El debate sobre la ley de sometimiento —pieza clave para avanzar en la desarticulación de estructuras criminales en Colombia— volvió al centro de la agenda nacional tras el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro en su cuestionado acto en Medellín. Desde La Alpujarra, el mandatario dijo que se necesitaba avanzar en el desarme y en un “acuerdo de paz definitivo” con las bandas del Valle de Aburrá y que se debían buscar, junto con la Fiscalía, los beneficios jurídicos para ese objetivo.
Los jefes criminales —presentes en el acto— también afirmaron que la única manera de destrabar el proceso era con el que es hoy uno de los grandes vacíos de la paz total: tener un marco jurídico.
Aunque la discusión sobre cómo someter judicialmente a grupos como La Oficina, Los Pachelly y Los Triana, en el Valle de Aburrá; Los Shottas y Los Espartanos, en Buenaventura, y Los Mexicanos, RPS y Locos Yam, en Chocó, no es nueva, la coyuntura actual volvió a evidenciar que el Gobierno carece aún de un marco jurídico claro y eficaz para encauzar este tipo de procesos. Esa deuda no solo tiene repercusiones en esos diálogos de paz, sino en varios que lleva el Gobierno y también están pausados, aunque la Casa de Nariño diga que no.
Por ello, en las últimas semanas, el tema ha cobrado renovada urgencia y reactivado una serie de movimientos en distintos frentes del Estado.
Lea también: Las “escuelas de adoctrinamiento” para jóvenes que creó el Clan del Golfo en Chocó
Colombia+20 supo que se han comenzado a consolidar varias propuestas del alto Gobierno, los círculos judiciales, la Fiscalía y asesores legislativos. Ya circulan borradores, conceptos técnicos y articulados en construcción y al menos uno de ellos será radicado el 20 de julio en el Congreso por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP).
Según conoció este diario, el avance de ese proyecto ha sido lento. “No ha sido prioridad para la Oficina ni para el comisionado, pero se les acaba el tiempo y ahora es que están trabajando en ello”, dijo una fuente cercana a esa entidad. Dado ese retraso, lo más probable es que la OCCP se una a la iniciativa que está trabajando el Ministerio de Justicia.
De acuerdo con Eduardo Montealegre, el mayor reto de esa cartera —a la que llegó hace unas semanas tras la abrupta salida de su antecesora, Ángela María Buitrago— es sacar adelante la política de paz total. No en vano, el presidente Petro dijo que la salida de Buitrago había sido porque la funcionaria tenía “un conflicto” con los ejes de su política de paz.
Lo que se ha venido cocinando es que uno de los proyectos tenga tres ejes: uno para las estructuras criminales de alto impacto, donde entrarían las bandas de las tres zonas priorizadas (Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura).
Se pedirá el desarme de las estructuras, compromiso de reparación con las víctimas y suspensión de actividades ilícitas, entre otras. Fuentes enteradas afirman que el gran obstáculo han sido las penas que se contemplan. Para el Gobierno, debe haber penas efectivas de cárcel que no superen los ocho años. Por su parte, los grupos armados, aunque están parcialmente de acuerdo con la privación de la libertad, han puesto sobre la mesa que el régimen carcelario tenga algunas características, como que esté en los lugares donde opera el grupo y que sea laxo. “Por ejemplo, algunos grupos han pedido que estén en un tipo de colonias agrícolas en las que puedan trabajar, entrar y salir”, afirman las fuentes.
Le puede interesar: Camilo González Posso renuncia como jefe negociador del Gobierno en mesa con Calarcá
El otro eje sería para los Grupos Armados Organizados (GAO), como el Clan del Golfo. En ese apartado se ha pensado en el desmantelamiento total de la estructura. Al igual que la Ley 1908 de 2018 (sobre la judicialización de organizaciones criminales), se prevé máximo cuatro años de cárcel. ¿El problema? El Clan del Golfo no se considera un GAO y desde el inicio le ha dejado claro al Gobierno que quiere una negociación política. Además, ese proceso hasta ahora va en un diálogo exploratorio sin ningún avance concreto. El último eje serán las medidas de justicia restaurativa, parecidas a las que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero aún no se sabe cómo ni quién las implementaría, pues el Gobierno ha sido claro en que no habrá otro tribunal de justicia.
Lo que busca este proyecto, que empezó a elaborarse hace un mes y medio tras la reunión que hubo en Villeta donde estuvieron presentes todos los jefes negociadores del Gobierno en los distintos procesos de paz, es combinar incentivos penales condicionados con exigencias de desmantelamiento real, entrega de bienes, reparación a las víctimas y verdad verificable.
