“Es hora de reiniciar los contactos con el ELN”, dijo el presidente Gustavo Petro esta semana, en una declaración que reabre la puerta a la negociación más compleja de su política de “paz total”. Sus palabras llegan en un momento especialmente tenso: mientras el Gobierno intenta revivir los canales con la guerrilla, el ELN vuelve a estar en el centro de una tormenta geopolítica que involucra a Venezuela, Estados Unidos y el propio Palacio de Nariño.
El reciente ataque de fuerzas estadounidenses en el Caribe, que dejó tres presuntos narcotraficantes muertos y que Washington vinculó directamente con esa guerrilla, reactivó las tensiones en torno al papel del grupo en la región. A la par, el presidente, de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción de drogas” y anunció que, de regresar a la Casa Blanca, suspendería toda ayuda económica y militar a Colombia.
La coincidencia de ambos hechos —el operativo militar y el ataque político— ha elevado la temperatura diplomática. Colombia rechazó las declaraciones de Trump y calificó de “infundadas y peligrosas” las acusaciones, mientras que desde Washington el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la operación naval en el Caribe como una acción “antinarcóticos legítima”.
“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó Hegseth.
Sin embargo, el presidente Petro dice que la lancha no era del ELN sino de un pescador de Santa Marta.
“La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos. Qué le dice usted a esa familia, explíqueme porque usted ayudó a asesinar un humilde pescador de Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar, y de la que dicen, es el corazón del mundo. ¿Qué le dice usted a la familia del pescador Alejandro Carranza? Era un ser humano humilde.
La familia dijo a EL TIEMPO que ninguna autoridad ha hablado con ellos y que desconocen la suerte de Carranza.
Detrás de este cruce de declaraciones y operaciones hay un elemento que conecta las tres capitales: la relación del ELN con Venezuela. Desde hace años, esa guerrilla ha consolidado su presencia en los estados fronterizos de Apure, Zulia y Táchira, donde se refugian estructuras armadas que controlan rutas de contrabando y tráfico ilegal.
Caracas, por su parte, ha mantenido un delicado equilibrio: mientras actúa como país garante en los diálogos de paz impulsados por Petro, también es señalada por agencias internacionales de permitir la permanencia del grupo en su territorio.
Esa ambigüedad hace de Venezuela un actor decisivo. Para Nicolás Maduro, la negociación con el ELN representa una oportunidad para recuperar legitimidad internacional y mostrarse como garante de estabilidad regional. Pero la reciente militarización del Caribe y la presión de Estados Unidos lo ponen en una posición incómoda: si colabora abiertamente con Washington, arriesga romper su alianza política con Petro y con el bloque progresista latinoamericano; si se mantiene en silencio, puede ser acusado de encubrir operaciones del ELN en su territorio.
Cualquier escalada diplomática o militar en la región pone en riesgo el proceso de “paz total”. El ELN es el corazón simbólico de esa apuesta, y la más difícil de todas las negociaciones que impulsa el gobierno colombiano. La suspensión de ayuda de Estados Unidos —que ascendería a unos 500 millones de dólares anuales en cooperación militar y social— no solo afectaría la lucha contra el narcotráfico, sino también los programas de sustitución de cultivos, las misiones de verificación y el financiamiento de proyectos en zonas rurales.
El discurso de mano dura de Trump contra Petro encaja en su narrativa de seguridad en el hemisferio. Desde su punto de vista, el avance del narcotráfico, la migración y la presencia de grupos como el ELN en Venezuela son síntomas de un “Estado permisivo” en Colombia y de la influencia del chavismo. En ese tablero, la paz total aparece no como una política de reconciliación, sino como una amenaza a los intereses estadounidenses en la región.
Para Petro, en cambio, el desafío es doble: mantener abierta la vía de negociación con el ELN y al mismo tiempo preservar la cooperación internacional que hace posible gran parte de su política social y de seguridad. Cerrar esa puerta significaría aislar a Colombia justo cuando busca consolidar su liderazgo regional.
El futuro del proceso con el ELN dependerá, en buena medida, de si el gobierno logra separar el conflicto interno colombiano de las tensiones externas. Pero los acontecimientos recientes indican lo contrario: el conflicto ha dejado de ser puramente nacional para convertirse en un asunto de geopolítica continental. En ese nuevo escenario, el ELN ya no es solo una guerrilla; es un factor de poder que conecta los intereses de Caracas, Bogotá y Washington.
Por ahora, la paz total sigue en el horizonte, pero cada día más lejana, atrapada entre los discursos de Trump, las maniobras de Maduro y las presiones de una región que vuelve a vivir —una vez más— entre la guerra y la diplomacia.
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