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Cuando el llanto se le atravesó en la garganta, el soldado decidió cortar la nota de voz que estaba grabando para pedir refuerzos: “Nos acabaron de levantar. Hay compañeros muertos, colabórenme pidiendo ayuda”. Empezó a registrar otro audio, pero el desespero se le colaba entre las palabras y lo hacía sonar desorientado, desalentado: “No sé ni dónde estoy. Ahí tenemos otro explosivo y de pronto nos estalla. Esto es una mierda”.
Todo ocurrió en la vereda La Esperanza, de Balboa, Cauca, un terreno montañoso y olvidado donde el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC atentó esta semana contra una caravana de militares. El ataque terrorista dejó a cinco uniformados muertos y a 16, heridos.
Nadie supo el nombre de aquel soldado, pero su voz le dio la vuelta al país. Era la voz desgarrada de quien sufre lo más cruento de la guerra, de quien ve morir a un compañero en medio del cumplimiento de su misión: los uniformados se dirigían a reemplazar un puente que Los Patiño habían volado entre La Hacienda y El Plateado, el corregimiento del Cauca que el presidente Gustavo Petro está intentando retomar desde hace 20 meses, sin éxito completo todavía.
Este nuevo episodio de violencia resume, en buena medida, lo empantanada que está la situación de seguridad del país: las apuestas de transformación territorial del Gobierno, loables y necesarias, se ven truncadas por el actuar violento de grupos armados ilegales que, tras apartarse de los diálogos de paz, están más empoderados y bélicos que antes y se resisten a cederle el control del territorio al Estado.
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“Lo que demuestra este escenario es que el Gobierno llegó a un estancamiento en su política de seguridad. Las partes se enfrentan entre sí, vemos bajas de lado y lado, pero esas afectaciones no cambian sustancialmente la ecuación de la guerra, y esa es la lógica que nos espera de aquí al 2026″, plantea el investigador Jorge Mantilla, experto en seguridad, crimen y gobernanzas armadas.
El caso de El Plateado y el cañón del Micay con el frente Carlos Patiño (que hace parte del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco), es apenas la punta del iceberg.
Hace dos meses el país vio la magnitud que puede tener hoy nuestro conflicto, cuando la guerrilla del ELN desató una violenta arremetida terrorista en Catatumbo (Norte de Santander), que causó la peor crisis humanitaria en casi tres décadas: 55.000 personas desplazadas, al menos 75 muertas, 24.000 confinadas y un ambiente de zozobra que persiste.
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El timonazo en seguridad no es suficiente
Ante la crisis, el Gobierno ha optado por endurecer su estrategia militar, para robustecer el pie de fuerza y dar más golpes a las estructuras ilegales.
Ese timonazo se inició a mediados del año pasado dada la falta de resultados de la paz total, pero se ha venido profundizando, como lo demostró el nombramiento como ministro de Defensa del general Pedro Sánchez, quien se retiró de la Fuerza Pública para asumir el cargo, una novedad después de 30 años sin un uniformado al frente de esa cartera.
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El cambio de estrategia se notó con fuerza hace al menos ocho meses, cuando el Gobierno abrió la puerta a intensificar la ofensiva militar. El 24 de julio del año pasado, justo en El Plateado, la Fuerza Aérea Colombiana realizó el primer bombardeo durante la administración Petro. Esas acciones se habían restringido al máximo, entre otras razones, para evitar percances en las mesas de diálogos con los grupos armados.
Poco después, cuando se acabó la vigencia del cese al fuego con el ELN, se aumentaron los operativos contra esa guerrilla, y el cierre del año estuvo marcado por el ingreso de cientos de militares a El Plateado en el marco de la operación Perseo.
Sin embargo, la militarización no fue suficiente. Como lo explicó en el primer consejo de ministros televisado Iván Velásquez, quien para ese momento lideraba la cartera de Defensa, las demoras para entrar al casco urbano del corregimiento estaban atadas a la falta de articulación de otras entidades del Gobierno para llevar proyectos en sectores como salud, educación, agricultura y sustitución de cultivos de uso ilícito.
“Hemos insistido en que no podemos quedarnos indefinidamente sin una presencia real del Gobierno”, dijo el exministro Velásquez.
Las claves para entender cómo llegamos hasta acá
La zona del cañón del Micay y la región de Catatumbo, separados por dos cordilleras y más de 1.200 kilómetros de distancia, comparten varias características: son regiones históricamente marcadas por la ausencia estatal, controladas por estructuras ilegales, donde un altísimo porcentaje de la población rural subsiste de economías ilícitas (cultivos de coca o minería ilegal) y, además, donde abunda la desconfianza de las comunidades hacia las instituciones por las promesas incumplidas gobierno tras gobierno.
