Este 7 de agosto, empieza la recta final del Gobierno de Gustavo Petro. Una de sus apuestas más ambiciosas fue la paz total, una política para negociar o someter a los distintos grupos armados.
Otty Patiño, el consejero comisionado de paz, es uno de los encargados de llevar esa tarea. En esta entrevista afirma que se sigue puliendo la ley de sometimiento y que aspiran a que antes de diciembre estén operando las tres Zonas de Ubicación Temporal. También habló de su prolongada ausencia y del “divorcio” entre la paz total y el Acuerdo de Paz.
A partir de este 7 de agosto, al gobierno de Petro le queda un año para presentar sus resultados en todos los ámbitos y, por supuesto, esa apuesta de paz total. ¿Cuáles son los objetivos que se trazan de aquí en adelante y qué esperan lograr en este último año?
Yo creo que el principal logro es generar procesos irreversibles. De tal manera que en lo que avancemos, en todos los 10 procesos que estamos desarrollando, el gobierno que llegue, sea cual fuere, cualquiera fuera la orientación política, las razones ideológicas, siga adelante porque están fundamentados en el bienestar de la gente en esos territorios críticos.
Ese es el propósito, no es llegar a firmar acuerdos que luego pueden ser incumplidos, sino a desatar procesos satisfactorios para la gente y, desde luego, también desatar procesos irreversibles en el tránsito de los armados hacia la vida civil.
¿Cuáles de esos tableros de negociación podrían entrar en esa categoría de irreversible?
Aspiramos que todos. Hay procesos y hay momentos y hay hitos donde pueden hacer más fácil la irreversibilidad. Aquellos donde están trabajando las Zonas de Ubicación Temporal, que son unas zonas donde se construyeron unos puestos de mando unificado donde concurren los armados y desde luego toda la institucionalidad, las víctimas, la gente que habita esos territorios para mirar desde allí cómo se puede transformar todo ese territorio. Y eso es lo que puede hacer irreversible. De tal manera que cualquiera que trate de echar para atrás eso lleve con los costos —que ojalá no se produzca eso— de esa irreversibilidad.
Es que como cuando se firmó el acuerdo 2016, el ministro Londoño dijo que haría trizas porque eran acuerdos todavía en el papel. Ahora no queremos que sean en el papel, sino procesos instalados en los territorios. El tema de la transformación territorial es lo básico y la fuerza innegable de esa transformación territorial, si bien debe haber acuerdos, promesas y compromisos, debe ser fundamentalmente la gente empujando y haciendo suyos esos procesos.
Le insisto en la pregunta porque solo queda un año. ¿Cuáles calificaría de irreversibles hoy?
Fíjate que Comuneros del Sur, que es una derivación de un proceso que pensamos avanzado que era el proceso con el ELN, la realidad nos demostró que solo en la medida que pudiéramos hacer procesos de paz territorial fue que pudimos avanzar. Si estuviéramos todavía casados con el proceso nacional con el ELN, seguramente ahí estuviéramos estancados hablando de participación abstracta y de temas abstractos, pero no concretando desarrollos. En la medida que se territorializó ese proceso, se pudo empezar a hablar de erradicación de cultivos, de destrucción de material de guerra, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de transiciones de los armados a la civilidad. Es decir, cosas más concretas, más tangibles, que la gente entiende. Eso es, creo yo, la paz total: allí donde lo concreto se puede debatir y se debate con las comunidades.
Ya que insiste en el tema de paz territorial y no en mesas nacionales, ¿cuáles son esos logros de transformaciones territoriales basados en las negociaciones que llevan?
Hay dos aspectos fundamentales: la transformación de las economías basada en los cultivos ilícitos y, desde luego, la disminución o el desescalamiento de los conflictos que permitan el tránsito de esos armados hacia la vida civil.
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En efecto, el Gobierno tiene hoy 10 tableros de negociación y lo que siempre se ha dicho es que es una apuesta muy ambiciosa sobre todo porque solo dos o tres tienen algunos avances. ¿Cree usted que es viable seguir hablando de este concepto de Paz Total?
Curiosamente, la paz total se puede gestionar a nivel territorial y hay otro elemento que también la atraviesa: el tema internacional. Hoy Colombia atraviesa por una cantidad de economías transnacionales, del crimen transnacional, de tal manera que tenemos que pararles bolas a esas dos dimensiones: la paz territorial y la paz transnacional, que desde luego afecta a países de las fronteras vecinas.
¿Usted califica de exitosa la apuesta de paz total del Gobierno?
