La Unidad para las Víctimas firmó casi 3.000 contratos en el periodo previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, de acuerdo con un cruce de datos entre el informe de Colombia Compra Eficiente y documentos compartidos a Colombia+20 por fuentes dentro de la entidad.
El volumen de procesos ubica a la entidad como la tercera que más firmó contratos en etapa preelectoral, según el conteo del informe de Colombia Compra Eficiente. Las cifras dicen que en el primer lugar estuvo el Sena con 37.626 contratos que sumaron COP 1,7 billones. Le siguió el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que firmó 15.627 contratos por un valor de COP 1,2 billones, y por último la Unidad para las Víctimas con 3.123 contratos que sumaron cerca de COP 508 mil millones.
Un consolidado interno conocido por este diario que disgrega los contratos firmados por direcciones, subdirecciones y grupos de trabajo de esa entidad. En ese recuento se muestran 2.541 contratos firmados.
En paralelo, las fuentes afirman que hay otros 1.000 procesos adicionales asociados al Fondo de Reparación a Víctimas –un mecanismo estatal creado para administrar, monetizar y destinar recursos a la reparación de las víctimas del conflicto–. El agregado de ambas fuentes lleva la cifra a un rango cercano a 3.500 contratos, una cifra que coincide muy de cerca con la presentada por el informe de Compra Eficiente.
El detalle por dependencias consignado en el documento en poder de este diario muestra que la mayor carga contractual se concentra en áreas misionales. En reparación, las cifras más altas están en el Grupo de Enfoque Psicosocial (297 contratos), la Subdirección de Reparación Individual (226), la Dirección de Reparación (178), la Subdirección de Reparación Colectiva (173) y el Grupo de Retornos y Reubicaciones (90).
En gestión social y humanitaria aparecen la Dirección de Gestión Social y Humanitaria (86), la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (52), la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria (50) y el Grupo de Servicio al Ciudadano (41).
En soporte operativo y transversal, los mayores volúmenes están en Gestión Financiera y Contable (78), Talento Humano (56), Gestión Administrativa y Documental (42), Gestión Contractual (41) y Tecnologías de la Información (39). También figuran la Oficina Asesora Jurídica (105), la Oficina de Planeación (37) y la Oficina de Comunicaciones (47).
Otras áreas con carga relevante son la Dirección de Asuntos Étnicos (195); en registro e información, la Subdirección de Valoración y Registro (200), la Dirección de Registro y Gestión de la Información (161) y la Subdirección de la Red Nacional de Información (86).
En gestión interinstitucional se reportan Participación (45), Gestión de Proyectos (35), Dirección de Gestión Interinstitucional (33), Coordinación Nación–Territorio (29) y Coordinación SNARIV (19). En la Subdirección General aparecen Despacho (25), Atención a Víctimas en el Exterior (16) y Fortalecimiento Estratégico o Emprendimiento a Víctimas (4).
El consolidado de la tabla suma 2.541 contratos (sin incluir los del Fondo de Reparación).
Presiones políticas y contratación atípica en la Unidad de Víctimas
El pasado 24 de enero, Colombia+20 denunció el aumento inusual de contratos en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, especialmente en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
La revisión de contratación por la plataforma Secop II, a corte del 23 de enero, identificó que en un lapso muy corto —entre medianoche y el mediodía siguiente— se registraron 48 contratos adjudicados, incluyendo una contratación directa de cerca de COP 71.000 millones para suministro de productos alimenticios y no alimenticios a población en riesgo o víctima del conflicto.
Fuentes internas consultadas por este medio señalaron que solo en los primeros 21 días de enero se vincularon por prestación de servicios más de 440 personas, un nivel considerado “atípico” para esa etapa del año, y que la instrucción habría sido acelerar vinculaciones de personas cercanas a ciertos congresistas en un contexto preelectoral.
Además de las cifras, la investigación de este diario reportó denuncias de presiones políticas internas. Según testimonios —bajo reserva—, coordinadores y directivos habrían ordenado listas de personas con datos personales que debían votar por determinados senadores, lo que fue presentado como evidencia de injerencia política en procesos de contratación.
En los últimos días, a propósito de la crisis nacional por inundaciones en Córdoba, el presidente Gustavo Petro hizo un duro regaño público a la Unidad de Víctimas y al Fondo de Reparación por la ausencia de representantes de la entidad en un Consejo de Ministros.
“¿Para qué es la Unidad de Víctimas? ¿Dónde está la señora de la Unidad de Víctimas? ¿Cómo es que no está? ¿Por qué no está ahora la señora o el señor de la Unidad de Víctimas y el Fondo? Desde ayer (lunes) estoy tratando de que venga. Esto no puede ser así”, afirmó.
El presidente añadió que, salvo una causa de fuerza mayor que él desconociera, la ausencia no tenía justificación: “Un funcionario así —a menos que haya alguna causa mayor y yo no conozca— es un irresponsable que no puede dejar al pueblo solo. Que me den el informe de quién sea y ya”.
El 27 de enero pasado la Presidencia publicó la hoja de vida de Alix Dunieka Aguilar Tirado como la nueva directora de la Unidad para las Víctimas tras la declaración de insubsistencia de Adith Rafael Romero Polanco.
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