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“En estas zonas la población vive en una situación muy difícil, con mucha presión de los grupos armados. En ese contexto, el Gobierno no puede entrar solo con una apuesta militar, sin una apuesta integral detrás, y aunque han sido conscientes de eso, después de dos años la gente se siente frustrada porque no ve cumplimiento”, explica la investigadora Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group.
Mantilla plantea tres elementos centrales que explican lo que estamos viendo: la falta de articulación entre la paz total y la política de seguridad del Gobierno; el “haber perdido la iniciativa del uso de la fuerza, que volvió al Estado un actor secundario” en la confrontación; y el descuido en las capacidades militares, que llevó al debilitamiento del poder aéreo, el pie de fuerza y la inteligencia. A esto se suma la falta de implementación del Acuerdo de Paz.
“Independientemente del fracaso o no de la paz total, que siempre fue una posibilidad, esos elementos nos llevan al escenario actual, donde así el Estado quiera recuperar el control y lanzar una ofensiva, no va a tener resultados en el corto o mediano plazo, sino un estancamiento. El Plateado es una muestra, porque tras 20 meses aún no hay resultados tangibles”, dice el investigador.
Un poblador de ese corregimiento del Cauca le sintetizó así la situación a Colombia+20: “Es un avance que los militares hayan entrado al pueblo, pero nosotros no vemos una recuperación real. Acá siguen mandando Los Patiño, nos extorsionan por todo, amenazan a la gente, y el problema se ve más hacia la parte baja. En San Juan de Mechengue, La Emboscada y Huisitó ellos mandan. Si el Ejército no copa esa parte, esto no va a llegar a ningún lado”.
“Esta película ya la vimos y no funcionó”
En la región del Catatumbo también persisten las dudas sobre la propuesta del Ejecutivo. Aunque se anunció un plan para sustituir los cultivos de coca, formalizar las tierras y realizar obras, varios sectores han alertado que hay errores de planeación.
A esto se suman las dificultades de implementar programas de desarrollo alternativo en una zona en la que el Estado aún no tiene control territorial (en Norte de Santander, el ELN domina buena parte del territorio; en Cauca, las disidencias de las FARC).
De hecho, el riesgo no solo es que estos grupos obstaculicen la ejecución de las obras, sino que se aprovechen de esto para lucrarse. Ya es conocido cómo las estructuras armadas amenazan y extorsionan a los contratistas para obtener recursos, e incluso logran establecer alianzas para desviar fondos a sus arcas criminales, como ha ocurrido con el ELN en el departamento de Arauca.
“Es evidente el riesgo de que se dé un escenario de cooptación de recursos del Estado por los grupos, una suerte de ‘araucanización’ del Catatumbo, por ejemplo”, apunta el investigador Jorge Mantilla.
Tanto en El Plateado como en Catatumbo, el Ejecutivo le está apostando a proponer planes de sustitución de coca de desarrollo alternativo para enfrentar la crisis de violencia ocasionada por los grupos armados ilegales.
Sin embargo, una de las preocupaciones es que estas apuestas, especialmente en el tema de las siembras de uso ilícito, tienen similitudes con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), la estrategia que se pactó en el Acuerdo de Paz de 2016, que fracasó en varios puntos: no sirvió para disminuir las hectáreas cultivadas, incrementó la violencia contra líderes sociales en un 480% y, especialmente, producto de los incumplimientos, aumentó la desconfianza de las comunidades en el Estado.
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El mismo presidente Petro, en su más reciente consejo de ministros televisado, les jaló las orejas a varios de sus altos funcionarios por no plantear iniciativas que contribuyan a cambiar de raíz el panorama de estas regiones.
“Esto no es el cambio”, dijo el presidente después de que el Ministerio de Agricultura habló de que su objetivo era crear proyectos productivos de caña y cacao para 200 familias en la región, mientras la meta de la cartera de Vivienda era el mejoramiento de 581 casas. En su llamado de atención, Petro exigió que se planteen soluciones que involucren a toda la población.
Esa es, justamente, una de las principales demandas de las comunidades, que después de décadas de promesas ven con desconfianza la mayoría de las propuestas del Estado.
“En la región la gente dice que esta película ya la vio y no funcionó. Lo que se necesita es una planificación alcanzable y empezar a implementar. Hay oportunidades, porque la gente está cansada de la violencia de los grupos y, a pesar de las tensiones del pasado, están aceptando la entrada de la fuerza pública. Es una oportunidad para construir confianza, pero el plan debe estar bien pensado”, dice Dickinson.
Con la cuenta regresiva en contra, en los territorios más golpeados por la violencia se mantiene la esperanza de que los programas se materialicen para que un cambio en la vida y las economías llegue. Esa es una expectativa que Petro sembró desde su campaña a la Presidencia, pero, por ahora, está lejos de cumplir.
