Colombia + 20

22 Jan 2023 - 3:00 p. m.

Así fue la caravana del Gobierno y Eln para oír el drama de guerra en el Pacífico

Cinco días duró el recorrido que delegados del Gobierno y el Eln realizaron en Bajo Calima y el medio San Juan, zonas donde se harán los pilotos de alivios humanitarios. Las comunidades hicieron varias peticiones, que serán presentadas en el próximo ciclo de la mesa de diálogos que inicia en febrero, en México. Colombia+20 los acompañó.

Camilo Alzate González

Periodista Colombia +20
Indígenas wounaan que ocupan el albergue humanitario Arcesio Paz, en Dagua (Valle), entregaron a delegados del Gobierno y el Eln su visión sobre el retorno a su territorio.
Indígenas wounaan que ocupan el albergue humanitario Arcesio Paz, en Dagua (Valle), entregaron a delegados del Gobierno y el Eln su visión sobre el retorno a su territorio.
Foto: Santiago Ramírez @sangoramirez

Desde la orilla del río Calima, mientras el bote se acerca, Santa Rosa de Guayacán aparece como cualquier otro pueblo de las selvas del Pacífico, rodeado de monte y nubes perpetuas. Pero basta detenerse un momento junto al embarcadero para comprender que este es un pueblo fantasma: no se oyen los perros ni el cacarear de los gallos, tampoco salen niños corriendo a recibir a los visitantes con su acostumbrado tropel de algarabía, ni hay ropa secándose al sol en las ventanas.

Santa Rosa de Guayacán es un pueblo muerto o, mejor, es un pueblo del que se ha retirado la vida. Las casas, que ya han empezado a perder algunas tejas de zinc arrancadas por el viento, completan un año y dos meses vacías, desde que los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Agc (también llamadas Clan del Golfo) forzaron a las 28 familias de indígenas wounaan a huir rumbo a Buenaventura, en noviembre de 2021. Como este hay otros tres caseríos en el río Calima parcialmente vacíos o abandonados por completo desde que empezó la crisis humanitaria en la región, a finales de 2021.

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Después de una correría de varios meses padeciendo el hambre y la limosna en las calles de Buenaventura, las 28 familias del resguardo wounaan de Guayacán fueron a parar al albergue Arcesio Paz, administrado por la Arquidiócesis de Cali en Dagua, Valle del Cauca, un pueblo frío y montañoso lejano, a muchos kilómetros de su tierra. En ese albergue, el primero de un eje humanitario que es apoyado por la Iglesia católica en la región, los 155 comuneros indígenas se convirtieron en 163, porque varias de las desplazadas habían salido huyendo embarazadas.

Y este, dicen ellos, es uno de los dramas más dolorosos para el pueblo wounaan en Buenaventura y el Chocó: sus hijos están naciendo y creciendo lejos del río, algunos no lo han visto nunca. El territorio, ese concepto que engloba la vida, la historia y las creencias de estas comunidades, ha sido reemplazado por el albergue, un lugar ajeno y extraño donde la supervivencia depende de la caridad, las donaciones o ayudas humanitarias de agencias y entidades oficiales.

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Igual a este albergue hay al menos ocho entre Cali y Buenaventura, receptores de la población que escapa de la reciente ola de violencia, pero también de desplazados de hace 20 y 25 años que no quieren volver a sus tierras. Siguiendo la ruta de estos albergues comenzó el miércoles la Caravana Humanitaria del Bajo Calima y el río San Juan, como parte de los acuerdos logrados en diciembre pasado entre el Eln y el Gobierno para generar “alivios humanitarios inmediatos” en una de las regiones más afectadas por la confrontación.

La caravana es el primer gesto concreto desde que empezaron los diálogos con el Eln, el 21 de noviembre de 2022. También es la primera vez que se hace un recorrido con delegados de la mesa para documentar la situación de derechos humanos, hacer un informe y avanzar en un acuerdo parcial de alivios en la zona.

Todo eso se llevará a la mesa que sesionará en México, luego del encuentro en Caracas, donde superaron el impasse generado por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre un acuerdo de cese al fuego bilateral que no existió.

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La delegación visitó albergues en Dagua y Buenaventura y luego se dividió para hacer dos recorridos: uno por el medio y bajo San Juan para visitar los pueblos de San Miguel, Noanamá, Negría y Panamacito. La otra recorrió el Bajo Calima (Valle) hasta llegar a Docordó (cabecera urbana del Litoral de San Juan, en Chocó) en el camino visitó las comunidades de La Colonia, San Isidro, Valledupar, Palestina, Cabecera, Unión Balsalito y Docordó.

