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Abordar temas de salud mental sigue siendo un tabú en Colombia. En nuestro país hay distintos factores de riesgo para llegar a padecer algún trastorno mental, pero sin duda un conflicto armado interno de cerca de seis décadas, distintas volatilidades en la estabilidad financiera y la reciente pandemia por covid-19 son apenas tres de las grandes causas por las que debería ser obligatorio hablar más y sin vergüenza sobre cómo asumir la salud mental a partir de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación equitativa.
En octubre de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un estudio en el que quisieron monitorear el estado de salud mental de los colombianos luego de un año y medio de pandemia. Algunos de estos resultados arrojaron que, entre abril de 2020 y junio de 2021, las líneas de orientación para tratar este tipo de trastornos atendieron 24.000 consultas, que principalmente se trataban de cuadros de ansiedad, reacciones al estrés y síntomas de depresión.
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A ello se suma que el acceso a un sistema de salud óptimo, que incluya por supuesto el componente de salud mental, es cada vez más difícil por las brechas sociales del país. Sin embargo, no todo es negativo. Si bien persisten acciones violentas, el país no tiene los registros del pasado y empieza a tener una conversación acerca de las consecuencias del conflicto, sobre todo tras la firma del Acuerdo de Paz que cumplirá seis años el próximo 24 de noviembre, y el reciente Informe Final entregado por la Comisión de la Verdad.
Pensando en este impulso a la calidad de vida de los colombianos que tengan o puedan llegar a padecer alguna condición vulnerable en su salud mental, se llevó a cabo el conversatorio “Desafíos en la atención en salud mental en un país que construye paz”, un espacio con panelistas expertos que surgió de la alianza entre la Gobernación de Antioquia, y el Programa Hilando Vidas y Esperanza de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) -implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)-, en el que se habló de inclusión, atención psicosocial, acompañamiento psicoemocional teniendo como base el Programa “Salud Para el Alma”.
Profesionales de la salud y voceros comunitarios del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño se reunieron en Medellín para discutir sobre los alcances de este trabajo interinstitucional que es una muestra fehaciente de que la construcción de paz no se puede pensar al margen de la salud mental.
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Óscar Cardona, gerente del Hospital San Juan de Dios de Anorí, insistió en que un buen primer paso para superar obstáculos que no permitan una buena atención preventiva en temas de salud mental es adecuar mejores espacios psicosociales ligados a la medicina.
Sobre esto, existe una alianza entre el Programa Hilando Vidas y Esperanza de USAID, implementado por OIM, el Hospital Mental de Antioquia (HOMO) y la Gobernación, que permite que hospitales como el de Anorí cuenten con espacios psicosociales y equipos de telemedicina en cinco municipios del Bajo Cauca antioqueño, para mejorar el acceso a estos servicios en el departamento.
“Nos tenemos que adaptar a realidades y proyectarnos a futuro. Las salas de telemedicina deben ser un recurso más utilizado para llegar a personas que no puedan acudir presencialmente a centros de salud de alta calidad. Tenemos que cualificar nuestros recursos y capacitar al personal médico para que acompañe al paciente en cualquier condición, sea virtual o presencial… como nos lo enseñó a la fuerza la pandemia”, agregó el médico.
Por su parte, María Mercedes Uribe, subgerente científica del HOMO, recalcó que estos espacios de telemedicina deben tener un alcance especial en la atención a víctimas del conflicto armado, y que uno de los graves problemas en Colombia era la falta de psiquiatras en las regiones, situación delicada para la identificación y el correcto seguimiento de un trastorno mental. “En el país hay un psiquiatra por cada 200.000 habitantes. De los que hay, muchos de ellos están en Bogotá, y por eso cada día la atención en telemedicina es más importante. No podemos tomar como única solución que las personas rurales vayan a las ciudades para ser atendidas, si hacemos eso impactamos sus bolsillos y la calidad de vida”, añadió.
Uribe, haciendo alusión a los miles de familias antioqueñas afectadas por la guerra, hizo un llamado para seguir articulando esfuerzos en favor de su dignidad desde la salud. “Solo por hablar de unos casos, no podemos olvidar familias víctimas del conflicto en San Rafael o San Carlos -en el oriente del departamento- que luego de tanta violencia quedaron vulnerables a enfermedades mentales que necesitan ejercicios terapéuticos de calidad. La guerra deja efectos neurobiológicos, a veces no vemos ni medimos esos impactos, entonces creemos que por eso también tiene más fuerza el programa “Salud para el alma”. Desde allí se priorizan poblaciones afectadas por distintos factores, incluyendo víctimas de violencia sexual”, concluyó.
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Caso similar fue el que puso sobre la mesa Andrés Mira, representante de la Red Protectora de Caucasia, al contar que los traumas, principalmente por hechos violentos, afectan directamente la confianza de quienes necesitando apoyo psicoemocional prefieren guardar silencio.
“He enseñado a jóvenes de mi municipio que desde la confianza en colectivo salimos adelante. Ejerzo como docente sin serlo, para enseñarles que sentirse mal no es de locos”, explicó.
Desde el lado político-administrativo, la formación de redes comunitarias para atender episodios relacionados con la salud mental es crucial para el desarrollo de los territorios. Así lo expresó Yeny Palacio, gestora comunitaria y funcionaria de la Alcaldía de Anorí, quien luego de diálogos con población civil en su territorio -incluyendo sobrevivientes de la guerra- quedó con la idea de que muchos habitantes piensan que la atención del Estado a las comunidades vulnerables tan solo se queda en temas de acceso a vivienda, proyectos empresariales o de participación electoral, cuando más allá del papel no es ni debería ser así.
“Debemos robustecer la pedagogía y la comunicación para que las víctimas y otras personas en condiciones difíciles sepan que existe la salud mental y que eso no los hace locos ni “superenfermos” en caso de que lleguen a necesitar un acompañamiento así”, acotó, yendo en línea con Mira.
Por parte de la Gobernación de Antioquia, la secretaria de Salud, Ligia Amparo Torres, le dijo a este diario que “Salud para el alma” es un programa integral de diferentes fases que articula hospitales y gestores comunitarios, un puente clave para llegar a aquellos que han sido blanco de barreras en los servicios de protección social y que por esa razón no son parte de una integralidad que los puede sacar adelante de un problema difícil. “Tenemos con ese programa el componente en salud mental, trastornos mentales, consumo de sustancias psicoactivas, violencias, suicidio y epilepsia. Todos necesitamos reconciliarnos y sanar con nosotros mismos y con quienes nos rodean para construir sociedad”, afirmó.
