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La idea de que la presencia de grupos armados ilegales explica por sí sola el comportamiento electoral de las regiones más afectadas por el conflicto se convirtió en una de las discusiones más repetidas tras la segunda vuelta presidencial del pasado 21 de junio. La tesis, conocida como “voto fusil”, cobró fuerza después de que Iván Cepeda obtuviera resultados “extraordinarios” en varios municipios del Pacífico y del sur del país.
Sin embargo, una revisión de los resultados electorales en los 167 municipios donde funcionan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -y que además son las zonas más azotadas por la guerra- muestra un panorama más complejo.
La discusión también pasa por alto que los municipios PDET no son un bloque político uniforme. Aunque comparten indicadores de afectación por el conflicto, reúnen realidades muy distintas. Allí conviven regiones del Pacífico, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, los Montes de María, Arauca, el Putumayo y la Amazonía, territorios con historias electorales, composiciones sociales y dinámicas de conflicto profundamente diferentes.
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Tampoco se trata de zonas donde las preferencias políticas aparecieron de manera repentina durante esta elección. En muchos municipios del Pacífico y del sur del país, las votaciones favorables a sectores alternativos, de izquierda o cercanos a las agendas de paz vienen registrándose desde hace varios procesos electorales, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Los resultados de la segunda vuelta muestran además que la presencia de grupos armados no produjo un comportamiento electoral uniforme. Mientras Cepeda obtuvo algunos de sus mayores porcentajes en municipios de Nariño, Cauca, Putumayo y Chocó, De la Espriella también logró victorias contundentes en zonas con presencia histórica del ELN, las disidencias de las FARC o el Clan del Golfo.
Algo similar ocurrió en el Catatumbo. Aunque Cepeda obtuvo resultados destacados en varios municipios de la subregión, De la Espriella se impuso en Tibú y Sardinata, dos de los territorios más emblemáticos del conflicto armado contemporáneo. En Antioquia también ganó en buena parte del nordeste y del Bajo Cauca, regiones que hoy concentran algunas de las disputas más intensas entre organizaciones ilegales.
Para distintos investigadores, el debate alrededor del denominado “voto fusil” corre el riesgo de simplificar fenómenos mucho más amplios relacionados con la exclusión histórica, la relación entre las comunidades y el Estado, las agendas locales de desarrollo, la implementación del Acuerdo de Paz y las distintas visiones sobre seguridad presentes en cada territorio.
En ese sentido, la controversia no gira únicamente alrededor de quién ganó en determinados municipios, sino sobre la capacidad de reconocer a las poblaciones de las regiones más afectadas por la guerra como actores políticos con preferencias propias.
Esta es una discusión que ha acompañado distintos procesos electorales en Colombia y que volvió a cobrar fuerza tras una elección definida por apenas unos 250.000 votos de diferencia en todo el país.
Varios investigadores han advertido que los datos disponibles no respaldan una relación automática entre presencia armada y apoyo electoral a un determinado candidato.
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Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), explica que no se puede decir que hay votaciones atípicas o extraordinarias sin que haya comparación en el tiempo.
“Para que algo sea atípico se tiene que comparar consigo mismo y en el tiempo (…) Sólo un 0.56% de las mesas del 2026 tuvieron 100% de votos. No todas estas ocurren en zonas de control, de hecho, muchas de ellas son zonas de disputa donde es difícil lograr este control”, explica.
Y agrega: “Pero lo más importante es que ya ha ocurrido en el pasado y corresponde a zonas rurales donde sí efectivamente un grupo de población tiene tendencias históricas muy definidas: las zonas indígenas votan mayoritariamente a la izquierda, y en el caso de De la Espriella esas zonas han votado tradicionalmente a la derecha”.
Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, encontró que los municipios con presencia de grupos armados registraron un crecimiento mayor de la participación electoral que aquellos donde no operan estas organizaciones. Sin embargo, ese fenómeno no se tradujo en una mayor polarización ni en ventajas sistemáticas para alguno de los candidatos.
El investigador Jorge Mantilla también ha cuestionado la teoría del “voto fusil”. Según ha señalado, esta explicación desconoce la complejidad política y social de regiones que durante décadas han convivido con distintos actores armados y termina reduciendo las decisiones electorales de millones de ciudadanos a una explicación basada exclusivamente en la coerción.
Este 25 de junio, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) pidió no estigmatizar a las comunidades de las zonas PDET ante las declaraciones de Andrés Gury Rodríguez, concejal de Medellin, quien señaló que los “los próximos ataques y bombardeos tienen que ser dirigidos a esas zonas (donde ganó Cepeda) porque en esas zonas están los bandidos”.
La entidad lo calificó de irresponsable y recordó que “en los territorios PDET habitan más de cinco millones de compatriotas, que en su mayoría hacen parte de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas que a través del tiempo han padecido el rigor del conflicto armado y el abandono estatal".
Con todo ello, no se puede desconocer la influencia de los grupos armados en las elecciones. Algunas alertas de la Misión de Observación Electoral (MOE) para estos comicios apuntaron a eso. En el informe de febrero pasado, la MOE indicaba que el 96,4 % de los municipios donde se votaban las curules de paz -que son los mismos que los PDET- presentaba algún nivel de riesgo por injerencia de grupos armados ilegales, frente al 76 % registrado en 2022, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido de las condiciones para el ejercicio democrático en estas zonas.
Además, el 27,4 % de todos los municipios del país con riesgo por injerencia armada pertenece a alguna Citrep, lo que refuerza su papel como epicentro del riesgo electoral asociado al conflicto armado.
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