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26 Nov 2021 - 5:04 p. m.

Alerta por posible riesgo de coerción en las elecciones de las JAC en Antioquia

La Fundación Sumapaz alertó sobre un inminente riesgo de coerción de grupos armados a líderes comunales en las elecciones del 28 de noviembre.
Los líderes y lideresas comunales están dentro de los actores más vulnerables ante amenazas, según la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas para municipios de Antioquia. / Marcela Madrid Vergara
Los líderes y lideresas comunales están dentro de los actores más vulnerables ante amenazas, según la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas para municipios de Antioquia. / Marcela Madrid Vergara
Foto: Cortesía

La Fundación Sumapaz, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de derechos humanos en Medellín, emitió una alerta sobre el posible riesgo de coerción y coacción por parte de grupos armados a líderes en las elecciones para Juntas de Acción Comunal el próximo 28 de noviembre. La Fundación señala que los escenarios de violencia y vulneración de derechos humanos que se presentan en el departamento de Antioquia son también una señal de que el control armado “se impone sobre la participación democrática de las comunidades, impidiendo el ejercicio de las personas que lideran los procesos comunitarios”.

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Indica que el panorama de protección de derechos humanos en el departamento no es alentador pues en lo corrido del año la Defensoría del Pueblo ha generado dos alertas tempranas para municipios de Antioquia, explicando que la expansión de grupos armados y disputas territoriales entre sí, representa un riesgo para la población civil.

La presencia del autodenominado Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el frente 18 de las disidencias de las Farc aumenta las amenazas de vulneración de derechos humanos en la región. En particular, se alerta sobre la situación en los municipios de Angostura, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Vigía del Fuerte. La entidad resalta que los líderes comunales y miembros de las Juntas de Acción Comunal son dos de los actores más vulnerables ante este panorama.

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La Fundación Sumapaz realizó un llamado para que el Gobierno, Personería y Defensoría del Pueblo garanticen “las condiciones necesarias para que las elecciones y nombramiento de las y los dignitarios de las Juntas de Acción Comunal se realicen garantizando toda la autonomía comunitaria”. Además, solicitó que se hiciera el debido seguimiento sobre la vulneración de derechos humanos en el departamento, de acuerdo con las alertas tempranas generadas desde la Defensoría del Pueblo.

La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó que, de marzo a octubre de 2021, se registraron más de 300 casos de violencia contra líderes sociales, comunales y políticos. La organización advirtió que más de la mitad de los hechos violentos contra los líderes comunales fueron asesinatos, representando el 53% de los casos. El pasado 9 de agosto, Francisco Posada, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montobello, en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, fue asesinado. Meses antes de su asesinato, Posada estaba preocupado por la presencia del frente 15 de las disidencias de las Farc y estaba considerando dejar de un lado su presidencia en la Junta de Acción Comunal.

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