Más de 100 personas hicieron parte de la caravana, entre líderes del Consejo Comunitario del Bajo Calima, del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), de la Asociación de Cabildos Indígenas Valle del Cauca (ACIVA), del Consejo de Autoridades del Pueblo Wounaan de Colombia (Woundeko), organizaciones sociales y de víctimas, miembros de las iglesias católica y protestante, agencias internacionales de Naciones Unidas y la MAPP-OEA.

Los delegados de la mesa de diálogo encabezan los ejercicios de conversación en las comunidades: Carlos Rosero y Horacio Guerrero por parte del Gobierno, y Juan Carlos Cuéllar y Jairo Arrigui, por parte de la gestoría de paz del Eln. Además de la periodista Mábel Lara y la joven indígena Dayana Domicó.

“Cuando escucho paz total pienso en que nadie nos moleste cuando vamos a rozar la caña o a coger la papa china, cuando vamos a barrer el camarón no queremos ver hombres armados”, dice en el patio del albergue Arcesio Paz una mujer indígena que antes ha lanzado una plegaria a Ewandá, la deidad de los wounaan que, según su cosmovisión, creó a este pueblo de guerreros en una playa del Pacífico muy cerca a la desembocadura del río Baudó.

La guerra es una vieja conocida en esta zona. Ni siquiera se sintió un respiro en 2017 con la retirada de las Farc, como sí ocurrió transitoriamente en otras partes del país. Los wounaan de Santa Rosa de Guayacán, por ejemplo, acumulan cuatro desplazamientos masivos, como este, desde el año 2010, con sus respectivos retornos que casi siempre ocurren sin garantías.

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Otras familias asentadas junto a la autopista Cali-Buenaventura en el asentamiento wounaan phobor llevan más de dos décadas desplazadas viviendo entre Buenaventura y Zabaletas, de donde salieron el pasado 21 de diciembre después del asesinato de uno de sus comuneros. La situación se repite con los más de 90 pobladores de la comunidad de Valledupar, que duraron 20 años resistiendo a la violencia a orillas del bajo San Juan, hasta que el 1.° de febrero de 2022 tuvieron que salir luego de que hombres armados llegaron a extorsionar y amenazar a las familias.

“Cuando escucho ‘paz total’ pienso en que nadie nos moleste cuando vamos a rozar la caña o a coger la papa china, cuando vamos a barrer el camarón no queremos ver hombres armados”

Ahora ocupan la Escuela Matía Mulumba, en la entrada a la ciudad puerto, en medio de la incertidumbre de ser desalojados, porque la Unidad de Víctimas no ha pagado el alquiler de ese espacio. Ninguno quiere volver a su territorio; en cambio, piden una reubicación digna.

La situación no es muy distinta para las comunidades negras del Consejo Comunitario del Bajo Calima que, apeñuscadas en el salón comunal del barrio San Buenaventura - R9, escuchan la reunión y participan atentamente. Los andenes cubiertos de la basura podrida de los vecinos dan paso a un espacio de unos 50 metros cuadrados que son a la vez habitación, comedor, patio para colgar la ropa y salón comunal para las 120 personas que salieron forzadas de las comunidades de El Guadual, Ceibito y Nueva Esperanza, por los combates en ese corregimiento de Buenaventura. “Queremos el territorio saneado de grupos armados, tanto ilegales como legales, porque ambos nos han afectado nuestros derechos”, reclama sudoroso uno de los líderes.

Tienen una lista de cuatro puntos fundamentales para el retorno: primero, un territorio con seguridad integral no policiva; segundo, servicios básicos como salud y educación; tercero, participación efectiva en la mesa de negociación, y cuarto, acompañamiento para la permanencia en el territorio.

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“El día que me fui estaban en mi casa los hombres armados. ¿Usted cree que eso es vida?”, pregunta al borde del llanto una mujer en el coliseo del barrio El Cristal, a unos 10 minutos de San Buenaventura. Cuenta que por la ola invernal perdió dos hectáreas de cacao y una de caña, además de unos animalitos. Y por temor, no ha podido volver para recuperarlos. En ese otro albergue permanece desde hace un año la comunidad de San Isidro, ubicada en el bajo San Juan. Los afros sí quieren volver, pero el fin de la guerra no es su único clamor.

