Preagenda de negociación y otros resultados en ciclo de diálogo con disidencia de Mordisco

Con un acuerdo de seis puntos finalizó este jueves el tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y la disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), que se realizó en Bogotá desde el pasado 9 de enero.

Las partes, además, hicieron declaraciones que quedaron consignadas al final del documento y donde ratifican por escrito la prórroga del cese al fuego por seis meses. “Hemos acordado prorrogar el cese al fuego bilateral a partir del 16 de enero de 2024 y hasta el 15 de julio de 2024, el cual podrá ser prorrogado previa evaluación de las partes”, dice en el documento.

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También dice que se emitió esa orden a todas las estructuras del grupo armado, que es comandado por Iván Mordisco y reúne a unos 3.200 hombres, la mayoría de los cuales no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016. “Se emitirá las respectivas órdenes para su formalización y cumplimiento, incluyendo su pedagogía”, dice el acuerdo, que agrega que el EMC se compromete a implementar todos los protocolos ya firmados.

En ese declaración también se corrobora la suspensión del secuestro con fines extorsivos que ya habían anunciado el pasado 12 de diciembre. Además, el desarrollo de acciones de carácter humanitario “en relación con la prevención del conflicto armado, el retorno de civiles y la realización de corredores humanitarios” en sus zonas de influencia.

Camilo González Posso, jefe de la delegación de Gobierno en esos diálogos, se refirió a este acuerdo y lo calificó como un resultado “muy positivo” para el cierre de esta fase. Además, resaltó el compromiso de la reducción de las violencias por parte del EMC e indicó que el próximo ciclo será la primera semana de marzo.

El acuerdo alcanzado en este tercer ciclo incluye seis puntos: participación, la agenda temática, la transformación territorial, el compromiso socio-ambiental, la protección a la población civil y la creación de una comisión jurídica y de garantías de seguridad.

1. Participación

Este punto había sido un pedido del Estado Mayor Central que dijo que era fundamental la participación de la sociedad civil, tal y como se hace en el proceso con el ELN. Se pide: “Fortalecer la participación directa, real y efectiva de las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, poblaciones víctimas, juventudes, población vulnerable, entre otros, en los territorios, respetando la autonomía, pluralismo y gobierno propio”, dice el documento.

Y agrega: “Para la efectiva participación se requiere que las decisiones concertadas —planes, programas, proyectos— cuenten con los recursos suficientes del Estado y que su construcción y ejecución tengan garantías jurídicas, logísticas y de seguridad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial”, dice el acuerdo. El grupo pide que haya recursos para los planes que se acuerden durante esa actividad de participación que será, según el documento, a nivel nacional, regional y local.

Una de las cosas que aún no está clara de esa participación es que, de acuerdo con el documento, podrá haber acuerdos de “aplicación inmediata”. En este punto se especifica que se le debe dar prioridad a la “evaluación de los compromisos o pactos que el Estado colombiano ha suscrito en los territorios” con las comunidades.

En este periodo de cese se avanzará en la construcción de lo que la mesa denomina un “acuerdo especial para la participación y decisiones” y en un “protocolo de participación”.

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2. Agenda temática

Sobre la agenda, el compromiso es que debe avanzar en unos ejes definitivos y que los temas serían: seguridad, medio ambiente, economías ilicítas, tierras y territorio, garantías para las partes durante y después del acuerdo, poder local, entre otros.

En este punto afirman que también es importante la participación ciudadana.

3. Las zonas priorizadas en la transformación territorial

Uno de los temas más recurrentes en este proceso ha sido la transformación territorial. Eso se traduce en que para las partes, los diálogos no solo se tratan de un acuerdo con el grupo armado, sino de una intervención a todos los niveles del Estado en esas zonas. Para ello se priorizaron seis departamentos donde empezaría esa transformación. De acuerdo con el documento serán: Cauca, Caquetá, Arauca, Putumayo, Guaviare y Norte de Santander. Allí habría también un diálogo social con distintas comunidades y poblaciones como indígenas, jóvenes, afro, palenqueros, Rrom y campesinos.

Serán, según el documento, transformaciones “con planes de desarrollo sostenible integral orientados a mejorar las condiciones de vida de la población en los territorios”.

Además, se pactó que todos los contenidos de los acuerdos serán construidos con las comunidades. Sobre este punto también habrá un Acuerdo especial y protocolos.

Entre las iniciativas que empezarán a operar en los próximos meses están: las acciones para recuperar la cuenca del río Catatumbo, planes socioambientales que aún están en consulta en regiones del Caquetá y la implementación del Acuerdo IV en Cauca, que tiene que ver con el cañón del Micay, un enclave que se ha convertido en una zona de dispuesta entre el Gobierno y el EMC por ser la zona que concentra el 75% de los cultivos de coca que se produce en el Cauca. En ese lugar también se llevará a cabo uno de los pilotos de la nueva política de droga. “Las partes designarán a responsables para cada una de las iniciativas identificadas anteriormente”, dice el documento.

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4. Agenda socioambiental

En la comunicación de González Posso de hace unos días, también se había hablado de una agenda ambiental que quedó consignada en el documento. El acuerdo dice que se deba dar “especial atención a los problemas socioambientales de la Amazonía, así como de las demás áreas protegidas del país”.

Según el comunicado oficial de las delegaciones, con este punto “se busca generar, retomar y reconocer escenarios de participación de los diferentes sectores de la sociedad para una agenda socioambiental que reduzca las afectaciones ambientales relacionadas con los conflictos sociales, ambientales y armados”.

En este proceso, se realizaría un evento nacional y otros encuentros regionales, aunque no se específico cuántos ni en qué fecha o lugares. Un punto interesante es que el EMC se comprometió a respetar la vida de líderes y lideresas ambientales y de pueblos étnicos o servidores públicos que tengan la tarea de cuidar el medio ambiente.

5. Protección a la población civil

En el acuerdo se especificó que la mesa le hará seguimiento a los compromisos ya definidos para el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. “Se buscará lograr reducciones a las afectaciones a la población civil en razón del conflicto social y armado, en particular de los que son objeto de seguimiento de la mesa” como indígenas, afros y campesinos, según se especifica en el documento.

Además, se comprometieron a contribuir en la localización, búsqueda y entrega de personas desaparecidas en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), países u organismos acompañantes de la mesa, autoridades nacionales y territoriales y mecanismos comunitarios.

En este punto también se especifica que se harán diálogos sociales con organizaciones y entidades “para avanzar en la evaluación y respuestas que sean pertinentes en temas como: situación de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, pueblos y comunidades étnicas, campesinas y grupos de protección especial, población en situación de confinamiento y desplazamiento, y trabajadores afectados en relación con el conflicto.

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6. Comisión jurídica y garantías de seguridad

Así mismo, se anunció una comisión jurídica que, con la Mapp-OEA y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas —que está como acompañante del proceso, pues el Consejo de Seguridad aún no autoriza la extensión de su mandato para esta tarea—, para dar recomendaciones jurídicas sobre la situación de los miembros del Estado Mayor Central que actualmente están en las cárceles. También para quienes aún tengan una situación jurídica sin resolver.

“La delegación del Gobierno agilizará las gestiones para la evaluación de la situación de integrantes del Estado Mayor Central que se encuentren privados de la libertad y se realizarán visitas para impulsar la atención de situaciones urgentes de carácter jurídico, de salud, hacinamiento y seguridad”, dice el acuerdo.

En este punto, el Gobierno reiteró el compromiso de la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, a través de la UNIPEP, en materia de seguridad y protección.