La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas sigue bajo la lupa. A los duros cuestionamientos que se vienen haciendo de la entidad por contratación atípica y presuntas presiones políticas -denuncias que ha hecho El Espectador, entre otros medios- se sumó que el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) -creado para asegurar la entrega de recursos destinados a indemnizar a las víctimas del conflicto armado en el país y que la Unidad coordina bajo la Dirección de Reparación- cerró 2025 con la mayor parte de los recursos comprometidos aún sin desembolsar.
Aunque comprometió COP 324.000 millones -el 99,8 % de los recursos programados para 2025-, al 31 de diciembre de ese año solo había girado COP 139.000 millones, equivalentes al 43,14 % de esos recursos. En términos concretos, la cifra implica que más de la mitad del presupuesto del Fondo, que suma cerca de COP 184.500 millones, quedaron comprometidos, pero sin pago efectivo al cierre del año.
Así se lee en el Informe de Gestión que la misma Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas publicó en enero pasado. El documento señala que pese a que hubo “fortalecimiento en el ritmo de ejecución durante el segundo semestre, posterior al 9 de junio”, no pudo hacerse la ejecución de los recursos por la “no asignación” del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) en diciembre de 2025.
El PAC es el instrumento del Ministerio de Hacienda que autoriza los desembolsos efectivos para las entidades. El presupuesto que cada institución autoriza dice cuánto se puede gastar, pero es el PAC el que da luz verde de cuándo se puede girar efectivamente ese dinero. Cada entidad le pide al Ministerio de Hacienda el giro dependiendo de su nivel de ejecución, y esa cartera puede o no autorizarlo.
Según el Fondo de Reparación, durante toda la vigencia se realizaron de manera oportuna las solicitudes mensuales del PAC y la radicación de los documentos requeridos, pero en diciembre de 2025 no se contó con disponibilidad suficiente para completar los pagos, aunque no se precisa por qué.
El pasado 30 de enero de 2026, la directora de la Unidad de Víctimas, Álix Duneika Aguilar, quien llegó a la entidad tras la salida de Adith Romero, declarado insubsistente por el Gobierno el 23 de enero de este año, firmó una resolución en la que se admite el rezago presupuestal tanto de esa entidad como del Fondo de Reparación.
El documento, de 366 páginas, formaliza en el artículo 4 que se debe ordenar el traslado de los compromisos que no pudieron pagarse al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) para constituir reservas presupuestales y asegurar la continuidad de las obligaciones pendientes. En el mismo informe de gestión, la Unidad de Víctimas admite que uno de los retos de 2026 es “formular planes de contingencia frente a no desembolsos del PAC”.
Este panorama es riesgoso en medio de la crisis fiscal del país, el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento que promovía el Ejecutivo y que buscaba recaudar COP 16,3 billones para completar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026 y la inminencia de un recorte del gasto del gobierno de Gustavo Petro a menos de seis meses del fin de su mandato.
El Ministerio de Hacienda mantiene reglas estrictas de austeridad y el PAC para autorizar giros efectivos. Como los compromisos se concentraron al final del año, se traslada la carga al presupuesto del año siguiente.
El rezago presupuestal también está en la Unidad de Víctimas
Más allá del Fondo, las cifras de la Unidad muestran una dinámica similar de atraso. La orden de traslado al SIIF, que dio Aguilar para el Fondo de Reparación en la resolución, también se da en el presupuesto de la Unidad para las Víctimas.
El informe del sector incluso afirma que a corte de noviembre de 2025, la Unidad tenía COP 1.330.160 millones apropiados para indemnización individual de víctimas. De ese monto, COP 592.538 millones ya estaban comprometidos, pero no habían sido pagados. Eso significa que cerca del 45 % de los recursos comprometidos para indemnización individual seguían pendientes de giro en el tramo final del año.
En ese mismo informe, la Unidad apenas registraba un 39 % de recursos comprometidos al cierre del tercer trimestre, pero el comportamiento del último tramo del año cambió toda la dimensión. Entre septiembre y diciembre la entidad pasó de tener menos de la mitad del presupuesto jurídicamente comprometido a cerrar la vigencia con niveles cercanos al 100 %.
Eso implica que una porción sustancial de los actos administrativos, compromisos y obligaciones se concentró en el último trimestre, pero como no se ejecutaron pasan a ser pendientes del siguiente año. En términos prácticos, 2026 empezó de facto no solo con las metas que debe cumplir la entidad, sino también con una carga heredada de deudas.
Desde el punto de vista jurídico, el mecanismo es válido y está contemplado en el régimen fiscal colombiano. Las reservas permiten garantizar pagos que no alcanzaron a ejecutarse dentro del año presupuestal. Pero en términos de política pública, el efecto es más profundo, porque esos dineros incluyen varias cosas como contratos, servicios y bienes, pero también reparaciones a víctimas.
Aquí entra un dato clave: como tener recursos comprometidos no significa lo mismo que ejecutados o efectivamente entregados, cada compromiso con una víctima que queda sin giro de recursos significa que la reparación reconocida no se convierte en dinero recibido.
Una cosa es registrar una reparación administrativa en el papel que se da, por ejemplo, a través de títulos de indemnización, que son documentos emitidos por la Unidad para las Víctimas bajo la Ley 1448 y que certifican el derecho a recibir una compensación económica.
Otra distinta es que las víctimas logren ese tipo de reparaciones cuando se concretan que el dinero llega a su cuenta. Es casi como entregar un cheque, pero sin fondos disponibles por el momento. Entre la entrega de títulos y la llegada del dinero puede haber meses de diferencia. Y en una institución cuya función es reparar a personas que han esperado durante años, esa diferencia no es menor.
Si más de la mitad de las indemnizaciones reconocidas no se pagan dentro del mismo año, el efecto es sencillo: esas deudas pasan al siguiente. Eso significa que el nuevo presupuesto no solo debe cubrir las indemnizaciones que se ordenen en 2026, sino también las que quedaron pendientes de 2025, y eso podría afectar al próximo gobierno.
Con el Fondo hay además una alerta que dio a conocer este diario en la denuncia del pasado 24 de enero por el inusual aumento que tuvo ese mecanismo sobre los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), un instrumento obligatorio en la gestión pública que acredita que existen recursos disponibles en el presupuesto para respaldar un gasto específico. Sin los CDP, la entidad no puede legalmente contratar ni comprometer recursos.
Una fuente de la Unidad afirmó entonces a este diario que en 2025 se realizaron contratos en el FRV por COP 9.200 millones, pero el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 126 que presentó el Fondo fue por valor de COP 22.500 millones. “Con eso así, el Fondo de Reparación contrataría a 2.248 personas, es decir, mucho más personal que la misma Unidad de Víctimas”, explicó una de las personas entrevistadas.
Y agregó que, en todo caso, es un comportamiento anormal si se tiene en cuenta que, solo durante 2025, el Fondo de Reparación tuvo contratos por COP 9.202 millones y que para 2026, en pleno año electoral, se diga que se necesita utilizar COP 22.500 millones.
En los últimos meses, Colombia+20 de El Espectador ha documentado episodios de inestabilidad directiva, contrataciones aceleradas antes de la Ley de Garantías, renuncias seguidas de recontrataciones y cambios abruptos en la dirección de la entidad. Ahora el foco se traslada a la ejecución financiera del Fondo.
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