¿Qué pasó con los planes de desarrollo para las zonas cocaleras?
El Gobierno anunció la firma de uno de esos planes, pactados en el punto 4 del Acuerdo de La Habana, para Barrancominas, en Guainía. Organizaciones campesinas señalan que no se están implementando según lo que estipuló el Acuerdo, mientras el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, defiende el proceso.
Las comunidades pertenecientes al municipio de Barrancominas (Guanía) iniciaron su paso a la sustitución de cultivos de uso ilícito a través del Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). Este plan, que hace parte del Programa Nacional de Sustitución (PNIS), pretende ejecutar obras y proyectos en beneficio de aproximadamente 8.000 personas ubicadas en el municipio, en especial, de 27 familias que se dedicaban al cultivo de coca.
El encuentro para la firma del documento, el pasado 9 de noviembre, contó con la participación del consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila; la alcaldesa de Barrancominas, Norella Rodríguez; Juan Carlos Irál, gobernador de Guainía y representantes de comunidades campesinas e indígenas Piapoco, Guahibo, Piunave y Sikuani.
(Lea más: Casi $50 mil millones se han invertido en proyectos productivos de excombatientes)
Este encuentro dio como resultado la delimitación de 182 iniciativas en las que el Gobierno planea una inversión de $400 millones. Dichos acuerdos giran alrededor de obras de infraestructura rápida, la formalización de la propiedad de la tierra y la promoción de la sostenibilidad y protección medioambiental, con el propósito de beneficiar con el paso del tiempo a 1.143 familias indígenas de siete comunidades y tres resguardos, además de 115 familias campesinas.
Archila manifestó que “cumplirles a las familias que están dentro del proceso de sustitución voluntaria de cultivos es una prioridad, por eso hemos invertido durante estos dos años más de $1 billón para que 100.000 familias de todo el país superen ese cultivo y pasen a la legalidad”. Aseguró que de los $1,4 billones que se le han asignado al PNIS a nivel nacional ya se han invertido $1,1 billones.
Por su parte, la alcaldesa Rodriguez aseguró que “antes nadie daba una apuesta por Barrancominas, ni personas particulares o entes gubernamentales, pero hoy en día estamos viendo inversión en obras de infraestructura, inversión en proyectos sociales y eso es un avance”.
Al igual que Barrancominas, existen otros siete municipios en los que se están implementando los PISDA: Cumaribo en Vichada; Rosas y Piamonte, en Cauca; Dagua, Bolívar y El Dovio, en Valle del Cauca; e Ipiales, en Nariño.
Críticas a la ejecución del PISDA
Colombia2020 habló con Arnobiz Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, sobre la implementación de estos planes, pactados en el cuarto punto del Acuerdo de La Habana. Según él, hay fallas en la implementación de los PISDA en los municipios en que deben llevarse a cabo. “Lo que ha hecho el Gobierno es coger los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y marcar algunas de esas obras como iniciativas PISDA. Eso no corresponde a lo que se acordó en el Acuerdo de Paz”.
(Lea más: Una ‘vaki’ para apoyar proyectos productivos de exguerrilleros en Guaviare)
Para entender esta afirmación es necesario explicar dos cosas: la primera es que los PDET, contemplados en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, son programas que promueven el desarrollo de 170 municipios priorizados porque fueron los más afectados por el conflicto armado y se realizan de manera participativa con los pobladores. En estos planes se definen obras y proyectos para su progreso, como salud y educación rural, producción agropecuaria y uso debido del suelo o la adquisición de vivienda, acceso a agua y otros servicios básicos.
Lo segundo, es que los PISDA (Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo) fueron contemplados como una especie de planes de desarrollo para las zonas cocaleras, que se implementarían en donde se firmara el PNIS. Muchas de esas zonas, evidentemente, coincidían con aquellas priorizadas en los PDET.
Según Arnobiz, el Gobierno no está ejecutando los PDET y el PISDA en los municipios que cumplen con las dos condiciones, sino solo los primeros. De ahí que para él las actividades que están dentro de los PDET se les marque como PISDA, cuando realmente no hubo ningún proceso de concertación para crear este plan con las comunidades.
(Lea más: Pies para qué te tengo)
El consejero Archila aclaró lo que para él es una confusión sobre la manera en cómo se entiende la implementación de dichos planes. “En el Acuerdo de Paz y en la legislación, antes de que llegáramos al Gobierno, se previó que donde exista sustitución y deban darse los PISDA, pero sean municipios que también tienen un Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se debe duplicar el trabajo. Ese no es un tema ideológico, sino que usted no puede tener dos planes de desarrollo en Bogotá, por ejemplo”.
Además, aclaró que en estos casos prima la ejecución del PDET. “Dentro de las personas que participan en la creación del PDET existen representantes de las comunidades que están en sustitución de cultivos y ahí incluyen las iniciativas que corresponden a sus propuestas", agregó.
El Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la exguerrilla de las Farc estipuló que no es posible implementar los dos planes en un mismo municipio, sin embargo, estos deben ir integrados. El numeral 4.1.3.5 dice, entre otras cosas, que los planes integrales de sustitución de cultivos que se ejecutan a través del PISDA deben integrarse con lo planteado en el PDET y se debe garantizar “la participación efectiva de los delegados y delegadas de las asambleas comunitarias”.
Las comunidades pertenecientes al municipio de Barrancominas (Guanía) iniciaron su paso a la sustitución de cultivos de uso ilícito a través del Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). Este plan, que hace parte del Programa Nacional de Sustitución (PNIS), pretende ejecutar obras y proyectos en beneficio de aproximadamente 8.000 personas ubicadas en el municipio, en especial, de 27 familias que se dedicaban al cultivo de coca.
El encuentro para la firma del documento, el pasado 9 de noviembre, contó con la participación del consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila; la alcaldesa de Barrancominas, Norella Rodríguez; Juan Carlos Irál, gobernador de Guainía y representantes de comunidades campesinas e indígenas Piapoco, Guahibo, Piunave y Sikuani.
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Este encuentro dio como resultado la delimitación de 182 iniciativas en las que el Gobierno planea una inversión de $400 millones. Dichos acuerdos giran alrededor de obras de infraestructura rápida, la formalización de la propiedad de la tierra y la promoción de la sostenibilidad y protección medioambiental, con el propósito de beneficiar con el paso del tiempo a 1.143 familias indígenas de siete comunidades y tres resguardos, además de 115 familias campesinas.
Archila manifestó que “cumplirles a las familias que están dentro del proceso de sustitución voluntaria de cultivos es una prioridad, por eso hemos invertido durante estos dos años más de $1 billón para que 100.000 familias de todo el país superen ese cultivo y pasen a la legalidad”. Aseguró que de los $1,4 billones que se le han asignado al PNIS a nivel nacional ya se han invertido $1,1 billones.
Por su parte, la alcaldesa Rodriguez aseguró que “antes nadie daba una apuesta por Barrancominas, ni personas particulares o entes gubernamentales, pero hoy en día estamos viendo inversión en obras de infraestructura, inversión en proyectos sociales y eso es un avance”.
Al igual que Barrancominas, existen otros siete municipios en los que se están implementando los PISDA: Cumaribo en Vichada; Rosas y Piamonte, en Cauca; Dagua, Bolívar y El Dovio, en Valle del Cauca; e Ipiales, en Nariño.
Críticas a la ejecución del PISDA
Colombia2020 habló con Arnobiz Zapata, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, sobre la implementación de estos planes, pactados en el cuarto punto del Acuerdo de La Habana. Según él, hay fallas en la implementación de los PISDA en los municipios en que deben llevarse a cabo. “Lo que ha hecho el Gobierno es coger los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y marcar algunas de esas obras como iniciativas PISDA. Eso no corresponde a lo que se acordó en el Acuerdo de Paz”.
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Para entender esta afirmación es necesario explicar dos cosas: la primera es que los PDET, contemplados en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, son programas que promueven el desarrollo de 170 municipios priorizados porque fueron los más afectados por el conflicto armado y se realizan de manera participativa con los pobladores. En estos planes se definen obras y proyectos para su progreso, como salud y educación rural, producción agropecuaria y uso debido del suelo o la adquisición de vivienda, acceso a agua y otros servicios básicos.
Lo segundo, es que los PISDA (Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo) fueron contemplados como una especie de planes de desarrollo para las zonas cocaleras, que se implementarían en donde se firmara el PNIS. Muchas de esas zonas, evidentemente, coincidían con aquellas priorizadas en los PDET.
Según Arnobiz, el Gobierno no está ejecutando los PDET y el PISDA en los municipios que cumplen con las dos condiciones, sino solo los primeros. De ahí que para él las actividades que están dentro de los PDET se les marque como PISDA, cuando realmente no hubo ningún proceso de concertación para crear este plan con las comunidades.
(Lea más: Pies para qué te tengo)
El consejero Archila aclaró lo que para él es una confusión sobre la manera en cómo se entiende la implementación de dichos planes. “En el Acuerdo de Paz y en la legislación, antes de que llegáramos al Gobierno, se previó que donde exista sustitución y deban darse los PISDA, pero sean municipios que también tienen un Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), no se debe duplicar el trabajo. Ese no es un tema ideológico, sino que usted no puede tener dos planes de desarrollo en Bogotá, por ejemplo”.
Además, aclaró que en estos casos prima la ejecución del PDET. “Dentro de las personas que participan en la creación del PDET existen representantes de las comunidades que están en sustitución de cultivos y ahí incluyen las iniciativas que corresponden a sus propuestas", agregó.
El Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la exguerrilla de las Farc estipuló que no es posible implementar los dos planes en un mismo municipio, sin embargo, estos deben ir integrados. El numeral 4.1.3.5 dice, entre otras cosas, que los planes integrales de sustitución de cultivos que se ejecutan a través del PISDA deben integrarse con lo planteado en el PDET y se debe garantizar “la participación efectiva de los delegados y delegadas de las asambleas comunitarias”.