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La decisión del Gobierno Petro de trasladar a los máximos jefes de las bandas criminales “Los Costeños” y “Los Pepes”, en el marco de la paz total, generó cuestionamientos por parte de la Alcaldía de Barranquilla, que aseguró no haber sido informada ni haber participado en una coordinación técnica previa para evaluar los impactos de la medida en la seguridad de la ciudad.
El traslado carcelario de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como Castor, a la capital del Atlántico fue anunciado por el Ministerio de Justicia como parte de los diálogos exploratorios con ambas estructuras criminales, autorizados mediante la Resolución 442 del 5 de diciembre de 2025.
En contexto: Gobierno Petro da luz verde a acercamientos de paz con bandas de Barranquilla Los Pepes y Los Costeños
Según esa cartera, la solicitud llegó el pasado 9 de enero, cuando el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, pidió formalmente la medida con el fin de sostener la tregua pactada entre ambas estructuras ilegales que vence el próximo 20 de enero, así como proteger a la población civil de una ola de violencia.
“La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de mantener la tregua y, principalmente, salvaguardar a la ciudadanía. Pero advierto: no van a un hotel. El traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, señaló Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.
Sin embargo, a través de un comunicado, la Alcaldía de Barranquilla manifestó que no fue informada previamente de la decisión y cuestionó la falta de coordinación técnica entre las autoridades distritales, la Gobernación del Atlántico y el Gobierno nacional.
“Siempre hemos apoyado los esfuerzos de paz de este y de anteriores gobiernos, pero por el alto perfil criminal de las personas que serán trasladadas a nuestro territorio hubiera sido importante poder establecer una coordinación técnica permanente entre el Distrito, la Gobernación y el Gobierno nacional con el fin de evaluar los posibles efectos de dicho traslado y tomar las respectivas medidas de seguridad ciudadana y fortalecimiento penitenciario con el fin de que las cárceles de la ciudad no se conviertan en centros de mando criminal y la mesa de diálogo en un escenario de fortalecimiento de la ilegalidad”, aseguró la administración distrital en un comunicado.
En este contexto, hizo un llamado a fortalecer los canales permanentes de comunicación entre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Dirección Nacional de Inteligencia y las autoridades distritales, con el propósito de anticipar o responder de manera oportuna ante cualquier alteración del orden público, especialmente de cara a las próximas elecciones.
El analista Luis Fernando Trejos advirtió que esa falta de coordinación ha sido una de las falencias de este proceso: “Tanto de la fase de prediálogo como del eventual diálogo que posiblemente se iniciaría después del 20 de enero, día en el que termina la tregua, de ese escenario han sido marginadas las autoridades distritales, y son precisamente esas autoridades las que han venido librando la lucha contra ‘Pepes’ y ‘Costeños’ en los últimos años”, dijo a Blu radio.
La tregua entre “Los Costeños” y “Los Pepes”
El 2 de octubre, ambas bandas anunciaron una tregua, que se acabará en nueve días. La mediación contó con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno nacional, aunque sin la participación directa del comisionado Otty Patiño.
Un informe revelado el 4 de noviembre por las autoridades del Atlántico –elaborado junto con el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia– reportó una reducción de los delitos en Barranquilla con corte al 31 de octubre.
Según esos datos, la extorsión cayó un 84% y el homicidio un 57%. También disminuyeron el hurto al comercio (61%), el hurto a personas (26%) y el hurto de motocicletas (32%).
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