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El proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia comandada por “Calarcá Córdoba”, atraviesa una de sus semanas más tensas.
El viernes pasado cerró el séptimo ciclo de diálogos con acuerdos en tierras, garantías para las elecciones y protección ambiental -el sexto había sido en octubre del año pasado-, pero 72 horas después un escándalo que vincula a ese grupo armado con el general Juan Miguel Huertas y con Wílmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), deja una sombra no solo en el proceso de paz, sino que tiene implicaciones políticas y judiciales.
Las revelaciones de Noticias Caracol, basadas en los archivos incautados hace un año en el polémico retén militar ocurrido en julio en Anorí, Antioquia, destaparon una red de contactos entre la disidencia y funcionarios del Estado que operó mientras la mesa avanzaba oficialmente.
Según esos documentos -que incluyen chats, cartas, fotos y archivos internos de la Fuerza Pública-, la disidencia recibió información clasificada sobre operaciones militares en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.
En los archivos figura el general Huertas, quien fue reintegrado al Ejército y es el actual jefe del Comando de Personal. Uno de los temas más polémicos es que, según una carta fechada el 8 de febrero de 2024 y hallada en el computador incautado, Huertas habría sostenido una reunión en Bogotá con delegados de esa disidencias para presentarles la propuesta de crear una empresa de seguridad fachada que permitiría al grupo armado movilizarse en vehículos blindados con permisos oficiales y portar armamento registrado.
En esa misma carta aparece también mencionado Mejía, funcionario de la DNI, como parte del engranaje. Huertas niega todo y asegura que desde 2020 es víctima de suplantación.
¿Qué pasaba entonces en el proceso de paz?
Todo este entramado se desarrolló en paralelo a los avances de la mesa. Mientras el grupo armado recibía información reservada que le permitía anticipar operativos estatales, el proceso de paz avanzaba con reuniones formales y elaboración de compromisos técnicos.
Justo en febrero, cuando ocurrió la presunta reunión con Huertas, se dio la cuarta ronda de negociaciones que llevó a la firma de siete acuerdos, entre ellos un protocolo de comunicación para evitar incidentes durante el cese al fuego bilateral -aún vigente entonces-, y otro de transformaciones territoriales.
En contexto: Los 7 acuerdos y la propuesta de agenda tras cuarto ciclo con disidencia de Mordisco
Para marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro ordenó el levantamiento del cese al fuego con la disidencia Estado Mayor Central (en la que estaban “Mordisco” y “Calarcá”) tras el ataque que ordenó “Mordisco” a Toribío y en la que murió la mayora indígena Carmelina Yule.
La posición de esa estructura armada sobre ese cese al fuego -”Mordisco” quería levantar la mesa y “Calarcá” quedarse en el proceso- fragmentó el grupo y desde entonces hubo dos disidencias: el Estado Mayor Central, que se fue del proceso, y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes que sí quedó en los diálogos.
Petro ordenó la captura de “Mordisco” (ahora jefe del EMC) y operaciones en su contra -una ofensiva que redefinió el mapa interno de las disidencias-.
Los chats incautados muestran que, durante ese período, “Calarcá” y su cúpula recibieron avisos sobre movimientos de la Fuerza Pública e incluso alcanzaron a advertirle a “Mordisco”, antes de la ruptura definitiva, sobre algunas de las operaciones en su contra.
Ese flujo de información explicaría parte de la ventaja táctica que tuvo la disidencia durante esos meses.
Aunque el escándalo estalló este domingo, cuando Noticias Caracol reveló los archivos incautados, todo el material proviene del retén militar de julio de 2024 en Anorí. En ese operativo se hallaron dos computadores, memorias USB, teléfonos satelitales, armas cortas y COP 60 millones en efectivo.
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Gloria Quiceno, jefa negociadora del Gobierno en la mesa con la disidencia de Calarcá, respondió a las revelaciones diciendo que “no tiene conocimiento” de los nexos entre algunos miembros de la disidencia y altos mandos del Estado: “No forma parte de la mesa ni de los compromisos del proceso de paz”, afirmó en entrevista con La W Radio.
La jefa negociadora señaló que “jamás” la Oficina del Alto Comisionado para la Paz autorizó o tuvo conocimiento de acercamientos entre integrantes de la disidencia y los funcionarios señalados.
Pese a ello, admitió que en la delegación estatal han discutido la posibilidad de que el proceso esté siendo manipulado y que, ante ese riesgo, han endurecido las exigencias al grupo armado.
“Hemos adoptado medidas más contundentes —dijo—. Ya que ellos cumplan es su responsabilidad. De no cumplirse, el Estado tiene los mecanismos”. Según explicó, la mesa ha fortalecido los filtros, ha exigido clarificaciones y ha establecido verificaciones técnicas para evitar que información dudosa contamine el diálogo.
Hoy el proceso entra en una fase en la que se exige claridad. La DNI anunció una indagación interna, la Procuraduría abrirá investigación contra Huertas y Mejía, y la Fiscalía deberá explicar por qué los dispositivos incautados estuvieron un año sin ser revisados.
Los impactos que el escándalo puede tener sobre el proceso con Calarcá
Más allá de la gravedad de las revelaciones, el punto neurálgico está en lo que este caso significa para la mesa de diálogos con el EMBF.
Una de las consecuencias es la afectación de la confianza institucional, tanto hacia adentro como hacia afuera de la mesa. Para el Gobierno, la negociación se sostiene en la idea de que existe un canal único y autorizado de comunicación con la disidencia.
Aun así, el episodio también pone a prueba la voluntad de paz del EMBF, que es un componente central para sostener la mesa. La aparición de nombres de generales y funcionarios de inteligencia en sus comunicaciones genera dudas sobre si la delegación de la disidencia estaba actuando de forma transparente mientras avanzaban los ciclos de diálogo.
Pese a los escándalos que han rodeado esta negociación —el retén en Anorí, las filtraciones del computador incautado, e incluso el episodio del helicóptero en Amalfi donde también se cuestionó la forma en que se movían sus delegados—, el proceso no se ha detenido.
El Gobierno sostiene que el séptimo ciclo queda en firme y que los acuerdos alcanzados continúan vigentes, mientras la delegación de Calarcá reafirma que no se levantará de la mesa. La apuesta, por ahora, es blindar el proceso de la turbulencia política y permitir que las investigaciones sigan su curso sin paralizar los compromisos ya adquiridos.
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