Tras poco más de dos años de retraso, el Gobierno dará un paso clave para la implementación de su política de paz total. Este diario conoció el borrador del decreto con el que la Consejería de Paz busca reglamentar las llamadas Regiones Paz, zonas donde justamente se adelantan mesas de negociación con grupos armados que operan allí y donde se quiere aumentar la presencia del Estado en las regiones donde se adelanten mesas de negociación.
A través de un decreto que adicionará un capítulo al Decreto 1081 de 2015, la Presidencia busca dar forma a un instrumento que ya está previsto en la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total, pero que hasta ahora no contaba con una estructura operativa.
Las Regiones de Paz, según el texto, serán áreas geográficas que no siguen la división político-administrativa tradicional y que, por decisión del presidente de la República, "se destinarán a promover diálogos de paz, abrir espacios de conversación sociojurídicos, fortalecer la presencia estatal y desplegar intervenciones integrales junto a pueblos étnicos, comunidades y organizaciones sociales", dice el borrador.
En esencia, se trata de concentrar la acción pública en territorios golpeados por el conflicto, las economías ilegales y la ausencia institucional, con la intención de cerrar brechas estructurales y facilitar el tránsito de actividades ilícitas hacia economías lícitas, pero también acelerar la implementación de los acuerdos parciales a los que se lleguen con los grupos armados que operen en esos territorios
Para definir qué zonas del país podrán recibir esta denominación, el borrador dice que la Consejería Comisionada de Paz, en cabeza de Otty Patiño, la que aplicará una serie de criterios que van más allá de los establecidos en la llamada Ley de Paz Total, desde la ausencia o debilidad institucional y la presencia de grupos armados ilegales, hasta las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el desarrollo de hostilidades en el marco del conflicto armado y la existencia de economías ilícitas.
También pesará la disposición de las comunidades y autoridades locales a participar en procesos de transformación territorial. El decreto deja claro que estas regiones no serán zonas de despeje ni tampoco las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que el Gobierno está en camino de crear con tres grupos armados: Comuneros del Sur en Nariño; con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) también en ese departamento y en Putumayo; y con el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Las Regiones Paz, dice el documento, “no restringirán el accionar de la Fuerza Pública”.
Pese a que el concepto fue incorporado en 2022, su reglamentación se demoró más de dos años. Una de las razones fue que, aunque la Ley 2272 fijó el marco general, dejó en manos del Ejecutivo el desarrollo operativo: cómo se definirían las regiones, qué instrumentos de planeación usarían, cómo se financiarían y quién coordinaría las acciones.
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En paralelo, el Gobierno estaba concentrado en poner en marcha las 10 mesas de diálogo con guerrillas y con distintas facciones de las disidencias de las FARC, bandas criminales e incluso Grupos Armados Organizados, como el Clan del Golfo, así como en el diseño de las Zonas de Ubicación Temporal para acuerdos humanitarios, lo que relegó la construcción de este decreto.
Además, dentro del propio Ejecutivo hubo debates sobre si las Regiones de Paz debían ser solo un marco para los procesos de negociación con grupos armados o si también podían funcionar como plataformas para intervenciones integrales en territorios que, sin estar en una mesa de diálogo, requieren atención prioritaria.
Esa discusión, sumada a la necesidad de articular a ministerios, gobernaciones, alcaldías, cooperación internacional y sector privado, dilató la definición del decreto.
El resultado es que, aunque la figura ha sido mencionada en discursos presidenciales y en documentos del Plan Nacional de Desarrollo desde 2023, solo ahora el Gobierno concreta un marco normativo que la convierte en una herramienta operativa, con procedimientos, criterios y mecanismos de seguimiento definidos.
¿Cómo serán las Regiones de Paz?
Dentro de cada Región de Paz se podrán establecer Zonas de Intervención Prioritaria, áreas concretas donde se concentrarán las acciones estatales y comunitarias. La Consejería deberá notificar al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y a las entidades competentes para coordinar la inversión y la acción institucional.
El corazón operativo de la propuesta son las llamadas Maquetas de Paz, planes de acción diseñados para cada zona prioritaria. Estos instrumentos, elaborados desde hace al menos dos años de manera conjunta por la Consejería y el DNP, buscarán articular la intervención del Gobierno en todos sus niveles, con la participación activa de pueblos étnicos, organizaciones sociales y comunidades.
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Las Maquetas incluirán proyectos inmediatos para mejorar el bienestar, garantizar derechos, fortalecer la presencia institucional y reducir desigualdades, y se conectarán con otros instrumentos de planeación previstos para la paz total, con el apoyo de la cooperación internacional y el sector privado.
La coordinación de las Maquetas recaerá en la Consejería y el DNP, que convocarán a ministerios, departamentos administrativos y autoridades locales. El decreto prevé que las delegaciones del Gobierno en procesos de diálogo o sometimiento a la justicia promuevan acuerdos parciales de paz y que estos se incorporen en las Maquetas.
Además, se buscará que las intervenciones respeten los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad entre el nivel nacional y el territorial.
Para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas, el decreto ordena la creación de un Sistema Integrado de Información Territorial que recoja y publique los avances de los proyectos, y de un trazador presupuestal que permita identificar y seguir la ejecución de los recursos destinados a la paz en estas zonas.
Otro eje central es la participación ciudadana. La Consejería deberá implementar una estrategia que permita a consejos de paz, comités de justicia transicional, mesas de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, así como a empresarios y asociaciones locales, involucrarse en la identificación de necesidades, el diseño y la ejecución de proyectos, y el seguimiento a su implementación. Esta estrategia deberá alinearse con los mecanismos que se definan en los procesos de diálogo y sometimiento.
En materia de financiación, el decreto establece que las entidades del nivel nacional y territorial deberán priorizar recursos para las zonas de intervención y las Maquetas de Paz. El Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz) podrá financiar o cofinanciar proyectos de ejecución rápida, y se prevé la posibilidad de recibir aportes de la cooperación internacional y del sector privado.
En su memoria justificativa, el Gobierno subraya que esta reglamentación no implica la creación de nuevas cargas presupuestales, sino la coordinación y priorización de recursos ya existentes.
La iniciativa se apoya en principios constitucionales como la planeación, la descentralización y la coordinación intersectorial, y en jurisprudencia que reconoce la paz como derecho fundamental y deber del Estado. Para la Corte Constitucional, recuerda el documento, las medidas de este tipo son esenciales para garantizar la convivencia pacífica, la justicia social y la reconciliación nacional.
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Sin embargo, el tiempo está en contra del Gobierno. La puesta en marcha de las Regiones de Paz será una prueba de fuego para la Paz Total: no solo exigirá articular ministerios, autoridades locales y cooperación internacional, sino garantizar que las comunidades sean protagonistas en la definición de prioridades y el seguimiento de resultados.
Con un año exacto antes de que se acabe su mandato, Petro no solo tendrá que hacer esa tarea, sino también impulsar los acuerdos a los que alcance a llegar con los armados, al tiempo que impulsa su ley de sometimiento en un Congreso mayoritariamente opositor.
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