Yo creo que sí. Mire, hemos derrotado, en muchos territorios, la apuesta de guerra total. (…) Los proyectos nacionales de guerra total, de guerra nacional como la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (de Iván Mordisco), creo que han sido derrotados, y eso es un logro de la paz total. Ahora, ¿cómo hacemos, cómo asumimos los procesos territoriales? En cada región ha sido diferente, y creo que en estos meses, con esas claridades que ya tenemos, es posible avanzar sobre ello.
Usted habla mucho de Comuneros y mucha gente dice que es un proceso un poco consentido de su parte, pero no se ha logrado la firma de un acuerdo ni el tránsito a la vida civil. ¿Cuál es el obstáculo que no ha permitido que esto avance?
La aspiración es que se den procesos rápidos, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta los ritmos que tiene la gente en los territorios, que tienen las propias organizaciones allí. Pero hemos avanzado notablemente: la destrucción de explosivos y el plan de reincorporación son muestras de que se sigue avanzando. Todos los días hemos avanzado un pasito. En todos los procesos, todos los días avanzamos un poco más.
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¿Y qué ha faltado en los otros procesos?
Hay compromiso. Del gobernador de Nariño en los procesos que hay allá; en el gobernador y el alcalde de Barranquilla en el diálogo que queremos abrir allá. En Buenaventura, hoy estamos tratando de superar el hecho de que la paz dependa solamente de la tregua entre los armados, y pensamos en una dimensión distinta de la paz. En Medellín, el compromiso también es en el desmonte de las estructuras armadas. Esos son elementos que ya se vienen superando y con los cuales venimos hablando para poder generar una superación, sobre todo una operación que beneficie a la gente.
Ahora que habla de las bandas criminales de Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, las críticas de las mesas es que no había interrelación con la Consejería Comisionada de Paz, específicamente con usted, y que por eso, entre otras razones, había lentitud en los procesos. ¿Usted lo ve así?
No. En Medellín, en el Valle de Aburrá, está Isabel Zuleta, digamos que es como si estuviera yo allí en ese espacio. En Buenaventura está Fabio Cardozo, que es una persona que ha venido trabajando estos temas desde hace casi más de 30 años. En Quibdó, en este momento, está como delegado nuestro una persona que tiene una alta experiencia en paz, que es el general William Rincón. Es decir, en cada parte no es necesario que esté yo. Por supuesto, cuando toca estar, voy a estar, y he estado también.
¿Y usted cree que, puntualmente, esa paz urbana —como se ha denominado— de esos laboratorios sí avanza o no? ¿En qué avanza?
Mire, voy a citarle una cifra: en Medellín se logró disminuir el número de homicidios a una sola cifra; antes el número de homicidios estaba en dos cifras. De tal manera que sí ha habido un mejoramiento de la superación de la violencia. Por supuesto que la superación de la violencia, que es un tema también de combate contra el delito, depende de otras entidades que no es solamente la Consejería: depende de la Policía, de la acción de la justicia, de la acción de las Fuerzas Militares y de la fuerza pública en general en esos territorios. De tal manera que cargarle a la Consejería todos los elementos de seguridad y justicia es absolutamente injusto, pero siempre estamos tratando de hacerlo de manera coordinada con organismos de justicia y de seguridad.
Pero, ¿y el plan de extorsión? El primer informe decía que ahí no hubo avance sino una extorsión previa a los comerciantes...
Esas son lecturas que se hacen sobre ese tema. Pero, indudablemente, cuando se habla de acabar con la extorsión, también tenemos que hablar de los compromisos que tiene que tener la gente y de generar unas alternativas distintas para que esos muchachos de las barriadas abandonen los caminos del delito y se metan en otro tipo de economía. Nosotros gestionamos al máximo, y creo que en Medellín se han hecho logros muy importantes, pese a las críticas que hay, porque, desde luego, la afinidad nuestra con el alcalde ni con el gobernador de allá nos ha permitido comprometer más a las entidades territoriales, que es absolutamente necesario hacerlo en este esfuerzo de paz.
¿Qué piensa del tarimazo, como se ha denominado al espacio que el presidente Petro compartió con los jefes de las bandas criminales?
Pues eso fue una acción interesante, pero desde luego incompleta, en el sentido en que lo principal en ese tarimazo debía haber sido la presencia de las víctimas y no de la gente que estaba en las cárceles, que fue lo más visible. Pero yo he estado en Medellín en otros procesos y en otros momentos, y desde luego han aparecido las comunidades con mucha claridad.
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O sea, ¿sí piensa que fue un error subir a estas personas a la tarima?
