Un nuevo escenario de muerte prendió las alarmas en el país. En zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, asesinaron el domingo al menos a 23 personas, en un enfrentamiento armado entre guerrilleros del Eln y disidentes de las Farc. La sangrienta confrontación se extendió a los municipios de Arauquita y Tame, al tiempo que en Fortul y Saravena abandonaron cadáveres sin identificar, de los cuales no hay certeza de que su muerte tenga relación con la confrontación bélica.
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Con el paso de las horas, la Defensoría del Pueblo estableció que trasladaron diez cuerpos a la morgue de Saravena y otros seis a la de Tame. Por las dificultades en la movilización de personal, aún no se ha establecido si las 23 víctimas pertenecen a grupos ilegales o si en la lista hay civiles.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo, informó que la alteración del orden público, debido a la guerra entre subversivos y disidentes, provocó el desplazamiento forzado de seis familias en Saravena y otras seis en Tame. Según información de la regional de ese organismo en Arauca, en las últimas horas se han presentado homicidios, amenazas, retenciones ilegales, desplazamientos y riesgo de desplazamiento forzado en los cuatro municipios mencionados.
La Defensoría, en los consejos de seguridad de las últimas horas, instó a las autoridades locales a activar los planes de contingencia regionales pertinentes para atender y proteger a la población civil del pie de monte araucano.
Frente a esta crítica situación del orden público, monseñor Jaime Cristóbal Abril González, obispo de la Diócesis de Arauca, clamó a los grupos armados ilegales a dejar por fuera de la confrontación a la población civil “aplicándose todo el derecho internacional humanitario”, y lamentó que lo sucedido fuera una repetición de la historia ya vivida entre 2004 y 2011, cuando la guerra dejó “un gran número de víctimas en ese departamento”. Y es que, desde hace meses, distintas voces vienen advirtiendo que la violencia en este departamento viene escalando. A pesar de las alertas, organismos humanitarios y sociales aseguran que hoy están sitiados.
Antecedentes
En efecto, allí no es nueva la presencia de grupos armados ilegales. Ya lo había advertido la Defensoría, en la alerta temprana 029 de 2019, la presencia de grupos ilegales, particularmente en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. “El Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los disidentes de las Farc, desde el segundo trimestre de 2018 iniciaron una escalada de violencia contra la fuerza pública, las autoridades regionales y locales y la población civil”.
La violencia de estas organizaciones ilegales en las jurisdicciones municipales de Saravena, Fortul, Tame y Arauquita se expresa, entre otras, en prohibiciones a la población civil para transitar en determinados sitios y horarios; extorsiones y exacciones económicas que afectan las actividades productivas y comerciales de la población y las empresas, con lo cual buscan fortalecer su economía de guerra.
En marzo de 2021, la Defensoría emitió otra alerta sobre el municipio de Arauca, en la que le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del derecho internacional humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc.
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La entidad alertó que podría haber “homicidios, masacres, ataques indiscriminados con interposición de población civil, instalación de artefactos explosivos improvisados, ‘plan pistola’ contra miembros de la fuerza pública, incremento de los secuestros extorsivos y con fines políticos, amenazas y extorsiones”.
Y así ha ocurrido. Sonia López, defensora de derechos humanos y presidenta de la Fundación Joel Sierra, en Saravena, señala que diariamente hay homicidios selectivos, retenciones de personas por organizaciones al margen de la ley y estigmatización contra el movimiento social, los dirigentes y defensores de derechos humanos.
Por eso cuestiona que no se sienten seguros, pese a la presencia de 9.000 soldados en el departamento, sin contar policías ni miembros de la Armada. “En la alta militarización no se ve reflejada la protección de la vida, integridad y bienes de la población. Más bien, el aumento del pie de fuerza está dirigido a proteger la infraestructura petrolera”.
López insistió en la instalación de la mesa territorial de garantías para proponer allí posibles soluciones a la crisis local. “La solución de este conflicto, que es social, político y armado, pasa por revisar las causas estructurales que lo han originado y mantenido a lo largo de las décadas”, sentenció.
Hacia el segundo semestre de 2021, la situación se agravó en otros dos municipios de Arauca: Puerto Rondón y Cravo Norte. Ante la inminencia del riesgo, la Defensoría emitió una nueva alerta. En el documento exponían que disidencias de las Farc y Eln “buscan imponerse en el territorio, extraer rentas de las actividades productivas que realiza la población civil, imponer lealtades a sus respectivas organizaciones y controlar el territorio para garantizar corredores de movilidad para actividades ilícitas (narcotráfico, abigeato, armas y contrabando, entre otras) y de sus combatientes, evitar la infiltración y las operaciones de registro de la fuerza pública”.
Ahora la situación está particularmente grave en Arauquita, Saravena, Fortul y Tame. El personero de Tame, Juan Carlos Villate, pidió intervención para crear corredores humanitarios y albergues para las personas que huyen de los enfrentamientos entre disidencias y Eln, en medio de una violencia que arrecia.
El presidente Iván Duque, entre tanto, anunció dos batallones y más unidades aéreas para garantizar el control territorial y enfrentar a grupos criminales en Arauca. Al caer la tarde, en una carta atribuida a una facción disidente de las Farc, se anunció un paro armado en Arauca, a partir de las 12:00 a.m. horas de este 3 de enero.