Aunque el borrador ha sido trabajado con asesoría internacional, aún no hay articulación completa entre las entidades y no se ha llegado a acuerdos reales en las mesas de diálogos. Varios legisladores que hablaron con este diario afirmaron que no hay viabilidad para que un proyecto así se dé en el Congreso. Menos con el pulso que el presidente Petro y esa corporación libran desde hace meses.
Una segunda propuesta ha sido elaborada por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), con el apoyo de expertos colombianos en justicia restaurativa y derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación también está adelantando una propuesta, pero con un enfoque mucho más limitado y no está relacionada con la paz total. Su objetivo es cerrar lo que queda del proceso de Justicia y Paz que se derivó de la desmovilización de las AUC. La iniciativa no contempla beneficios para estructuras actuales ni plantea una visión política del sometimiento. En su lugar, propone agilizar las decisiones judiciales que permanecen pendientes desde hace más de una década, con un enfoque estrictamente procesal. Esta propuesta fue leída por algunos sectores como una respuesta institucional para evitar que la paz total abra una puerta de impunidad, y como una manera de marcar distancia frente a las iniciativas del Ejecutivo.
En cualquier caso, las propuestas deberán ser revisadas por la Comisión Asesora de Política Criminal, presidida por el ministro Montealegre, que esta semana designó a los nuevos integrantes. Según ha dicho el ministro, el reto no es solo jurídico sino político: lograr una ley eficaz sin que se convierta en una amnistía velada ni en una rendición con beneficios desproporcionados.
La razón de esta urgencia del Gobierno es clara: la presión por avanzar en escenarios de paz urbana se ha vuelto incompatible con la ausencia de herramientas legales que permitan una acción coordinada del Estado. Además, la falta de un marco legal ha producido tensiones con la Fiscalía, vacíos operativos para la fuerza pública y desconfianza de las estructuras criminales. Por eso, la ley de sometimiento ha reaparecido como una prioridad estratégica. La coyuntura la volvió inevitable.
Pero la prisa también refleja la lentitud del Gobierno. Pese a haber anunciado desde 2022 que sí habría una estructura jurídica y que sería uno de los pilares de la paz total, el Gobierno no ha cumplido con el llamado expreso que le hizo la Corte Constitucional desde hace más de dos años: diseñar un marco normativo específico y ajustado a los derechos fundamentales para tratar con estructuras criminales sin estatus político.
El alto tribunal señaló que, aunque el Estado podía negociar con estos grupos en el marco de la paz total, debía crear un régimen jurídico autónomo, con estándares diferenciados para el sometimiento colectivo, la reparación a las víctimas, la verificación de la verdad y la desarticulación real de las economías ilegales. Desde entonces, el Gobierno estaba advertido de la necesidad de expedir una ley con esas características, bajo control de constitucionalidad. No lo hizo.
El primer intento —un proyecto presentado en 2023 por el entonces Ministro de justicia Néstor Osuna y que combinaba beneficios penales amplios con condiciones laxas de entrega de bienes y colaboración— fue archivado por falta de apoyo político.
Sin embargo, la situación actual sigue marcada por la precariedad normativa. En ciudades como Medellín o Buenaventura, donde hay pilotos de paz urbana en marcha, los diálogos entre estructuras criminales y el Estado avanzan sin marco legal claro, lo que deja a jueces, fiscales y policías en una posición incierta. También expone a las comunidades a escenarios de alta fragilidad: sin garantías de desmantelamiento real, sin mecanismos de monitoreo, sin protección para quienes decidan colaborar con la justicia.
Si el Estado insiste en avanzar sin esa base normativa, corre el riesgo de repetir los errores del pasado: promesas que se diluyen, estructuras que se reciclan y territorios que siguen atrapados en un limbo violento.
Faltando menos de un mes para el inicio de un nuevo período legislativo, y con el pulso entre el presidente Petro y el Congreso más agudo que nunca, el Gobierno enfrenta un desafío ineludible: materializar una ley de sometimiento que no solo cumpla con los estándares constitucionales, sino que tenga viabilidad política. El problema es que el tiempo se agota. Las bandas ya pusieron el tema sobre la mesa, las comunidades siguen expuestas a una violencia sin tregua y los procesos de paz urbana no pueden seguir avanzando en el vacío. Si el Ejecutivo no aterriza pronto una propuesta seria, articulada y legítima, el gran proyecto de paz total podría naufragar en uno de sus pilares más críticos.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.