Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), conocidas como curules de paz, podrían quedar con 15 escaños en la Cámara de Representantes —uno menos de que se pactó en el Acuerdo de Paz— después de que Karen Manrique, representante reelecta por Arauca, se entregara ante las autoridades en el municipio de Tame por la orden de captura que emitió la Corte Suprema de Justicia contra.
Tras estudiar una ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Sala de Instrucción del alto tribunal concluyó que existen indicios sobre la presunta participación de Manrique en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Dentro del mismo proceso, el tribunal también ordenó la captura del congresista Wadith Manzur.
Según el exdirector de la UNGRD, Olmedo López —uno de los principales investigados en el caso—, la congresista habría sido mencionada como una “emisaria” del Gobierno en la Cámara de Representantes para acordar contratos por más de COP 92.000 millones a cambio de respaldos legislativos.
El exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, también la señaló. Según su versión, un contrato por más de COP 32.000 millones en el municipio de Saravena habría sido direccionado para favorecer intereses cercanos a la congresista, particularmente los de su esposo.
¿Qué pasará con la curul de Manrique?
Según explicó hace unos días a Colombia+20 Diego Alejandro Rubiano, director del Observatorio Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), en este tipo de casos puede aplicarse la figura de la silla vacía, que impide que un congresista sea reemplazado cuando es privado de la libertad por determinados delitos.
Para que esa consecuencia se dé —señaló Rubiano— lo primero que debía ocurrir era que quedara en firme la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Además, tiene que darse la materialización de la captura. “A partir de ese momento se activa el régimen constitucional de responsabilidad política, previsto en el artículo 107 de la Constitución y normas concordantes, que regula la figura de la silla vacía”, señaló.
El nuevo Congreso —que inicia el 20 de julio— tendrá que pronunciarse para el siguiente periodo constitucional y decidir si continúa esa silla vacía.
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