Víctimas piden que se asegure su atención en el Plan Nacional de Desarrollo

En el foro participaron funcionarios de la Unidad de Víctimas, el DNP, el Mininterior, la UNP, entre otras entidades del Estado, junto a líderes de la Mesa Nacional de Víctimas y organizaciones étnicas y territoriales.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Puntos de acuerdo desde las distintas perspectivas y sectores. Ese fue el común denominador en las intervenciones del foro “Víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): ¿cómo garantizar sus derechos?”, en el que participaron líderes de organizaciones sociales y representantes de las entidades del Estado detrás de la atención y seguridad de las personas afectadas por el conflicto y de la implementación del Acuerdo de Paz. En el evento se pusieron sobre la mesa las propuestas que las víctimas esperan sean incluidas en el PND, la hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La importancia de saldar la deuda con las víctimas en términos de reparación integral, la necesidad de armonizar la articulación institucional y la urgencia de reestructurar entidades como la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional de Protección (en las que los entrantes directores denunciaron haber encontrado presuntos vicios de administraciones pasadas) fueron algunos de los puntos que más se repitieron durante el foro, organizado por Colombia+20 de El Espectador y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

“La Ley de Víctimas (1448 de 2011) está en una crisis de implementación. Las metas principales quedaron pendientes y hubo que prorrogarla por otros 10 años, porque, por ejemplo, en indemnizaciones tenemos un défecit cercano al 90 %”, expuso Marco Romero, director de Codhes, quien también destacó que la victimización en el país no se detuvo tras la firma del Acuerdo.

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Al respecto, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, comentó: “Les hemos incumplido a las víctimas. Han aumentado porque el conflicto no ha cesado”. Tobón denunció que encontró una entidad “politizada y centralizada”. “Ese es un problema de acceso para quienes quieren ser reparadas. Es nuestra necesidad reestructurarla”, agregó la directora, quien ha alertado que, al ritmo actual, reparar a las víctimas del conflicto tomaría más de 60 años.

Para Luz Nely Osorno, representante de los sujetos de reparación colectiva de las víctimas, estas demoras en las indemnizaciones y la atención se traducen en una revictimización. “Además de la reestructuración, tiene que haber articulación con las demás entidades del Gobierno y se tienen que asegurar las garantías de no repetición acompañadas de vivienda, proyectos productivos y seguridad en los territorios”, dijo la lideresa de víctimas.

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Sobre ese tema también habló Luis Jorge Garay, economista e investigador que forma parte de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento, producto de la Sentencia T025 de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucionales por la situación de las personas desplazadas. Garay señaló que en 18 años de la aplicación de la sentencia, los avances han sido insuficientes, a tal punto que cerca del 70 % de los más de ocho millones de víctimas de este hecho estarían en situación de pobreza monetaria. Y añadió que es necesario pasar de un enfoque de asistencia social a uno de soluciones duraderas a través de estabilización económica.

Se trata de una transformación que requiere incluir los derechos de las víctimas en el PND. Así lo explicó la directora del programa Somos Defensores, Lourdes Castro: “Si estos temas no quedan consignados en el Plan de Desarrollo, las propuestas serán retóricas, y los enunciados no siven. A esto hay que ponerle plata también”.

Garantías de seguridad, otro punto clave por atender

De otro lado, los panelistas abordaron las necesidades de seguridad en el contexto de la paz.

Franklin Castañeda, quien lidera la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, aseguró que se están haciendo ajustes en las entidades del Estado para ser más efectivos en la reacción ante las alertas, y anunció que el Gobierno trabaja en la creación de una instancia única de diálogo nacional. “Necesitamos focalizar una política de prevención con apuestas claras”, agregó el funcionario.

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Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), reconoció que “hay una ola grande de asesinatos” y mencionó que en los últimos días se han disparado los casos de amenazas en el país. Para Rodríguez, la UNP también debe ser objeto de una reestructuración, no solo en el enfoque desde el que se entiende la protección, sino por trámites de contratación que presuntamente han generado una cartelización en el interior de la entidad. “Hay que eliminar el concepto de negocio en la protección de la UNP”, aseveró el funcionario.

En esa misma línea, Gloria Cuartas, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, aseguró que en las demás entidades y programas del Estado se debe garantizar la transparencia: “Tenemos que superar la intermediación en la operación de los recursos territoriales. Avanzar en una contratación pública y comunitaria. La intermediación ha evitado que los recursos lleguen a las comunidades”. Este es otro de los pasos que las víctimas reclaman para lograr que la respuesta a sus demandas sea más efectiva. Por ahora habrá que esperar a que en las próximas semanas se conozca el PND formulado por el Gobierno. La expectativa está puesta en que, además de estas propuestas, se integren las que las comunidades han llevado a los Diálogos Regionales Vinculantes en distintas regiones del país.