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Fueron 20 minutos para resumir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una violencia que durante décadas ha golpeado de frente a las comunidades de Chocó.
El Cinep-Programa por la Paz y organizaciones sociales de ese territorio presentaron este jueves las denuncias de las comunidades del Atrato, que acusan al Estado de incumplir su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos frente al férreo poder armado del Clan del Golfo. La audiencia, realizada en Miami, Estados Unidos, fue la única dedicada a Colombia en este período.
El análisis fue entregado a la CIDH por la directora ejecutiva de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, un integrante del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, un representante de Cocomacia (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato) y Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep. También estuvieron Iris Marín, defensora del Pueblo; la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba; Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y delegados del Estado colombiano.
Aunque en el territorio también hace presencia el ELN, la audiencia se centró en el Clan del Golfo -autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y con el que el gobierno de Gustavo Petro lleva un proceso de paz-, una estructura que ha suplantado las funciones de las autoridades estatales y ha consolidado su gobernanza criminal en la cuenca del río Atrato, un cuerpo de agua sagrado para las comunidades que lo rodean.
Durante el espacio frente a la CIDH, las organizaciones presentaron un documento que recoge los principales hallazgos del informe titulado: “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo”, publicado por el Cinep en junio pasado.
Así es la violencia sistemática en Chocó
La marca que ha dejado el Clan del Golfo en Chocó se ha traducido en afectaciones estructurales que dificultan que las comunidades puedan sostener sus formas de gobierno propio, su autonomía y su permanencia en el territorio. El panorama del confinamiento lo ilustra con dureza: Chocó ocupa el primer lugar en casos de esta violencia, con el 79 % del total nacional.
“Su presencia ha redefinido la vida cotidiana e impuesto un modelo de gobernanza criminal que regula la movilidad, el acceso a recursos, las relaciones institucionales e incluso los procesos organizativos comunitarios”, dijo Guerrero durante la sesión.
A este control territorial se suma una violencia que atraviesa los cuerpos de las mujeres y niñas. Ante la CIDH, las organizaciones denunciaron que integrantes del grupo armado se aprovechan de la precariedad económica de las familias para acercarse a niñas y adolescentes mediante dinero, bienes o promesas de apoyo. “El valor de estos intercambios varía: se documentaron casos en los que la virginidad de una niña fue “comprada” por hasta 5 millones de pesos”, dijo Nimia Teresa Vargas Cuesta, directora ejecutiva y fundadora de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas, durante la audiencia.
Vargas añadió que esa violencia tiene consecuencias aún más profundas “cuando de estas relaciones nacen hijos, el vínculo familiar se prolonga, asegurando un lazo de control más allá del tiempo de la relación afectiva. Este accionar impone una presión y fragmentación sobre la ley territorial y las normas comunitarias, debilitando la autonomía y el ejercicio de las autoridades étnicas”.
El dominio se extiende también a la economía cotidiana y a la movilidad en la región. El Clan del Golfo regula los precios de los bienes de la canasta básica, controla el mercado local y maneja rutas estratégicas. “En la subregión del Bajo Atrato–Darién, todas las rutas hacia Panamá están bajo su dominio. Cada migrante debe pagar entre USD 125 y USD 170 para acceder a ellas”, expusieron.
La explotación de los recursos naturales completa ese mapa de control. En el caso de la madera, el documento presentado ante la CIDH advierte que la estructura armada se ha apropiado de todo el circuito de la tala, desde la autorización ilegal hasta la comercialización.
El saldo ambiental es profundo. Entre 2020 y 2023, la cuenca del Atrato perdió unas 73.715 hectáreas de bosque, una cifra que ilustra no solo la dimensión económica del negocio, sino la velocidad con la que desaparece la cobertura boscosa en una región ya presionada por múltiples violencias.
Todo ello es reflejo de la transformación de las estrategias de control que denunciaron las organizaciones sociales. “Ya no recurren principalmente a desplazamientos masivos, masacres o asesinatos, sino que buscan mantener el dominio sin expulsar a la población. Esta permanencia forzada produce beneficios para el grupo armado”, se lee en el documento.
El riesgo, advirtieron a la CIDH, es “la configuración de un escenario de etnocidio inminente, donde es tangible el riesgo de desaparición de las culturas negras e indígenas en los municipios de la cuenca del río Atrato”.
El cansancio de las comunidades frente la ausencia del Estado
La búsqueda de una intermediación internacional es, además, el reflejo del desgaste de las comunidades. “Hay un cansancio acumulado por la presión permanente y el miedo; un debilitamiento organizativo derivado de la cooptación, el silenciamiento y la fragmentación social”, señala el informe presentado durante la sesión.
Guerrero lo había advertido hace unas semanas a este diario cuando dijo que las comunidades están agotadas de la falta de atención del Estado colombiano frente a las alertas que se han emitido desde el territorio y frente a los llamados a participar en la mesa de diálogos que con el Clan del Golfo que el Gobierno Petro anunció el pasado 3 de septiembre desde Tierralta (Córdoba).
En contexto: En Catar concluyó primera ronda de negociación entre Gobierno y Clan del Golfo
“El mensaje que necesitamos que el Estado escuche es sencillo y urgente: las comunidades étnicas no pueden seguir enfrentando solas la violencia, el control territorial y el despojo”, dijo Guerrero a este diario horas antes de la audiencia.
Las recomendaciones de las organizaciones a la CIDH
Durante la audiencia, las organizaciones de Chocó y el Cinep presentaron una serie de recomendaciones tanto a la CIDH como al Estado colombiano. “La más urgente es que la CIDH exhorte al Estado colombiano a implementar un plan inmediato, integral y verificable para la cuenca del Atrato”, explicó a este diario el subdirector del Cinep.
A la Comisión le pidieron, entre otras acciones, exigir al Gobierno información clara y verificable sobre los protocolos de participación y seguridad del diálogo sociojurídico con el Clan del Golfo, solicitar informes periódicos sobre los avances y riesgos derivados de ese proceso, y realizar una visita in situ al Bajo Atrato.
“La principal omisión del Estado que necesitamos que quede explícitamente reconocida ante la Comisión es su incapacidad para impedir la consolidación del control territorial del EGC, y para garantizar la protección efectiva de las comunidades étnicas del Chocó”, señaló Guerrero.
Al Estado colombiano le exigieron cumplir las recomendaciones previas de la CIDH, diseñar un plan de protección colectiva con enfoque étnico y de género, y garantizar una participación real de las comunidades en el proceso con el EGC.
“Aunque la Consejería de Paz haya impulsado la iniciativa denominada ‘el bote de la paz’, lo cierto es que, en las condiciones actuales, este proceso profundiza la desprotección y mantiene intactas las dinámicas de violencia en la región”, añadió el subdirector del Cinep.
Lo expuesto ante la CIDH deja en evidencia que, para las comunidades de Chocó, el tiempo de las advertencias ya se agotó. Ahora esperan que el Estado responda con hechos y que los organismos internacionales contribuyan a evitar que la crisis siga profundizándose. Este es un llamado a que la protección del territorio y la vida deje de ser una promesa aplazada y se convierta en medidas concretas y urgentes.
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