Pienso que fue una acción un poco precipitada, pero desde luego eso también puede significar un mayor compromiso de ellos en el desmonte de esas estructuras.
Durante varios meses su presencia en la agenda pública fue mínima, entiendo que por un tema de salud. ¿Usted cree que esto afectó el ritmo de las negociaciones?
La satisfacción que tengo es que, pese a que tuve que parar por recomendación médica, de todas maneras está la consistencia de lo que se ha hecho, que creo que se siguió armando… Todo se siguió desarrollando.
Dos años tardó el tema de la ley de sometimiento que presentó el 20 de julio el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Esa radicación implicó un choque entre ustedes. Él lo llamó a usted un “francotirador de la paz”. ¿Ya se recompuso esa relación?
No, no… Ya ese tipo de comentarios de lado y lado creo que llegaron a buen puerto. Creo que hay un reconocimiento por parte del ministro de que no hubo la suficiente consulta, y de parte nuestra llegamos a una situación de conversaciones que todavía mantenemos con el ministro. De tal manera que el ministro no conocía muy bien —como no lo conoce mucha gente en la opinión pública— los desarrollos reales que tienen los territorios.
Ustedes se reunieron el viernes pasado con el presidente para hablar del tema. ¿En qué va esa ley de sometimiento?
Una de las críticas fundamentales que se hizo en la reunión del viernes pasado es que la propuesta que hay aún no tiene suficiente afianzamiento en los territorios. Creo que entender el tema de la paz como el tema de la paz territorial hace falta. Hay mesas sociojurídicas donde el tema de sometimiento se vuelve muy importante, pero hay temas, sobre todo con los GAOML (por ejemplo, el Clan del Golfo) donde hay la posibilidad de llegar a acuerdos que involucren mucho más a la población y donde el tema de justicia tenga que ver mucho más con esa superación de la violencia.
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El otro tema que ha causado polémica es el hecho de que el presidente haya suspendido la aplicación de las extradiciones a varios hombres pedidos por Estados Unidos, la del “Mocho” Olmedo, la de Gabriel Yepes, HH, de Comuneros del Sur, recientemente la de Carmen Evelio Castillo, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. ¿Cuál es el rumbo o la política que traza este freno de extradiciones? ¿No teme que esto tenga algunas repercusiones con las relaciones con Estados Unidos?
Bueno, ya lo está teniendo, en el sentido de que a Estados Unidos no le gusta mucho que no extraditemos apenas ellos hagan una petición de extradición. Y la potestad del presidente pasa por la posibilidad de aplicar o no la extradición. ¿Cuál ha sido la conducta del presidente? Primero, no aceptarla pasivamente; tampoco negarla o suspenderla, pero sí supeditar la aplicación a que con esas organizaciones y esos personajes se haya avanzado notablemente en la paz. El presidente ha puesto el tema de la paz por encima de la voluntad de extraditar a personas que hoy, mostrando su voluntad de superar las violencias, pueden ayudar a este tema de la superación de las violencias. Creo que hay un tema que seguramente fue mencionado antes: la creación de las Zonas de Ubicación Temporal, donde puede haber un punto de quiebre en los procesos de negociación con estas estructuras, de transformación de ellos mismos en ciudadanos, y que puedan contribuir a la transformación de los territorios.
O sea, ¿podría decirse que quienes hagan tránsito a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) y tengan órdenes de extradición van a tener ese beneficio de inmediato?
Sí, se suspendería la aplicación de la extradición. Esa es la política.
Hablemos de las Zonas de Ubicación Temporal, que son esos espacios de tránsito para algunos grupos armados. Hace un mes se supone que debía haberse cumplido tanto la creación como el tránsito de la del Frente 33 en Catatumbo. ¿Por qué se ha demorado tanto?
Bueno, se ha demorado porque, para generar una Zona de Ubicación Temporal, se necesita un proceso de desminado. Sin eso no es posible; la gente que se ubica allí corre gran riesgo. En principio se pensó que era un desminado humanitario, pero ahora se tiene la claridad de que quienes pueden hacer ese desminado son los militares.
¿Cuánto tiempo se prevé que vaya a tardarse este tránsito, por lo menos el del Frente 33 que opera en Catatumbo?
Yo creo que uno o dos meses.
¿Y las otras Zonas de Ubicación Temporal que se prevén en Nariño y en Putumayo con dos grupos distintos.
En Nariño ya se había empezado el tema del desminado; se detuvo un poco, pero ahora va a continuar. .
O sea, antes de que se termine el año, ¿todas las ZUT deberían estar operando?
Todos los territorios de la ZUT deben estar desminados y, seguramente, operando.