Las peticiones de toda la vida

Inversión en salud, educación, proyectos productivos, vías, saneamiento básico y territorios libres de actores armados son algunas de las peticiones reiteradas y casi que repetidas de memoria por las comunidades del sur del Chocó, formuladas sin distinción por afros e indígenas. Son las mismas peticiones que le repiten con vehemencia, como recitando un largo memorial de agravios, a todo funcionario o periodista que ponga un pie en estas orillas.

Por primera vez, una caravana acordada por una mesa de negociación entre el Gobierno y un grupo armado los escucha. Esa es una esperanza. Así lo dicen en la cabecera del corregimiento Bajo Calima, perteneciente a Buenaventura. Después de semanas de silencio y vacío en las calles, atiborradas de grafitis del Eln tachados por las Agc, recibieron con marimba y tambores a los delegados. “Nos invade la tristeza / en nuestro Bajo Calima. / Un pueblo de gente buena / resiliente y optimista (bis). La gente se desplazó / por un problema social / Por Dios, dennos la manito / que queremos retorná”, entonaron estudiantes y maestros de la Institución Niño Jesús de Praga.

Pero ante el largo pasado de incumplimientos, también son muchos quienes los reciben con desconfianza. De hecho, desde la primera reunión de organización de la caravana, Elizabeth “Chava” Moreno, representante legal de Acadesan, cuestionó la ausencia de instituciones del departamento de Chocó que pudieran atender los llamados más urgentes de la población mientras las peticiones de mediano y largo plazo son llevadas a la mesa de diálogo.

“Yo veo aquí representantes de la gobernación del Valle del Cauca y de la Alcaldía de Buenaventura, pero ¿dónde están los del Chocó? Se trata de que sean ellos quienes se comprometan a cumplirle a la población”, insistió.

Para Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz del Eln, que esas entidades hayan faltado pese a que la delegación de gobierno asegura que las invitó envía un mal mensaje a las comunidades. “Las personas están viviendo en condiciones infrahumanas en los albergues. Se necesitan acciones urgentes de comida y salud. Era necesario que estuvieran aquí las entidades para que se comprometieran con hechos concretos, pero nos dijeron que se les presentaron situaciones de emergencia en otros lugares”, explicó a Colombia+20. Y añadió que los reclamos que la población le ha hecho directamente al Eln, como el fin de la confrontación armada, serán llevados a la mesa de diálogo.

En el Chocó es evidente que, al menos por estos días, la guerrilla está respetando una vieja petición de las comunidades y la iglesia que consiste en no presentarse, con armas y uniformes, en los caseríos.

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No obstante, la gente quiere mucho más que un cese al fuego con este proceso: “Esos diálogos con las Farc nunca los conocimos, solo hasta que estuvieron firmados”, dice a los pobladores de Panamacito el líder local Willington Valoys. “Hoy se abre la posibilidad. La gran ilusión era el capítulo étnico, pero eso ha sido un fracaso por la poca participación y porque el gobierno de Duque hizo trizas el acuerdo de La Habana”.

Jairo Arrigui, también gestor del Eln, reconoció ante la comunidad desplazada de Santa Rosa de Guayacán las limitaciones de la caravana: estos diálogos apenas están comenzando y superando sus primeros tropiezos. “Aquí no tenemos facultad para solucionar nada, pero llevaremos las inquietudes a la mesa de diálogos”.

“Las personas están viviendo en condiciones infrahumanas en los albergues. Se necesitan acciones urgentes de comida y salud”

La comunidad de Paimadó, que ajusta tres desplazamientos masivos desde el 13 de agosto de 2021 y en donde hombres de las Agc permanecieron apostados durante varios meses en 2022, envió una delegada que leyó un pronunciamiento: “Los rumores que se escuchan es que la comunidad la pintan toda como paracos: no somos paracos, ni elenos, ni disidentes; somos chocoanos”, decía el documento que pedía cesar las agresiones contra la población y que los grupos “se enfrenten por fuera de las comunidades”. Varios secuestros, al menos un asesinato e incursiones que motivaron esos desplazamientos se atribuyen al Eln.

Negría es la cara opuesta: señalados de acoger a la guerrilla, sus pobladores acumulan cuatro desplazamientos masivos desde enero de 2022, cuando ocurrió la primera incursión de las Agc en su pueblo. Y esta estigmatización contra unos y otros es una de las consecuencias más duras que la guerra desatada desde agosto de 2021 le deja al pueblo negro del río San Juan, que antes no conocía las fronteras invisibles ni los recelos entre comunidades, como explica Felipe Martínez, directivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan): “Exigimos que paren los señalamientos a los líderes y personas de las comunidades”.

