El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, se refirió a la resolución con la que el Gobierno de Gustavo Petro revivió este lunes la mesa de negociación con los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y volvió a nombrar a 16 de ellos como gestores de paz.
Patiño explicó en un video publicado por su oficina que desde noviembre de 2024 se inició un trabajo de diagnóstico sobre la situación de los llamados “gestores de paz” con el fin de reactivar su papel en el marco de la política de paz total.
“No alcanzamos en ese tiempo, pero sí se logró un efectivo diagnóstico de cómo estaba esta situación de ellos, y sobre ese diagnóstico es que plantea esta nueva resolución que me parece que da el tiempo necesario para que se desarrollen los planes que cada uno de los gestores de paz puede hacer”, señaló el funcionario.
La principal novedad, según Patiño, es la creación de una mesa técnica de trabajo bajo la orientación y presidencia del ministro del Interior, en la que también participarán el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. A este espacio asistirán, además, delegados de los gestores de paz, de los cuales al menos seis deberán estar presentes en cada reunión.
La mesa técnica también contará con el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y, eventualmente, la Fiscalía, con el fin de garantizar transparencia. Aunque no se trata de un mecanismo de control, Patiño subrayó que sí tendrá un componente de justicia que busca responder a las demandas de las víctimas y de la sociedad.
Según explicó, el nuevo mecanismo busca avanzar en los asuntos inconclusos de ese proceso, iniciado hace casi dos décadas, pero que aún presenta serios vacíos en materia de verdad, restitución de bienes y reparación a las víctimas.
El funcionario insistió en que no se trata de una nueva negociación, pues esa ya se llevó a cabo durante la desmovilización de mediados de los 2000. Se trata, más bien, de cerrar los pendientes que dejaron las falencias institucionales de aquel proceso.
“Lo que pasa es que sí hay procesos muy incompletos, hay temas como restitución de bienes, sobre los cuales hay muchas preguntas, hay temas de verdad que todavía no son muy satisfactorios, porque durante este proceso con los paramilitares no hubo mucha formalidad, y esa falta de formalidad hace que tengamos en muchos casos que hacer una arqueología de este proceso para poder establecer con claridad hasta dónde se avanzó y qué hace falta”, explicó.
Patiño dijo que este proceso busca “dar seriedad y tranquilidad a la ciudadanía” frente a una negociación que por años ha sido cuestionado por la ausencia de resultados concretos en verdad, reparación y garantías de no repetición.
El ministro Benedetti dijo el lunes en un video que lo que se busca con esta nueva resolución es que los gestores “contribuyan a reconstruir el tejido social, reparen y digan la verdad, construyendo una verdad judicial para el país”.
Una de las novedades de la resolución es que los gestores de paz “podrán acompañar otras instancias de diálogo que se desarrollen en el marco de la política de paz total.”
El proceso con las AUC fue uno de los más grandes intentos de desmovilización en la historia reciente de Colombia: más de 30.000 hombres dejaron las armas, pero el saldo en justicia y reparación sigue siendo objeto de críticas. La falta de entrega de bienes, el incumplimiento de compromisos de verdad y la aparición de estructuras sucesoras del paramilitarismo evidenciaron sus limitaciones. Para las víctimas, las deudas históricas son todavía enormes.
En ese contexto, la decisión del Gobierno de reactivar la mesa técnica con exjefes paramilitares pretende cerrar un capítulo inconcluso.
Esta mesa de negociación, una más de la que tiene abiertas el Gobierno Petro se dio tras un planteamiento que hizo el pasado 3 de octubre, el mandatario en un evento en Montería. Según el jefe de Estado, con ese proceso se busca finiquitar el proceso con los exparamilitares. La idea central de esa propuesta es “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas.
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