo que se pretendía, lo que se pretende aún. ¿Usted me quiere decir que no hemos tenido éxito? No no hemos tenido éxito en buscar eso, en implementar eso“, dijo Benedetti.
La idea, que el presidente Gustavo Petro había propuesto desde el 3 de octubre de 2024, era ampliar la verdad judicial -que según e mandatario está fragmentada en distintas justicias como la JEP y Justicia y Paz-.
Según el mandatario, la idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas.
Sin embargo, cuatro meses después de la última reunión pública que tuvo el Gobierno con los paramilitares en Valledupar y que dejó el anuncio de unos recorridos que se harían por zonas azotadas por el paramilitarismo, no se ha vuelto a saber nada del proceso.
El ministro Benedetti, quien fue el encargado por el presidente de liderar este proceso, dijo también que la semana pasada hubo una reunión con el delegado del comisionado de paz, Fabio Cardozo -que también es negociador con las bandas criminales de Buenaventura-, la secretaria general de la Presidencia “para volver a retomar la dinámica de lo que ha venido sucediendo en ese proceso”, indicó.
Entre los paramilitares que estaban en ese procesos están Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), Carlos Mario Jiménez (Macaco), Edwar Cobos (Diego Vecino), Fredy Rendón (El Alemán) y Juan Francisco Prada Márquez (Juancho Prada). También Hernán Giraldo Serna, Héctor José Buitrago (El Patrón) y Manuel de Jesús Pirabán (Pirata), entre otros.
Ramiro Vanoy (Cuco Vanoy) y Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como Don Berna, han estado fuera de los encuentros pues ambos continúan en Estados Unidos a donde fueron extraditados y donde cumplen penas por narcotráfico.
Lo que busca el Gobierno con esta mesa técnica es distinto a cualquier proceso previo. No se trata, de acuerdo con lo que se ha anunciado, de abrir un diálogo con los exparas, como ocurrió en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito en 2003, ni de diseñar un nuevo esquema de beneficios jurídicos. El objetivo es más limitado y más institucional: hacer un balance integral de lo que dejó la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, y preparar un cierre definitivo de ese capítulo.
Esta mesa de paz no fue bien recibida por las víctimas ni por algunas entidades que emitieron varias alertas. En el caso de algunas organizaciones sociales afirmaron que no se ha tenido en cuenta a las personas que sufrieron los vejámenes del paramilitarismo en el país.
Además, el hecho de que el ministro Benedetti advirtiera que la verdad de los ‘paras’ podría tocar a los políticos no fue bien recibido por decirse en plena campaña electoral.
“A ver, nos hemos reunido con los 16 gestores de paz designados a una resolución por el señor presidente, y esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad. Verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia, y sobre todo a la verdadera clase política que estuvo con ellos, que además fue cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de sus actores políticos hoy son candidatos, ya veremos qué es de todo eso, termina siendo verdad o sustentándose en lo que se debe a hacer”, afirmó entonces.
En su momento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre ello. “Revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo, incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental entre la justicia transicional y la campaña política genera un riesgo gravísimo: el de usar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.
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