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“Compañeros, hoy no son buenos los momentos. En la madrugada de este viernes fue atacado con arma de fuego el gobernador del resguardo indígena de Belalcázar, Ermes Evelio Pete, mientras intentaba viajar a la ciudad de Popayán a desarrollar actividades como autoridad tradicional. Está herido”, decía el mensaje por WhatsApp del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que compartieron ayer.
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El repudio no era menor. Apenas el miércoles enterraron a Efigenia Vásquez Astudillo, asesinada el domingo pasado por un impacto de bala en su pecho, mientras los comuneros se enfrentaban con los hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), en la finca turística Aguas Tibias, ubicada en el municipio de Coconuco, al oriente del Cauca.
La presencia de los uniformados en el resguardo indígena de Coconuco obedecía a la alarma que había prendido quien es el dueño del predio Aguas Tibias, el payanés Juan Diego Angulo: “Atención, amigos periodistas, ¡urgente!, los indígenas en este momento ya entraron a las instalaciones (del centro turístico), atravesando el río. La Policía se encuentra allá porque son 50 personas. Dejaron que esto se les agrandara porque no actuaron cuando había poquitos y ya están llegando más indígenas a apoyar esta acción delictiva en propiedad privada…”, alertó con voz fatigada a través de una nota de voz en un grupo de prensa de periodistas del Cauca.
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La refriega comenzó hacia el mediodía, según el mensaje de Angulo, y según las autoridades del CRIC, Vásquez Astudillo recibió el disparo a las 3 p.m. Aún no se sabe quién lo hizo. De un lado dicen que fue el Esmad o la Policía departamental del Cauca. Del otro lado, aseguraron que habían sido los mismos comuneros con el rostro cubierto. A esto, Darío Tote, exgobernador del resguardo de Coconuco respondió: “Ellos son Goliat y nosotros David. Ellos tienen helicópteros, tanquetas y armas. Y nosotros piedras, caucheras y garrotes, esa es la realidad”.
Esta es una pelea de vieja data entre indígenas, terratenientes y empresarios. El más reciente capítulo empezó hace seis meses, cuando los indígenas anunciaron que harían acciones de “recuperación de la madre tierra”, como llaman a la actividad de ingresar a las fincas que reclaman como parte del resguardo.
La actividad comenzó en el norte del Cauca, donde también hubo enfrentamientos con el Esmad. En el municipio de Corinto, por ejemplo, hubo confrontaciones en las fincas García Arriba, Granadita, La Cosecha y Quebrada Seca. Y en Caloto, por La Emperatriz y Vistahermosa. Algunas de propiedad de ingenios azucareros o de propietarios que rentan la tierra para el monocultivo de caña.
Pero, ¿qué es la liberación de la madre tierra para los indígenas caucanos? “Ancestralmente hemos luchado por recuperar la tierra que hace 525 años era nuestra. Esa es la liberación que promovemos”, dice Darío Tote para significar su pelea, en la que no se salva ni la Iglesia católica, con la que están enfrentados por un predio en la comunidad indígena de Julumito, en Popayán.
En 2013, el Gobierno, en cabeza del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el CRIC acordaron que la hacienda Aguas Tibias, de 82 hectáreas, sería comprada por el Estado para entregársela al resguardo indígena. Los coconucos se ampararon en el “saneamiento de resguardos”, consagrado en la Constitución, que señala que toda propiedad privada que esté dentro de jurisdicción indígena será entregada a la comunidad ancestral. No obstante, a la fecha no se ha llegado a un pacto de precios entre el propietario de la tierra y el Estado, comenta Henry Caballero, vocero del CRIC.
Entretanto, la tensión ha ido subiendo. Desde el domingo pasado se han registrado enfrentamientos entre el Esmad e indígenas, y los hechos ya dejan un saldo de al menos cinco heridos de la Fuerza Pública (esta semana) y 40 comuneros lesionados en seis meses de protesta.
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Esta semana los indígenas denunciaron ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos los hechos en los que murió Efigenia Astudillo. Ayer se reunieron las autoridades del CRIC y el defensor del Pueblo del Cauca, Norman Granja, para apaciguar los ánimos luego de que el funcionario denunciara que los coconucos impidieron el paso a una comisión humanitaria que llevaba alimentos y agua para los policías que desde hace cuatro días estaban sin abastecimiento en la hacienda Aguas Tibias.
Las autoridades tradicionales anunciaron una movilización nacional indígena para el 30 de octubre. Buscan denunciar que el Gobierno ha firmado y no ha cumplido, desde 1990, cerca de 1.325 acuerdos. Igualmente, dijeron que continuarán con la “liberación de la madre tierra”, aun cuando la polarización con los gremios por estos hechos crece en el departamento. La última en pronunciarse fue la Cámara de Comercio del Cauca, instando a respetar la propiedad privada y rechazando las vías de hecho. Esto último, visto por los indígenas, es una presión para que el predio Aguas Tibias no sea negociado. La disputa por la tierra en el Cauca es una oportunidad para que el Estado materialice y concierte una política donde indígenas, campesinos y empresarios tengan cabida en el territorio sin recurrir a la violencia.