La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, manifestó su rechazo ante las presuntas amenazas contra Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.
Este pronunciamiento se da luego de la denuncia realizada por Barbosa el pasado 8 de agosto, en la que manifestó que tenía información de una reunión en Venezuela de cinco altos mandos de la guerrilla del ELN que desde julio de este año estarían planeando un “atentado con francotiradores” en su contra.
El ELN ya se pronunció sobre este señalamiento, catalogándolo como falso y asegurando que es un “intento de sabotaje” al proceso de negociaciones de paz.
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“Confiamos en una investigación eficaz por parte de las autoridades competentes que permitan el pronto esclarecimiento de este presunto plan de asesinato y de las hipótesis que han circulado. Reconocemos las actuaciones en derecho del Fiscal General de la Nación de cara al proceso de diálogo de paz con el ELN y a los procesos que se adelantan con otros grupos armados”, se lee en el comunicado de la oficina de Rueda.
Además, en el documento se resalta que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego está al tanto de la denuncia y están tramitando este caso.
#Comunicado🚨 | Rechazamos cualquier amenaza o plan para atentar contra la vida del Fiscal General de la Nación. pic.twitter.com/Tqk1wz2AdC
— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) August 9, 2023
La delegación de esa guerrilla ha sido enfática en desmentir la denuncia del ente investigador. “Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN”, manifestaron en un comunicado.
De hecho, aseguran que no fue casualidad que la Fiscalía comunicara todo el escándalo de presuntas irregularidades a la campaña protagonizado por el hijo del Presidente, Nicolás Petro, el mismo día en que se llevaba la instalación del Comité Nacional de Participación en Bogotá.
Además, esta denuncia se conoce una semana después de la entrada en vigencia del cese al fuego bilateral por seis meses decretado por el gobierno de Gustavo Petro y la delegación del ELN.