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La afirmación de la fiscal, Luz Adriana Camargo, de evaluar una nueva orden de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba y uno de los comandantes de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), sacude de nuevo uno de los procesos de paz que lleva el Gobierno dentro de su política de paz total.
Más allá de las consecuencias judiciales, el anuncio abre un frente de tensión entre el poder Ejecutivo y el Judicial y deja al mecanismo de negociación con el EMBF en su punto más delicado desde que fue creado.
La evaluación de la Fiscalía sobre una nueva orden de captura que, según Camargo, se está haciendo con una mesa de trabajo, ocurre en medio de las filtraciones a los computadores de Calarcá incautados hace 18 meses en un retén en Anorí, Antioquia, donde se vincula al grupo armado con un general del Ejército y un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.
El archivo digital también tendría pruebas de presuntas órdenes dadas por Calarcá para asesinar civiles y firmantes de paz.
La fiscal hizo sus declaraciones el miércoles tras una reunión con la Corte Suprema, que expresó su malestar por la falta de investigación del caso y por los 18 meses durante los cuales la información de los dispositivos incautados permaneció sin análisis. Ese llamado de atención elevó la presión interna sobre la Fiscalía, que ahora intenta mostrar resultados al tiempo que enfrenta cuestionamientos institucionales.
Un golpe directo a la mesa
Fuentes cercanas al proceso de paz con las que habló Colombia+20 afirman que la sola mención de una posible nueva orden de captura tendría un efecto inmediato y devastador. “Se perdería totalmente la confianza”, dicen las fuentes.
Colombia+20 ha intentado contactar a la delegación de Gobierno en esa mesa, pero no ha obtenido respuesta. Hasta ahora el único pronunciamiento lo dio hace unas semanas, la jefa negociadora, Gloria Quiceno, quien dijo no tener conocimiento de los nexos del grupo armado con funcionarios.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirma que si la reactivación de las órdenes de captura pondría en una situación muy difícil a esa mesa de negociación y que se acabaría el proceso. “La negociación no podría continuar. Es imposible. Sería cerrar las puertas y devolver todo el proceso a un punto cero”, explica.
Bonilla también coincide en que esta decisión destruiría la confianza construida, máxime porque Calarcá es parte de la mesa, y asegura que el mensaje político también es profundo. “Esto es un choque de trenes de poderes entre el Ejecutivo, que sigue defendiendo la vía negociada, y la Fiscalía”, explica.
La investigadora, además, subraya que el problema no es solo la acción judicial, sino el momento en que se produce: “Hoy la paz total es tan impopular que nadie quiere defenderla. La Fiscal está preocupada por su preservación institucional y la está priorizando”.
Para Bonilla, las decisiones y pronunciamientos de la fiscal Camargo muestran una presión institucional, mediática y judicial. El reclamo de la Corte, sumado al escándalo mediático, empuja a la Fiscalía a mover piezas.
“La Fiscal está siendo increpada por tener ese material que, al parecer desconoce. Ahora va a tener que dar resultados”, indica.
Y agrega: “la Fiscalía ha sido el gran agujero negro en imputaciones, en legalizar capturas, o sea, la Fiscalía colombiana es un monstruo gigante con muy poquitos resultados, entonces lo que me parece es que los fiscales que llegan pues lo que terminan haciendo es intentar tirarle a casos muy mediáticos porque los resultados son infames”.
Las acciones de Calarcá y el cese al fuego
Aunque no todo lo revelado constituye una violación del cese al fuego, hay hechos por los que el EMBF sí debe responder. El asesinato de civiles y de firmantes de paz —como en el caso de Juan Hurtado, cuya orden quedó documentada en los chats incautados— son conductas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario y comprometen directamente a la disidencia.
Así mismo, el reclutamiento de menores es una infracción expresa del acuerdo de cese, lo que abre espacio para exigencias jurídicas y políticas incluso dentro del marco negociado.
El resto de actividades identificadas en los chats—como la compra de armas o determinados movimientos logísticos— no estaban prohibidas explícitamente en los protocolos, por lo que su valoración no es tan lineal como la discusión pública sugiere.
Sin embargo, el impacto político supera con creces el debate jurídico. La posibilidad de una nueva orden de captura reconfigura el tablero, deja a Calarcá sin margen para ejercer como interlocutor y pone en entredicho la continuidad misma de la mesa.
Las opciones del Gobierno para evitar que la crisis escale son limitadas. La Fiscalía parece enfocada en responder a la presión institucional acumulada y una posible “ayuda” de Petro podría agravar aún más el escándalo.
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