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La discusión sobre las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en las que busca avanzar el Gobierno del presidente Gustavo Petro con cuatro grupos armados llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir un comunicado en el que explica, entre otras cosas, el estado en el que debe estar un proceso de paz para avanzar en esos espacios.
Según dio a conocer el mandatario el pasado 13 de mayo, autorizó el ingreso a esos espacios para miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) que no tengan órdenes de extradición vigentes.
En contexto: Estos son los grupos armados que entrarán a cinco Zonas de Ubicación autorizadas por Petro
Para la Defensoría, un proceso llega a ese punto cuando ya son viables el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los integrantes del grupo. En otras palabras, cuando los combatientes están prácticamente listos para entregar las armas.
El ente de control respalda la creación de la ZUT con el argumento de que la ley de orden público le permite al Gobierno crear esas zonas especiales donde los miembros de grupos armados puedan concentrarse mientras avanzan “en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad”, y que existen otras herramientas legales para facilitar su regreso a la vida civil.
También sustenta la existencia delas ZUT a través con una fallo de la Corte Constitucional. En la Sentencia C-525 de 2023 –cita la Defensoría–, el alto tribunal estableció que las ZUT solo son procedentes cuando la negociación ya está lo suficientemente avanzada, pues “de esta manera se garantizará su idoneidad frente a la finalidad de hacer viable la entrega o sometimiento a la justicia (...) esto es, su tránsito al Estado de Derecho”.
Si esa idea se traslada a las mesas de negociación que adelanta el presidente Petro con los grupos armados en el marco de la paz total, las Zonas de Ubicación Temporal pueden verse como un mecanismo indicado la reintegración a la vida civil de miembros de los grupos armados. “En este sentido, el Gobierno debe sustentar que estas medidas son efectivas para un desarme cercano y concreto y no solo posible en un sentido general”, dijo la defensora, Iris Marín.
Por eso, la Defensoría advierte que el Gobierno y sus equipos negociadores en las distintos tableros de paz total, debe demostrar, con hechos concretos, que el proceso ha avanzado hacia el desarme “no como algo hipotético o posible, sino cercano: que el proceso ha avanzado hacia ese fin próximo. Prácticamente, que se concentran para el desarme”, se lee en el comunicado.
Las dudas sobre los mecanismos de seguimiento
Otro punto que preocupa a la Defensoría es la falta de mecanismos independientes para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las negociaciones. Sin esos controles, añade la entidad, es difícil saber si realmente se están cumpliendo los avances requeridos. Por eso exige que el Gobierno “presente información suficiente y verificable para motivar sus decisiones”.
El comunicado también menciona los cuatro procesos en los que ya se acordaron ZUT y recuerda que tienen distintos niveles de avance, por lo que “el análisis debe ser diferenciado” para cada uno.
A través de su cuenta de X, Leonardo González, subdirector de Indepaz, se refirió al pronunciamiento de la Defensoría. Para él, se necesitan controles en las decisiones alrededor de la paz como las Zonas de Ubicación Temporal. De lo contrario, “el riesgo no es solo jurídico: también humanitario y democrático”, escribió.
“El último paso a la desmovilización de la violencia”
Este martes 19, el presidente Petro también se pronunció en su cuenta de X sobre las ZUT, en respuesta a un comunicado en el que el Clan del Golfo aceptó la decisión del mandatario de que a esos espacios no ingresen en una primera fase los integrantes del grupo con órdenes de extradición.
“Ahora atacan las ZUT, zonas de concentración de combatientes para su desmovilización, el último paso a la desmovilización de la violencia (...) cuando es de ley y se ha practicado desde hace décadas, incluído el proceso de paz con el M19 hace 34 años", escribió el mandatario.
Petro también señaló que con el Clan del Golfo se acordó el ingreso de 400 combatientes a estos espacios “para su tránsito a la vida civil” y que ninguno de ellos tiene órdenes de extradición, como él mismo lo solicitó.
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