Las conclusiones de la caravana humanitaria del Gobierno y el Eln por el Pacífico

El gestor de paz del Eln Jairo Arrigui (sentado de gorra) y el negociador del gobierno Carlos Rosero escuchan a la comunidad de Panamacito durante la caravana humanitaria. / Santiago Ramírez - @sangoramirez

“Los objetivos trazados para la caravana fueron cumplidos a cabalidad y todas las reuniones y visitas programadas se llevaron a cabo con éxito”, informó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un corto comunicado el domingo 22 de enero, una vez concluida la caravana humanitaria pactada por el Gobierno Nacional y el Eln para definir los primeros alivios humanitarios que se implementarán sobre la región del Bajo Calima y el río San Juan, en Valle y Chocó respectivamente.

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No obstante, ese mismo domingo, apenas dos días después de que la caravana cruzara por el caserío de Negría, en jurisdicción de Istmina, Chocó, un pelotón del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26 que ocupaba el pueblo cayó en un campo minado, lo que causó la muerte del soldado profesional Daniel Becerra y heridas a otros cuatro uniformados.

Este hecho, de acuerdo con un funcionario que acompañó la caravana, provocó gran movimiento de embarcaciones por el río San Juan durante la noche del domingo y la presencia de un alto número de tropas del Ejército en el casco urbano del corregimiento de San Miguel, distante de Negría a diez minutos en bote. Al día siguiente, de acuerdo con el funcionario, las calles de San Miguel amanecieron inexplicablemente llenas de panfletos de las Agc, o Clan del Golfo, además de una pancarta de ese grupo armado, impresa y plastificada, que fue instalada en la madrugada conmemorando los 120 años del natalicio de Jorge Eliécer Gaitán.

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Los hechos fueron reportados por pobladores de San Miguel a los organizadores de la caravana, quienes además adjuntaron una fotografía de la pancarta de las Agc. En una acción claramente coordinada, pancartas similares aparecieron también al otro extremo del país en vías del sur de Bolívar y en una veintena de municipios de Antioquia, Atlántico, Córdoba, Cesar y Sucre, según informaron medios regionales.

Las conclusiones que se llevarán a la mesa de diálogos

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado, las recomendaciones provienen de las observaciones y diálogos directos con las comunidades que la caravana pudo hacer durante su recorrido, que fueron sintetizadas en una plenaria de evaluación el sábado 21 de enero en Buenaventura. Es con este insumo que se “implementarán los alivios humanitarios que necesitan las poblaciones de manera inmediata para garantizar sus derechos fundamentales, especialmente para proteger su vida, integridad y seguridad”.

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Sin embargo, hubo quejas constantes de los asistentes porque gobernación y alcaldías del Chocó no se presentaron a la caravana, lo que quedó recogido en el comunicado del Alto Comisionado: “el concurso coordinado de los organismos del Gobierno Nacional y sus instituciones , quienes, pese a haber sido convocados a la actividad, no asistieron, lo que generó reclamos y desconfianza por parte de las comunidades”.

Esta postura fue reafirmada por Cleider Palacios, personero del Litoral del San Juan, justamente durante la reunión de evaluación final: “el objetivo de la misión no se vio reflejado en las intervenciones que se hicieron en el territorio. Necesitamos concretar los alivios humanitarios por los que se realizó esta caravana, no se necesitan más diagnósticos, ni documentos, porque las comunidades necesitan respuestas urgentes”, declaró el personero.

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Varios reparos de los Consejos Comunitarios vinieron por los tiempos tan cortos para poder atender y conversar con las comunidades, pues el recorrido se hizo en apenas cinco días abarcando un territorio muy amplio y disperso.

No obstante, Colombia+20 confirmó que ya hay gestiones para resolver asuntos urgentes denunciados por las comunidades, que no tienen que ser discutidos por la mesa de diálogos en México, pero que requieren una respuesta inmediata: “hablamos del tema de salud y alimentación en lugares específicos. Son medidas inmediatas, lo que la gente llama el mientras tanto”, dijo uno de los organizadores.

Para eso se está coordinando una reunión con la institucionalidad del Chocó, que a pesar de estar convocada, nunca llegó a la caravana y tampoco a un encuentro posterior citado en Buenaventura el domingo 22 de enero. Se espera que esa reunión, de donde saldrán las medidas urgentes como ayudas de alimentos para las comunidades confinadas, se realice esta semana. También se le pidió al Eln que analizara cuál era su responsabilidad en estas acciones inmediatas que no serán discutidas en la mesa de diálogos.

El comunicado de la Oficina del Alto Comisionado sólo destaca una medida concreta, que es la iniciativa de un refugio humanitario en la población de Noanamá (Medio San Juan), para que se convierta en el epicentro de un corredor más grande para “acoger familias desplazadas por el conflicto en esa zona” donde la única alternativa son las cabeceras municipales, donde “se ven forzados a huir de la violencia”. Sin embargo, Colombia+20 conoció otros de los puntos que serán incluidos en el documento con destino a la mesa de diálogos.

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Este documento aún no es público, aunque muchos de los participantes en la caravana esperan que pueda ser socializado con las comunidades para que esté en concordancia con “el espíritu de este proceso, que no debe estar de espaldas a las comunidades”, dijo uno de los organizadores.

Entre las conclusiones más importantes está que todas las medidas de alivios que se definan en la mesa de diálogos deben tener una ruta de implementación y verificación, donde las comunidades deben ser partícipes en ambos escenarios. Esta comisión deberá integrarse por varias instancias, con acompañamiento internacional y participación de las comunidades locales.

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Colombia+20 conoció que los alivios irán enfocados a dos medidas muy concretas: lograr el desminado de la zona, lo que fue una petición unánime de todas las comunidades, y cesar los retenes y restricciones de movilidad por el río San Juan y sus afluentes. Ambas situaciones impiden el libre tránsito de los campesinos desde sus pueblos hasta las parcelas en donde desarrollan los cultivos y actividades de subsistencia, lo que ha roto toda la dinámica económica en la región.

Sobre el retorno de las comunidades desplazadas se propondrá por ahora analizar cada caso de forma específica, pues todas las condiciones son diferentes. El primer retorno posiblemente sea el de la comunidad indígena de Santa Rosa de Guayacán, desplazada masivamente desde hace 14 meses de su resguardo junto al río Calima. Esta comunidad ya tiene un plan de retorno formulado, aunque justamente su territorio fue epicentro de tres combates entre las Agc y el Eln los primeros días de enero.

La Oficina del Alto Comisionado hizo hincapié en los incidentes de intromisión de militares que se presentaron en dos de los puntos visitados por la caravana, pese a que se había acordado que se retirarían de la zona para garantizar la confianza de las comunidades al momento de denunciar presuntos hechos violatorios de los Derechos Humanos. Pero los militares no fueron los únicos, pues el comunicado también se reseña la presunta presencia de miembros de las Agc y el Eln en algunos de los poblados visitados, hechos que “pusieron en riesgo la seguridad de los participantes y los pobladores de la región”, que fueron “rechazados por ambas delegaciones [la del Gobierno y la del Eln]”.

Lea el comunicado completo aquí: