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En menos de 24 horas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas registró seis cambios en cargos directivos y de asesoría de alto nivel, en una coyuntura marcada por la salida de su director, Adith Romero -declarado insubsistente-, y por el inminente inicio de la ley de garantías, que restringe la contratación estatal en época preelectoral.
La Resolución 0062 del 26 de enero de 2026 aceptó la renuncia de Sergio Andrés Agón Martínez, director técnico de la Dirección de Reparación; Mónica Katerine Gómez Jiménez, subdirectora técnica de Reparación Individual; Heryck Fabián Agudelo Mendieta, subdirector técnico de Reparación Colectiva; Alexander Alvarado Paternina y Jesús Miguel García Castillejo, ambos asesores; y Marta Rodríguez Sánchez, directora territorial de Córdoba. Todos ocupaban cargos estratégicos para el funcionamiento misional de la entidad.
Sin embargo, una revisión de los registros oficiales y de los movimientos posteriores mostró que no todos salieron realmente de la Unidad. En varios casos, las hojas de vida volvieron a ser publicadas en el portal de aspirantes de Presidencia pocas horas después de las renuncias, esta vez para cargos de mayor jerarquía, lo que sugiere que los movimientos respondieron a una rotación interna planificada.
Fuentes dentro de la Unidad para las Víctimas afirman que se trata de personas cercanas no solo a Romero, sino a los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno -antes del partido En Marcha y ahora también de Alianza Verde-, quienes desde hace varios meses son señalados de ser el poder detrás de la Unidad para las Víctimas.
Uno de esos casos es el de Mónica Katerine Gómez Jiménez. Aunque su renuncia fue aceptada como subdirectora técnica de Reparación Individual, su hoja de vida reapareció el 27 de enero, postulada para un cargo de directora técnica, código 100, grado 23, en la Dirección de Gestión Social y Humanitaria, una dependencia de mayor nivel dentro de la estructura de la Unidad.
El movimiento implicaría no solo la permanencia dentro de la entidad, sino un salto jerárquico, en un área clave para la atención directa a las víctimas y la ejecución de recursos.
Un patrón similar se observa en el caso de Jesús Miguel García Castillejo. Tras figurar en la resolución como uno de los asesores cuya renuncia fue aceptada, su hoja de vida también fue republicada en el portal oficial de aspirantes, nuevamente como asesor grado 15, adscrito a la Unidad para las Víctimas.
Aunque el cargo conserva la denominación de asesoría, fuentes internas señalan que se trata de una reubicación estratégica, que le permitiría mantenerse en la estructura administrativa de la entidad en medio del reacomodo directivo.
Hay otros casos de rotación como el de Heryck Fabián Agudelo Mendieta, quien pasó de la Subdirección de Reparación Colectiva a la Subdirección de Registro, una dependencia neurálgica por su control sobre la información del sistema de víctimas.
Estos movimientos se dieron apenas días después de la declaratoria de insubsistencia del director Adith Romero, un episodio que ya había puesto bajo la lupa a la Unidad por presiones políticas, disputas internas y denuncias relacionadas con la contratación de recursos destinados a las víctimas, como reveló Colombia+20 hace unos días. Fuentes consultadas señalan que los funcionarios rotados hacían parte del círculo cercano de la anterior dirección, y que el reacomodo buscó asegurar posiciones clave antes de que las restricciones electorales limitaran los nombramientos y la contratación.
Corte y Defensoría piden explicaciones al Gobierno sobre situación de la Unidad
La coyuntura no pasó desapercibida para los organismos de control. La Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, advirtió que la persistente inestabilidad en la dirección y en la cúpula de la Unidad de Víctimas representa un riesgo para la garantía efectiva de los derechos de la población desplazada y para la superación del estado de cosas inconstitucional.
“Esta salida se suma a la de otras dos directoras en los últimos tres años y a otros nombramientos de directores en encargo. Para la Sala, la reiterada rotación en la dirección de la Unidad constituye un motivo de seria preocupación por el impacto que puede tener en los esfuerzos estatales para garantizar oportunamente los derechos de las víctimas de la violencia y superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 en relación con los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado”, señaló la Sala Especial de Seguimiento a ese fallo en un comunicado emitido este 27 de enero.
El tribuna también alertó que los cambios frecuentes en los cargos directivos afectan la continuidad de las políticas públicas, debilitan la confianza institucional y limitan la capacidad del Estado para responder a crisis humanitarias, especialmente en regiones como el Catatumbo.
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno explicaciones frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Víctimas y reclamó claridad sobre el manejo administrativo y contractual de una entidad que concentra uno de los presupuestos sociales más sensibles del Estado.
¿Qué dice la Unidad para las Víctimas?
Aunque Colombia+20 envío un cuestionario para el saliente director de la Unidad, Adith Romero, para que pudiera dar explicaciones sobre las denuncias reveladas por este diario el pasado 24 de enero, esa entidad nunca envío las respuestas.
Sin embargo, este martes, la Unidad envío un comunicado en el que rechazaba categóricamente los señalamientos. “Hasta la fecha, se han atendido los requerimientos realizados por los entes de control sobre estas denuncias que carecen de sustento”, dice el documento sin aportar ninguna prueba.
En el resto del comunicado, la Unidad defiende la gestión del actual gobierno, destacando que en lo corrido del mandato del presidente Gustavo Petro se han indemnizado más de 693.000 víctimas, superando las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y subrayó que el despliegue de personal responde a la necesidad de garantizar atención humanitaria y reparación integral en todo el territorio nacional.
También da cifras sobre ayuda humanitaria en Catatumbo.
Sin embargo, no se entrega ninguna prueba sobre las denuncias de alta contratación y presiones políticas.
Este reacomodo en la Unidad de Víctimas se suma a otras denuncias recientes sobre movimientos acelerados de personal en el Ejecutivo antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.
Como reveló El Espectador, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) al menos 30 personas habrían salido de sus cargos en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales, una situación que generó alertas por la oportunidad y el alcance de esas decisiones.
Lo mismo ha ocurrido en la Cancillería, donde también se han denunciado cambios administrativos y contractuales ad portas del inicio de la ley de garantías.
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