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La macrorregión nororiental, en donde la Comisión de la Verdad intentará reconstruir qué pasó ahí durante el conflicto armado, está integrada por departamentos con realidades dispares. Norte de Santander, Santander (sin la parte del Magdalena Medio), Arauca, Casanare y el nororiente de Boyacá guardan en sus memorias, o aún viven, conflictos por la tierra, por los recursos naturales y la disputa política histórica de la frontera colombo-venezonala. En estos territorios hay gente dispuesta a hablar. La Comisión ya inició su trabajo ahí, a la cabeza de Saúl Franco, médico y académico, y este 9 y 10 de mayo inaugurarán la Casa de la Verdad de Cúcuta con un acto cultural el primer día, y, el segundo, con un panel que analizará la importancia regional, nacional e internacional de la Comisión. Están invitados Judith Maldonado, León Valencia y Franz Marré, del gobierno alemán.
¿Cuál es la situación actual de esta región?
En este momento la diferencia en cuanto al conflicto es muy grande. Posiblemente la situación más preocupante de esta región hoy está en el Catatumbo. Persiste el conflicto con el Eln, hay disidencias actuando fuertemente, está el Epl, que se creía agotado, y persiste el tema del tráfico ilegal, como región de frontera. Esto no quiere decir que en Arauca la cuestión no sea seria, pues reviste las mismas condiciones de frontera: tráficos y persistencia de algunos de los actores de la región, como el Eln. En Casanare ha habido una disminución de la tensión, pero también hay rezagos de la guerra. Y Santander, que al igual que Boyacá tiene una relativa tranquilidad y aparece como si no hubiera pasado nada, pero sí tiene una historia complicada.
¿Cómo está trabajando la Comisión en estos territorios?
Primero, en entender bien lo que pasa. Hemos elaborado para cada región unos documentos iniciales que nos dicen cuál ha sido la trayectoria del conflicto, cuáles son los principales problemas de este momento y las dinámicas de la guerra, para saber cómo avanzar. Segundo, escuchando. Hemos escuchado directamente a todos los sectores: dirigentes políticos, iglesias, sectores sociales, medios de comunicación, universidades, sectores artísticos, obviamente a las víctimas y las organizaciones de víctimas. Particularmente a indígenas del pueblo barí y del pueblo u’wa. E incluso a las Farc, concretamente a los excombatientes que se agruparon en las veredas Filipinas y Caño Indio.
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¿Entonces la gente ya empezó a hablar?
Sí, hemos recibido testimonios e informes. Recibimos dos informes que nos interesan mucho y quiero destacar. La gente de Santander nos entregó uno sobre los efectos de las minas antipersonales en la región y la Mesa de Víctimas de Casanare, un informe con 242 casos de víctimas de desaparición forzada en la región, que no es el total, pero es lo que tienen documentado.
¿A qué le van a poner la lupa?
El primer trabajo de nuestros equipos regionales ha sido el estudio de cada lugar, entonces sabemos en cada una de las regiones qué es lo más delicado. Por ejemplo, la cuestión de las minas antipersonales en Santander lo vamos a trabajar seriamente, la desaparición forzada en Casanare y la persistencia de los actores armados en el Catatumbo, que la realidad nos está pidiendo que aclaremos. Hay que mirar la ausencia del Estado y la presencia histórica de los actores armados.
¿Cómo garantizarán la seguridad de los testimonios y de su mismo equipo al trabajar en el Catatumbo?
Por cuestiones de presupuesto no hemos podido abrir la Casa de la Verdad de Ocaña (Norte de Santander), pero tenemos que recurrir a la creatividad. La realidad nos exige romper barreras e imaginarnos cuáles son los mejores mecanismos para facilitar la escucha de la gente en condiciones de seguridad. No me resigno a no tener Casa de la Verdad en Ocaña, creo que la vamos a tener, pero también están los equipos móviles para ir al territorio. Tenemos el apoyo de Naciones Unidas, con el PNUD y la Misión de Verificación, MAPP OEA, Defensorías del Pueblo, Personerías municipales y las iglesias.
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¿Cómo trabajar en frontera?
La cuestión fronteriza no es solo con la situación actual con Venezuela, esta es supremamente seria. Estamos recurriendo a gente que sabe mucho de esto, como la Acnur u OIM, queremos desentrañar las dinámicas internas de las cuestiones migratorias. En esta porosidad de las fronteras hay muchas cosas en el medio. Allí hay tráfico de drogas, tráfico humano y tráfico de armas. Tenemos señales claras de que esas cosas las tenemos que esclarecer. En estos días salió a flote la presencia del Eln en Venezuela.
Desde su experiencia como médico y doctor en salud pública, ¿qué más se debe esclarecer en la zona?
Queremos que nuestras investigaciones vayan al fondo del impacto del conflicto armado en la salud mental y física de las personas y de la sociedad. Está claro que la mayor parte de las víctimas de esta guerra han sido hombres jóvenes (entre 25 y 35 años). Si le mostramos al mundo el impacto de esto en pirámides poblacionales, en esperanza de vida, está claro que no ha mejorado como debería ser, esencialmente, por el conflicto armado. Si al mismo tiempo mostramos los niveles de crueldad y sevicia a los que hemos llegado, con los hornos crematorios, las casas de pique, las torturas, como el reciente asesinato del excombatiente en Convención, podríamos hacer un aporte sustancial para que en ninguna parte del mundo estas cosas se repitan.