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La reunión entre el Gobierno de Gustavo Petro y un grupo de exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizada en Valledupar bajo la coordinación del ministro del Interior, Armando Benedetti, terminó sin conclusiones oficiales.
Sin embargo, detrás del gesto político se discutieron temas que podrían marcar el rumbo de una nueva etapa en la relación del Estado con los antiguos jefes paramilitares: el cierre jurídico de Justicia y Paz y la reactivación de las granjas agrícolas penitenciarias.
Aunque el ministro Benedetti, quien actuó como facilitador, insistió en que se trataba de un espacio para la “reconciliación y el reconocimiento de responsabilidades”, lo cierto es que los temas discutidos apuntan a una agenda más amplia.
Fuentes cercanas a los diálogos aseguran que se trataron entre cinco y seis líneas de trabajo, orientadas a trazar una hoja de ruta hacia lo que el Gobierno ha llamado un “cierre integral” del proceso de Justicia y Paz. En el centro de la discusión está la posibilidad de revisar los proyectos de ley que definan un cierre jurídico y político definitivo, con claridad sobre las responsabilidades judiciales aún pendientes para centenares de excombatientes que, tras casi dos décadas, siguen vinculados a procesos sin sentencia o con fallos incumplidos.
La propuesta busca resolver un vacío que persiste desde la implementación de la Ley 975 de 2005, que permitió la desmovilización de más de 31.000 paramilitares bajo compromisos de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, como han advertido distintos informes de la Procuraduría y la Comisión de la Verdad, el proceso dejó grietas profundas: miles de casos sin esclarecer, confesiones incompletas y una débil participación de las víctimas.
El segundo tema de discusión —y quizá el más llamativo— fue la posibilidad de reactivar las antiguas granjas agrícolas penitenciarias, que en su momento funcionaron como lugares de reclusión especial para desmovilizados en proceso de resocialización. En esta nueva etapa, según lo conversado en Valledupar, las granjas se plantean no solo como espacios de trabajo y formación, sino como escenarios de colaboración con la verdad y la búsqueda de desaparecidos.
“El propósito es reunir allí a excombatientes que todavía tienen información sobre desapariciones, fosas comunes y violaciones de derechos humanos, para que trabajen en mejores condiciones en la reconstrucción de memoria y en el apoyo a las tareas de búsqueda humanitaria”, explicó una fuente cercana a la mesa.
La idea, según los participantes, sería que ese trabajo tenga supervisión judicial y acompañamiento de las instituciones del Sistema Integral para la Paz.
Esta propuesta evoca una figura ya conocida en los procesos de reintegración, pero con un nuevo componente simbólico: que los antiguos responsables participen directamente en la reparación social y no solo en su reinserción económica. “No se trata de dar beneficios, sino de crear espacios donde la verdad se materialice en acciones”, explicó otra de las fuentes consultadas.
Sin embargo, mientras el Gobierno defiende el enfoque de reconciliación, el proceso genera inquietud entre organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, especialmente porque no hubo presencia directa de víctimas en la reunión de Valledupar.
“Todavía hay vacíos. Hay sentencias que no se han cumplido. Si se reabre el proceso, debe ser para contar una verdad verdadera, porque las que conocemos están a medias”, advirtió Julia Chaparro, víctima de violencia sexual y desplazamiento por miembros del Bloque Central Bolívar en Santander.
A su vez, Esther Polo, lideresa del Caribe desplazada por la violencia paramilitar, insistió en que el riesgo está en convertir el cierre de Justicia y Paz en un trámite político sin contenido de verdad. “Llevamos años oyendo que van a cerrar Justicia y Paz, pero nunca cierran nada. A veces parece que lo que quieren cerrar es el tema, no el dolor. No se puede hablar de paz cuando todavía hay fosas sin abrir y familias buscando a sus desaparecidos. Eso no es cerrar, eso es tapar.”
Ambas lideresas coincidieron en que la paz solo será creíble si garantiza verdad judicial, justicia efectiva y no repetición. “Las víctimas no queremos discursos, queremos justicia. Si de verdad van a retomar esto, que lo hagan sin cálculos políticos, porque cuando mezclan la paz con la política, los que perdemos somos nosotros”, remató Polo.
Aunque el Gobierno ha reiterado que las víctimas serán el centro de la nueva etapa, aún no está claro cómo ni en qué condiciones se garantizará su participación. Los llamados “recorridos de reconciliación” que Benedetti planea realizar junto a los exjefes paramilitares siguen en fase de diseño, sin definiciones sobre su enfoque territorial, las medidas de protección o el papel que tendrán las entidades del Sistema Integral para la Paz, como la JEP o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Para observadores del proceso, lo que ocurrió en Valledupar no fue un cierre, sino el preludio de una nueva disputa. De un lado, las víctimas y sectores de la sociedad civil que reclaman una verdad completa y una justicia sin dilaciones; del otro, los actores políticos que ven en este tipo de acercamientos una oportunidad para proyectar gestos de reconciliación en plena coyuntura electoral.
Tras casi 20 años de la creación de Justicia y Paz, el proceso continúa abierto en múltiples frentes judiciales y sociales. Miles de víctimas aún esperan verdad sobre los desaparecidos, reparaciones efectivas y sanciones ejemplares para los responsables. Y aunque el Gobierno busca darle un nuevo sentido desde la política de “paz total”, los críticos advierten que sin verdad completa, sin justicia y sin garantías de no repetición, ningún cierre será posible ni creíble.
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