La paz llega con la noche

Un salón de madera, que debe servir como bailadero o cantina, recibe a los caravanistas en Panamacito. Los habitantes han pintado un letrero que encabeza la mesa central de la reunión: “Donde existe capacidad para llegar a acuerdos reina la paz”. Por ahora, el Eln y el Gobierno parecen estar de acuerdo en su voluntad de negociar, a pesar de los desencuentros. Pero falta saber si los otros grupos armados están dispuestos a llegar a acuerdos; esa es una de las dudas repetidas que los campesinos formulan a la mesa, en donde Carlos Rosero y Mábel Lara, por el Gobierno, y Jairo Arrigui, por el Eln, toman nota.

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“No solo hay que hablar con el Eln”, se queja un campesino, “¿y con los demás grupos cuándo van a hacer la paz? Son ellos los que van a quedar manejándonos”. Esta preocupación no es menor en un territorio donde guerrillas y paramilitares se han reciclado y reencauchado después de todos los procesos de paz, ocupando los vacíos dejados por sus antecesores.

La lista de arbitrariedades contra la población civil es larga, ampliamente conocida y se reparte entre todos los actores armados, legales e ilegales. Van desde restricciones a la movilidad, amenazas a quien colabore con el “enemigo”, retenes y requisas en medio del río, hasta asesinatos y confinamientos por los combates (solo entre Palestina y Puerto Limón las comunidades calculan más de 7.000 personas de 32 caseríos confinadas en diciembre por los combates y paros armados).

Al final, un hombre dice que la paz llegará cuando él y sus vecinos puedan salir a cazar sin miedo de lo que pueda ocurrir en el monte. La paz, insiste, será poder embarcarse otra vez en la canoa para cruzar el río de noche sin problemas, como en el tiempo de sus ancestros.

Incidentes con el Ejército durante el recorrido

El 20 de enero, cuando los visitantes desembarcaron en San Miguel, a orillas del San Juan, dos pelotones del Batallón de Ingenieros No. 15 caminaron por las calles del poblado, lo que causó molestia en los organizadores. Miembros de la delegación gubernamental consideraron el hecho como una provocación de los militares, pues estaba acordado que ningún grupo armado haría presencia donde estuviera la caravana.

Ese mismo día se presentó un segundo incidente mientras la caravana visitaba el poblado de Negría, que se encuentra abandonado, pues sus habitantes están desplazados en Istmina, San Miguel e Isla de Cruz. Un pelotón del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26 ocupaba el caserío, que tiene pintas de las Agc. Los soldados acampaban en una de las casas abandonadas y tomaron fotos con celular a miembros de la caravana cuando estaban embarcándose. El negociador Carlos Rosero les hizo el reclamo, a lo que respondieron que era parte de su protocolo reportar cuando llegaba “una visita” al pueblo.

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Presos políticos del Eln, el otro pendiente

Dentro de los acuerdos anunciados el 12 de diciembre también estaba la atención humanitaria para un grupo de presos políticos del Eln. El jefe de la delegación del Gobierno, Otty Patiño, dijo que serían ocho los miembros del Eln liberados debido a que padecen de graves enfermedades.

Sobre el tema Juan Carlos Cuéllar, delegado del Eln en la mesa y quien estuvo presente en la caravana, dijo: “Lo que se necesitaba de urgencia era la atención inmediata médica y que se les diera el beneficio de casa por cárcel para que pudieran ser bien atendidos. Estamos pendientes para que eso ocurra antes del próximo ciclo”.

Ninguno de esos ocho ha recobrado la libertad. Tampoco se ha concretado la excarcelación de otros dos gestores de paz que pidió el Eln.

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Lo que viene

El gestor de paz del Eln, Juan Carlos Cuéllar, explicó: “El domingo vamos a hacer una evaluación para recoger la visión de los procesos sociales, las iglesias, los acompañantes internacionales. Nos tomaremos unos días para hacer la sistematización y el documento de conclusiones que presentaremos al próximo ciclo de negociación. Allá se discutirá, se definirá el alivio humanitario y se implementará”.

Camilo Alzate González

Licenciado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cubre temas relacionados con paz, derechos humanos y conflicto armado.@camilagrosocalzate@elespectador.com
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