¿En qué va el proceso con los grupos herederos del paramilitarismo como el Clan del Golfo —que tiene un frente abierto en el Sur de Bolívar en los últimos días— y con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada?
Ese proceso con Conquistadores de la Sierra se decía que era un mango bajito. pero no. Supongamos que los Conquistadores de la Sierra abandonen el territorio o se movilicen, inmediatamente será copado por el Clan del Golfo. De tal manera que esos procesos de paz que puedan conducir a un mal mayor tienen ese problema: si no tenemos una institucionalidad capaz de llegar a los territorios y suplir la tarea que, de manera arbitraria, cumplen estos actores armados, no habrá un avance real.
Pero es como si usted me dijera que prefieren que estén las Autodefensas porque el Estado no puede llegar, para que no llegue el Clan del Golfo…
No. La población más o menos es lo que plantea. Nosotros podríamos decir, desde aquí en Bogotá, y mostrar eso. Pero somos conscientes también de que una acción con daño puede perjudicar. Es esa conciencia de que no cambiemos una gripa por una pulmonía, sino que miremos la situación real. Nosotros avanzamos en la paz con un gran sentido de realidad, y no tratando solamente de dar noticias buenas.
¿Y con el Clan del Golfo?
Se está hablando. Con el Clan del Golfo hay un problema: es la organización que más ha avanzado en población, territorio, miembros, economía... Con ellos empezamos a hablar y estamos llegando a un punto de unos primeros acuerdos que, a su debido tiempo, daremos a conocer cuando esto ceda.
Sabemos que es muy difícil porque el gobierno hizo una gran ofensiva sobre el Clan del Golfo —todavía se mantiene esa gran ofensiva—, y hablar con ellos aquí en el territorio nacional compromete la seguridad de quienes hablan, del gobierno, pero también de ellos.Pensamos que hay que buscar una manera de poder hablar con ellos sin que se suspenda la ofensiva contra ellos, pero al mismo tiempo buscándole una salida.
O sea, ¿sí hay una mediación entre la política de seguridad y la política de paz ahora?
Sí, por supuesto que sí.
Su oficina está a cargo de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. ¿Se cumplió lo que mucha gente decía, que la paz total había desdibujado el acuerdo?
Lo que pasa es que hubo una pausa enorme en los tiempos de Duque en la aplicación de los acuerdos de paz que se firmaron en 2016. Y, desde luego, este gobierno ha hecho todo el esfuerzo posible —todo el esfuerzo financiero— para que el primer punto de esa paz que se acordó en 2016 haya avanzado mucho más que en los dos gobiernos anteriores. Indudablemente la vocación de avanzar sobre temas como reforma agraria sí se ha dado de forma notable. Y, desde luego, ha habido una disminución también notable del asesinato de firmantes.
¿Y sobre las sanciones propias de la JEP? Eso está cerca. En la audiencia de verificación de la semana pasada hubo una alerta diciendo que podría haber desfinanciación de los proyectos que se van a hacer para reparar a las víctimas. ¿La oficina del consejero comisionado y la JEP están hablando? ¿Ustedes van a apoyar este tema de las sanciones propias?
La verdad es que sí ha habido un divorcio entre la paz total y la implementación de la paz de los acuerdos de 2016. De tal manera que el monitoreo, que si bien hay una responsabilidad nuestra, sobre los desarrollos de la paz de 2016, no nos ha correspondido a nosotros.
¿Entonces a quién le corresponde?
Les corresponde a unas oficinas que tiene el Gobierno; en el caso de la paz 2016, a la oficina de Gloria Cuartas. Ella tiene un monitoreo sobre esos acuerdos.
Ha habido, de todas maneras, una coordinación con algunas oficinas que han trabajado sobre los acuerdos de 2016, sobre todo la oficina de reincorporación. No solamente ha habido acciones conjuntas con Alejandra Miller, por ejemplo, sino que hemos recogido la experiencia que han tenido de reincorporación de las personas, y eso se ha aplicado en algunos territorios. Se han hecho talleres para la reincorporación, de tal manera que la experiencia de reincorporación que nos deja el acuerdo de 2016 ha sido bien aprovechada.
Pero me sorprende un poco que diga lo del divorcio, porque la unidad de implementación está bajo su cargo…
No es exactamente bajo mi cargo. No, eso no es cierto. Precisamente, ese divorcio entre la paz total, que es lo que yo manejo, y la paz de 2016… Ha habido diálogo y ha habido aprovechamiento. Creo que no hay una unidad de mando, pero sí hay unas sinergias que se han venido desarrollando de uno y otro lado.
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