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La historia de la violencia sexual cometida en el conflicto armado en Colombia fue invisible y secundaria hasta 2009. Este crimen, el único en el que la víctima tiene que demostrar que no lo provocó, fue cometido por todos los actores armados, legales e ilegales, principalmente contra las mujeres. Hasta 2009 todas las víctimas estaban en silencio, de ninguna manera querían que alguien supiera que ellas, niñas, mujeres jóvenes o mayores, negras, mestizas, indígenas o blancas, casadas o solteras, habían sido violentadas por un extraño armado. Porque la culpa recaía sobre ellas, porque las mismas instituciones las señalaban. Pero ese año, después de vivir en carne propia la violencia sexual como una forma de callarla, la defensora de derechos humanos Angélica Bello se atrevió a denunciar. Y dijo públicamente que había sido violada. Y, contrario a lo que buscaban, no solo no se calló, sino que decenas de mujeres que la escucharon también quisieron hablar de lo que les habían hecho.
En ese momento, la antropóloga Pilar Rueda era defensora delegada para derechos de la infancia, la mujer y la juventud, y acompañó a Bello en su proceso de denuncia. Pero Angélica se suicidó el 16 de febrero de 2013 y, enfrentando ese dolor, las mujeres que trabajaban con ella decidieron continuar y conformar la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos. De ahí nació la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales: un espacio en el que se fortalecen los liderazgos de las víctimas, mientras las profesionales apoyan.
Desde entonces, la Red se ha convertido en un lugar seguro, donde las mujeres pueden denunciar qué les pasó y encontrar apoyo y respuestas, y es, sobre todo, un lugar donde esa historia propia, tan dolorosa, es una historia común y, por lo tanto, es un vínculo que construyen para continuar. Hoy están en nueve departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Huila, Meta, Norte de Santander y Cundinamarca.
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Una de las primeras estrategias que pusieron en marcha, de la mano de Rueda, fueron las jornadas de denuncias colectivas. “Siempre dicen que las mujeres no quieren denunciar, y realmente lo que uno encuentra es que las mujeres sí quieren denunciar, pero la práctica institucional les ha generado estigmatización. Es un delito en el que las mujeres se sienten obligadas a demostrar que ocurrió y que ellas no lo provocaron”, explica Pilar Rueda, quien ahora se desempeña como asesora del director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en temas de género.
Así se dieron cuenta de que cuando una víctima habla, otras se sienten con la confianza para hacerlo. En la práctica, el modelo comenzó a funcionar así: “La coordinadora de una región nos dice: tengo más de 60 mujeres que quieren denunciar, entonces nosotras conseguimos un lugar amable y seguro, llevamos a estas mujeres y hacemos que la institucionalidad llegue donde están las mujeres, no que las mujeres vayan a la Fiscalía. Esto debido a la revictimización que sufren cuando el funcionario o la funcionaria les va a tomar la denuncia, por las preguntas que hacen, porque el victimario es amigo del funcionario o porque la víctima no quiere que en su comunidad se den cuenta. Este modelo nos ha dado un resultado muy grande. Hoy ya tenemos 1.498 denuncias de violencia sexual, todas en la impunidad”, explica Ángela María Escobar, víctima de violencia sexual y coordinadora nacional de la Red.
Para las víctimas, hablar es un paso fundamental. Estebana Rojas, coordinadora de la Red en Bolívar, ha dicho: “Entre yo más hablo, más me sano”. Y lo dice después de guardar su dolor en silencio durante 24 años. Denunciar es solo uno de los primeros pasos, el resto del camino también se trata de tramitar el dolor. Una de las maneras que encontraron fue mediante la obra Fragmentos, el contramonumento que hizo la artista Doris Salcedo con más de 8.000 armas que dejó la antigua guerrilla de las Farc en el proceso de paz. Fueron esas mujeres las que martillaron el metal fundido que alguna vez configuró los fusiles.
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Pero la justicia y la no repetición también pasan por poner a hablar a toda la sociedad sobre lo que les hicieron a las mujeres, y hombres, cuando usaron la violencia sexual como un arma machista de guerra. Para esto, las mujeres de la Red hacen campañas. Llevan cuatro en las que han puesto en la agenda sus propuestas de verdad, justicia, reparación y no repetición para que fueran incluidas en el Acuerdo Final, en 2016; luego, en 2017, hicieron un llamado a la no estigmatización de las mujeres; en 2018, con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, se aliaron con dos organizaciones de mujeres y entregaron a este tribunal 2.000 casos documentados de violencia sexual, y este año la apuesta fue mayor: durante 2019 desarrollaron la campaña “Para nosotras, pero con nosotras”, en la que, con apoyo de varias instituciones, desarrollaron talleres con mujeres, charlas de expertas en violencia sexual de todo el mundo y, finalmente, trajeron al nobel de paz de 2018, el doctor Denis Mukwege, ginecólogo de las víctimas de violencia sexual en el Congo, así como otras víctimas y expertas internacionales. Junto a él, y a víctimas de violencia sexual de otros 20 países, conforman la red global Sema.
Hoy, 665 mujeres conforman la Red. Vencieron el silencio y siguen juntas buscando justicia. Pero nada que llega. Tienen sus relatos y con ellos quieren llamar a más víctimas a que rompan el silencio. En Colombia, la cifra oficial de víctimas de violencia sexual es 29.439. Un dato que crece y crece a medida que las mujeres y los hombres se atreven a hablar. La última grieta que le abrieron a esa pared de mutismo ocurrió este diciembre, cuando 31 hombres víctimas de este delito denunciaron colectivamente.
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El próximo año quieren lograr que en Bogotá quede el primer centro especializado para víctimas de violencia sexual en Colombia. “El doctor Denis Mukwege ha dicho que tiene toda la disponibilidad de venir a preparar a los médicos, a las enfermeras, porque toma como ejemplo el hospital de Panzi (en Congo)”, explica Ángela Escobar. También están proponiendo la reparación temprana de las víctimas, que no necesariamente es económica, porque se les puede ir la vida esperando una sentencia judicial.
Las mujeres, en red, buscan que sus cuerpos nunca más sean atravesados por la violencia, y que nunca más la culpa pese sobre ellas.