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El incremento de acciones operativas como combates tiene poca o nula incidencia en detener la expansión de grupos armados. Columna de opinión por Laura Bonilla, subdirectora de Pares.
Así tituló Ana Cristina Restrepo una reciente entrevista que tuvimos en su espacio Anarquía. La conversación versó sobre Tiempos Violentos, el más reciente informe de la Fundación PARES donde analizamos ocho años de datos de presencia armada, acciones bélicas y violencia.
País al límite es una gran analogía. Realmente el Estado colombiano está al límite de su capacidad, pero también al límite de la tolerancia, al límite de las ideas y al límite de la violencia. Ahora, uno puede estar al borde de un abismo y decidir que la mejor opción es dar un paso al frente. Eso es lo que el informe señala. Ocho años con dos miradas distintas, una que cerró las puertas a cualquier negociación y otra que las abrió de par en par. En ambas, sin embargo, se han hecho el mismo tipo de operaciones militares. Durante los años de Iván Duque, combates y bombardeos, apegándose al pasado exitoso de la capacidad aérea, que ya estaba llegando a su límite. Durante el gobierno Petro también se optó por los combates y bombardeos desde el 2024.
Todos los grupos armados crecieron, todos tienen más de dos fuentes de financiación, todos reclutan ampliamente – aunque unos más que otros – y todos quieren control territorial. Pero no es lo mismo un ELN de más de medio siglo de existencia o un Ejército Gaitanista de Colombia, que recogió los remanentes de las antiguas AUC, que unas disidencias en plena formación. Los grupos, como las personas y las organizaciones, también tienen edades y prioridades. No se combaten por igual y tampoco se puede negociar con ellos de igual forma. Pero lo que realmente señala el informe es más grave que la atribución de culpa a un gobierno u otro. Lo que muestra es que lo que estamos haciendo no sirve. Es decir, los esfuerzos operacionales, militares y de inteligencia, al igual que los esfuerzos de negociación recientes fueron más bien inocuos. Esta es una verdad mucho más difícil de explicar en estos tiempos donde todos creemos que las soluciones vienen empaquetadas en individuos y fórmulas fáciles, pero aceptarla es lo que nos puede llevar a tener la evidencia suficiente para corregir el rumbo. No parece que esté ocurriendo.
El gobierno actual ha decidido volver a las mismas fórmulas del pasado, pero carece de estrategia. Leer resultados operacionales y hacer campañas publicitarias reforzando el rol del presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no va a generar victoria alguna. Por el contrario, puede incrementar la tensión y la frustración nacional al crear una expectativa gigante, seguida de una gran frustración al ver que no se obtendrán resultados positivos en la vida de la gente y en su seguridad, y de ahí perder la legitimidad del Estado que cuesta tanto construir. No se puede simplemente cerrar los ojos y decir: hay que tener fe. Para eso están los datos, los análisis y la evidencia. A algunas personas nos toca ese rol incómodo.
Por eso la conclusión del informe no es halagadora, pero sí muy necesaria. La capacidad estatal no está siendo suficiente para mitigar el daño del poder armado ni para derrotarlo. Estamos invirtiendo todo el capital en algo que sabemos que no va a funcionar. Eso tiene un equivalente en los negocios y es lo que se conoce como la falacia del costo hundido. Quiere decir que el costo pasado influye en decisiones futuras más allá de la racionalidad. La guerra contra las drogas es sinónimo de eso. Está más que demostrado que es una guerra fallida, pero se sigue invirtiendo en ella porque ya se ha invertido demasiado. Revisar los tableros con evidencia y cabeza fría, y construir soluciones con indicadores que midan resultados, es a todas luces una mejor decisión; pero ya hemos invertido demasiado en combates y bombardeos como para aceptarlo.
La información disponible muestra dos cosas muy relevantes para la toma de decisiones de hoy. El incremento de acciones operativas como combates tiene poca o nula incidencia en detener la expansión de grupos armados. Tampoco sirve el incremento indiscriminado de capturas que saturan las cárceles y llevan en bandeja más y más personas a las garras del crimen organizado que opera en las regiones. Hoy recibimos información de muy buena fuente sobre los traslados de los jefes de las bandas en Buenaventura, con el argumento de que son ellos quienes manejan los negocios de extorsión en el puerto. Y no. Al menos uno de los que lo maneja sigue fuera del país y simplemente los reemplazará con nueva población. En vez de tener diez criminales extorsionando en una cárcel, voy a tener veinte. Diez en la nueva cárcel y diez nuevos reclutados en la antigua. El país al límite que tenemos hoy no se va a resolver con un incremento poco estratégico de operaciones, ni con "mostrar" autoridad. La realidad es que no hay una bala de plata y que resolver esto que tenemos hoy tardará por lo menos diez años en el caso de mayor optimismo, combinando alternativas de sometimiento, ya sea individual o colectivo, generando incentivos, organizando la prevención de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Pero todo ello empieza con una comprensión basada en evidencia de lo que es hoy el poder armado y los elementos que constituyen dicho poder. Esperamos que el informe haya podido contribuir a esto.
* Columna de opinión de Laura Bonilla, subdirectora de Fundación Paz y Reconciliación (Pares)
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