Carlos Echeverri salió de su ciudad y país natal en 2004, cuando apenas tenía 20 años de edad, y su concepto de país no estaba del todo claro. De su exilio recuerda que comenzó a recibir amenazas días después de que el 17 de septiembre de ese mismo año los paramilitares con ayuda del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) asesinaran a Alfredo Correa de Andreis, un destacado profesor universitario de Barranquilla que tildaban de ser, supuestamente, un “ideólogo guerrillero”. Echeverri nunca fue estudiante de Correa, “era solo un curioso que a veces lo visitaba en su oficina voluntariamente para ver si podía ayudar en algo”, dice el hoy refugiado político en Argentina.
Carlos ni siquiera estudiaba en la Universidad Simón Bolívar donde daba clases el docente. Estudiaba música en la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, institución que quedaba a pocas cuadras de la oficina de Correa. Lo más impactante de su historia es que en 2015 visitó Colombia con la esperanza que le daba el Acuerdo de Paz de un retorno seguro a su país, pero se dio cuenta que el panorama no era muy distinto. “Un día pasé por curiosidad a la Universidad, total ya habían pasado más de 10 años y me llamaron a advertirme nuevamente que mi vida corría peligro si no salía del país, me dijeron que no volviera. Es como si todavía hubiera informantes dentro de la institución y por eso mi idea del retorno no tiene fecha todavía”.
Y aunque su anhelo, como el de todos los exiliados, asilados y refugiados colombianos es el retorno, tiene un dilema en la que están varias víctimas del conflicto en el exterior: ¿Continuar en el exilio o volver para aportar al sistema de justicia transicional y a la construcción de paz? La pregunta no tiene una respuesta fácil. “A veces me siento cobarde porque en Colombia hay gente que ha dado su vida por defender el país, por sus ideales y yo estoy acá sintiendo que “huí” y que ahora no le aporto nada a la construcción de paz”, menciona el joven de 36 años.
Jhon Jairo Romero Munevar, representante de las víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional de Víctimas y asilado político en España desde 1993, dice que aunque todos los días intentan visibilizarse e interceder porque en el país no los olviden, la idea del retorno está nublada y oscura. “No vemos garantías para volver, no hay condiciones para los que fuimos activistas o líderes sociales”, cuenta.
Según Romero, el país donde reside recibió 30.000 solicitudes de asilo político por parte de colombianos en 2019 y entre enero y febrero de este año van 3.000 peticiones de ese tipo. Para continuar con los procesos sociales que llevaban en Colombia antes de las amenazas, muchas víctimas en el exterior se han agrupado en colectivos, movimientos o grupos de connacionales que han vivido el conflicto armado y que buscan seguir teniendo voz y voto en varios países del mundo, ante las entidades gubernamentales colombianas.
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La labor de ellos desde Europa no solo se circunscribe a una representación sino que han apoyado a varias familias víctimas para que participen de procesos en entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y no dejen “en el tintero” las heridas que les dejó la guerra sino que puedan avanzar encontrando a sus familiares o haciendo justicia por ellos. “Asesoramos a las personas con estas entidades para que participen, para que las tengan en cuenta, a veces ellos no los buscan sino que nosotros los buscamos y la idea es que no nos olviden”.
Ese es el caso de Diana Ortiz, confundadora del colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz en Argentina (MECoPa) quien desde que salió de Colombia ha luchado por trabajar de la mano con las entidades del sistema de justicia transicional, en especial con la Comisión de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Ante la JEP estamos preparando un nuevo informe para entregar este año y la Comisión siempre nos ha escuchado y teniendo en cuenta en todo, claro que nos gustaría volver a Colombia y hacer mucho más desde allá porque acá estamos limitados, pero ahora no tenemos garantías para el regreso”, asegura Ortiz.
Como parte de la estrategia para incluir a las víctimas en el exterior, la Comisión de la Verdad ha realizado varios encuentros virtuales con personas que residen en distintos países tanto de Sudamérica como de otras regiones para que hagan sus aportes a la verdad y trabajen de la mano con esta entidad. Como parte de la estrategia de sinergia, por ejemplo, este sábado 27 de junio la CEV proyectará a la 1 de la tarde por su canal de Facebook, el documental La Paz Difunta, un largometraje dirigido por un colombiano residente en el exterior y que revela las historias y realidad de varias personas exiliadas tanto en Latinoamérica como en Europa a razón del conflicto armado interno.
Juan Pablo Méndez, cineasta colombiano residente en Argentina y director de la producción, dice que este largometraje es un homenaje a la vida de las personas que han tenido que salir desplazadas de su país a causa del conflicto armado. “Yo no salí del país por razones de seguridad o políticas sino porque quise, pero en Argentina he conocido a muchos colombianos víctimas de la violencia que tuvieron que huir sin despedirse, sin cerrar ciclos, sin esperarlo y este documental que la Comisión nos permite presentar es una muestra de ello”.
