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Dos mesas de negociación de la paz total movieron su tablero la semana pasada en torno a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). En el caso del Clan del Golfo –que se autodenonima Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)–, el Ejecutivo expidió una resolución que habilita a 29 integrantes de las estructura para concentrarse en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó).
La mesa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) –al mando de Walter Mendoza–, por su parte, indicó que entró en la fase final para poner en marcha la ZUT. Según señaló, podría comenzar a operar entre la tercera y la última semana de mayo.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?
Se han concebido como una suerte de espacios delimitados donde miembros de las estructuras armadas harán la transición a la vida civil con acompañamiento estatal y verificación. Estos espacios quedaron definidos en la ley 2272 de 2022, conocida como ley de paz total. Según lo indica esa norma jurídica, tienen como objetivo “poner fin al conflicto armado. Estas zonas no serán zonas de despeje”.
Estos espacios se basan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se establecieron para hacer el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC. Sin embargo, la Ley de Paz Total no desarrolla cuáles reglas se aplicarán en esas zonas y qué tendrán que hacer los miembros de los grupos armados.
Tampoco especifica si habrá un mecanismo que reciba las armas y haga el monitoreo de esa disposición, que es uno de los requisitos que deberán cumplir los integrantes de las estructuras para ingresar a las ZUT.
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¿Con qué grupos armados ilegales el Gobierno ha impulsado esa apuesta y cuándo se acordaron?
El Gobierno ha impulsado las Zonas de Ubicación Temporal con al menos cuatro mesas de negociación.
La primera que se anunció fue con el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) –al mando de Calarcá Córdoba– el 3 de mayo del año pasado, tras una reunión extraordinaria en Cúcuta. La creación se autorizó de manera oficial a través de la resolución 161 del 23 de mayo de 2025.
Luego se conoció la creación de las ZUT para los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que se separó de la Segunda Marquetalia. La noticia se dio a conocer en mayo de 2025 desde Inda Sabaleta, en Tumaco, donde se realizó la quinta ronda de negociación.
La tercera ZUT que se anunció fue la de Comuneros del Sur. Fue uno de los cuatro acuerdos a los que se llegó en el séptimo ciclo de diálogos que culminó en junio de 2025.
Por último, se anunciaron las tres zonas para los miembros del Clan del Golfo el pasado diciembre, al cierre del segundo ciclo de diálogos en Doha, Catar.
¿Dónde se ubicarán las zonas de cada grupo?
Los espacios para cada grupo ilegal están pensados en territorios donde las estructuras tienen una presencia fuerte. Aunque la delimitación geográfica exacta para cada una de las ZUT ha sido reservada, se conocen los municipios donde quedarán ubicadas.
Clan del Golfo: en Belén de Bajirá y Unguía, en Chocó, y en Tierralta, Córdoba.
Comuneros del Sur: en Mallama (Nariño).
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: en la vereda Betania, municipio Valle del Guamuez (Putumayo), y la otra en Roberto Payán (Nariño).
Frente 33 del EMBF: Tibú (Norte de Santander).
¿Qué retos tienen?
El reto de implementar estas zonas va mucho más allá de su delimitación geográfica: supone intervenir escenarios de alta conflictividad donde ni la seguridad, ni la confianza, ni la institucionalidad están garantizadas. Además, no solo se necesita garantías para los que se ubicarán allí, sino también para las comunidades aledañas.
¿Se han hecho consultas previas con las comunidades de los municipios donde quedarán ubicadas?
Solo en el caso de Comuneros del Sur. El Gobierno finalizó el pasado noviembre las consultas previas al Resguardo Indígena Gran Mallama para la instalación de la Zona de Ubicación Temporal. Más de 1.000 personas participaron en las seis sesiones realizadas en los distintos sectores del resguardo. La finalización de esa etapa marcó un hito en el proceso de paz territorial.
En el caso del Clan del Golfo, organizaciones sociales y líderes de Chocó han criticado que no se han hecho esas consultas.
El jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, dijo hace unos días a este diario que los espacios donde se ubicarán esas zonas “no corresponden a ese requerimiento, pero si así fuese lo haríamos. No hay ninguna contravención a ese criterio”.
¿Cuántos integrantes de cada grupo van a ingresar a las ZUT?
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: las partes acordaron que ingresarán 100 personas por cada ZUT, es decir, 200 integrantes en total. Ese compromiso quedó ratificado en diciembre de 2025. Según Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con ese grupo, Geovanni Andrés Rojas, conocido como Araña, no estaría en el grupo de los que entrarían a la zona de Putumayo a finales de mayo.
Clan del Golfo: el 25 de junio ingresarán 29 hombres, entre ellos el Estado Mayor Conjunto del grupo armado, pero –como dieron a conocer las delegaciones en un comunicado conjunto– se espera que en total ingresen más de 400 hombres.
¿Qué pasa con las órdenes de captura de quienes ingresen a las ZUT?
La Ley de Paz Total contempla la suspensión de las órdenes de captura para los integrantes de los grupos armados que aparezcan en los listados entregados por las delegaciones y que sean avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La norma establece que, incluso antes de llegar físicamente a las Zonas de Ubicación Temporal, los integrantes cobijados por esos listados quedarán protegidos de capturas mientras se trasladan hacia esos espacios. Según el texto, “la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse operará desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicación temporal”.
La medida se mantendrá hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) defina la situación jurídica de los integrantes vinculados al proceso, salvo que antes otra autoridad judicial les haya concedido amnistía.
Además, las reglas contemplan salidas temporales de las ZUT por motivos de salud o calamidades domésticas. En esos casos, “se mantendrá la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado concentrados en las zonas de ubicación temporal”. Cada salida deberá ser reportada ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, que dejará constancia de la razón de la ausencia y la fecha de regreso.
¿Cuáles son las fechas definidas y que pasará con ellas cuando llegue el próximo Gobierno?
Los tiempos planteados para las Zonas de Ubicación Temporal, que exceden el actual periodo presidencial, han sido interpretados por distintos sectores como una apuesta del Gobierno para dejar encaminados algunos procesos de paz total más allá del 7 de agosto de 2026, cuando Petro deje la Casa de Nariño.
En el caso del Clan del Golfo, la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025 estableció que las zonas funcionarán hasta el 31 de diciembre de 2026. Eso significa que el esquema seguiría vigente durante varios meses de la próxima administración y deja abierta la pregunta sobre la posición que asumirá el nuevo presidente frente a esos compromisos.
Con el frente 33 del EMBF ocurre algo similar. En diciembre pasado, el Gobierno prorrogó por siete meses el plazo para avanzar en la construcción de la ZUT en Tibú, Norte de Santander. La decisión quedó formalizada en la Resolución 474 de 2025, firmada el 23 de diciembre, con el objetivo de “continuar con el alistamiento para el ingreso”.
Inicialmente, la Resolución 161 de 2025 había autorizado la creación de la ZUT por siete meses en zona rural de Tibú y fijó un plazo de 45 días para el traslado de los integrantes del frente 33 al lugar. Ese plazo venció el 7 de julio de 2025 sin avances significativos en la instalación de la zona ni en la estructuración del plan integral de desarrollo previsto para ese espacio.
En el caso de la CNEB, el presidente Petro firmó el pasado 25 de febrero la resolución con la que autoriza la creación de esas zonas por una una vigencia de 10 meses, es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es e próximo 6 de agosto.
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