En La Paz Difunta se cuentan varias historias, entre ellas la de Carlos Echeverri que es quien hila todo el documental. Aunque la participación de todos fue consensuada previamente, su director cuenta que por el miedo que todavía sienten varios exiliados por sus vidas, muchos prefirieron cancelar su aparición en el proyecto después de haber grabado. “Hay un patrón en estas historias y es que todos coinciden en el anhelo de volver, de retornar, entonces hay personas que salieron de Colombia pero que siempre dejaron las maletas hechas para cuando tuvieran que regresar, y han tenido las maletas listas por 20 o 30 años, es impresionante, pero los miedos siguen intactos”, asegura.
Aunque no hay una cifra exacta sobre cuántas víctimas hay en el exterior, según la Unidad de Víctimas en su Registro Único, serían 25.643 las personas acreditadas y que han dado su testimonio viviendo en el exterior, sin embargo, Jhon Jairo Romero dice que el subregistro podría llegar hasta el medio millón de víctimas del conflicto desplazadas de su país. El movimiento Defendamos la Paz Internacional que tiene como fin hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo firmado en 2016, tiene colombianos en 28 países agrupados en 49 organizaciones defensoras de derechos humanos o de víctimas en el exterior.
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Diana Mesa, integrante de la Mesa Nacional de Víctimas y residente en Quito (Ecuador) dice que, para ella, el sistema de justicia transicional no ha sido el más incluyente con ellos. “Siempre es difícil que se acuerden de nosotros, que tengan en cuenta nuestras verdades, nuestros testimonios, porque a veces todo está hecho para quienes viven en territorio nacional, yo sí creo que estamos invisibilizados”.
Sobre ello, Romero menciona que un temor generalizado que hay en las víctimas del conflicto en el exterior es a dar los testimonios o versiones sobre lo ocurrido ante entidades como la Unidad de Víctimas, la JEP o la Comisión de la Verdad. “Es difícil porque aquí hay más desconfianza entonces la gente siempre se pregunta qué van a hacer con mi testimonio, con lo que diga, a manos de quién va llegar y a eso se suma que todo hay que hacerlo por internet, no hay formas presenciales como sí las tienen las víctimas en Colombia entonces los temores de entregar ese tipo de información por medios digitales es aún más complicado”, señala.
Aunque la ilusión de todos es lograr acreditarse como víctimas ante la JEP, a veces muchos no logran ni siquiera hacerlo ante la Unidad de Víctimas porque consideran que los niveles de exclusión de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición son enormes. Echeverri, por ejemplo, narra que aunque lleva 16 años en el asilo, la última vez que se presentó a la Unidad a contar su relato en Argentina para entrar al Registro Único de Víctimas, no sabe qué pasó pero no quedó. “Nunca he entendido por qué mi relato no es válido si, aunque no fui un activista político, estar cerca de una persona que pensaba distinto fue suficiente para que le pusieran mi nombre a una bala y mi vida corriera riesgo, pero por alguna razón me dijeron que no era víctima del conflicto armado y por eso tampoco puedo pensar en más”, recuerda.
Cuando a las víctimas en el exterior se les pregunta si sienten que están aportando a la construcción de la verdad, hay un silencio unánime previo a la respuesta de cada uno. Coinciden en que sienten que nunca han dejado atrás la idea de un país mejor y por eso trabajan día a día pero que, desde Colombia, podrían estar haciendo aportes más útiles.
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Jhon Jairo Romero, dice que tiene conocimiento que al menos en España, en 2016 y 2017 con la firma del Acuerdo de Paz, al menos 38 familias de colombianos víctimas del conflicto retornaron al país con la esperanza de poder aportar y tener más seguridad sin un actor armado como la extinta guerrilla de las Farc, pero de esas familias, 12 tuvieron que regresar nuevamente a Europa por su seguridad.
Diana Ortiz también cuenta que, de las 15 personas que conforman el colectivo en Argentina, todas tienen la ilusión intacta de volver a un país distinto que proteja a las personas que piensan diferente y a sus líderes sociales, pero la fecha no parece venir pronto. Incluso, la mayoría de personas que viven en el exilio o refugio han regresado al país por lo menos de vacaciones y con el objetivo de analizar si pueden quedarse de nuevo, pero además de la seguridad, las condiciones no siempre son favorables. “Digamos que yo regresara y me fuera a vivir a una vereda y pusiera una tienda para subsistir, así puedo aportar a la construcción de mi país y regreso pero ¿A dónde me voy? ¿Cómo comienzo una vida de cero laboralmente? ¿Qué garantías hay de no repetición para el retorno? ¿Quién me tiende la mano y me garantiza los mínimos para arrancar una vida?”. Sobre eso tampoco parece haber respuestas.