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La Fiscalía imputó cargos a una familia acusada de estafar a más de 45 personas con falsas promesas de vivienda, bajo un presunto esquema de robo que usaron por al menos seis años (entre 2018 y 2024), en los que se habrían apropiado de al menos COP 1.536 millones.
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Se trata de Nelson Guarín Dueñas, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, quienes ofrecían proyectos de vivienda a través de la empresa Constructora Antares Divantoque, en proyectos como Francesca, Isis, Balcones, Oriana, Colinas del Parque, Conjunto Marta Isabel y Sabara.
De acuerdo con las autoridades, los esposos y su hijo presentaban documentos para aparentar legalidad ante sus clientes, prometían procesos de compraventa, mencionaban respaldos financieros de entidades de vivienda y cajas de compensación, y hacían publicidad de proyectos de vivienda inexistentes que nunca tuvieron licencia ni se ejecutaron.
De esta manera persuadieron a las personas a pagar por la separación de apartamentos y casas. Según la investigación, la familia vendió el mismo inmueble a varias personas.
Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez Lino Rodríguez, del Juzgado Tercero Penal Municipal de Duitama, aceptó la imputación por el delito de estafa agravada en modalidad de masa y ordenó el traslado de Nelson Guarín Dueñas a un centro penitenciario al considerarse el gestor del plan. El hombre era el representante legal de la constructora, quien mostraba los predios donde se desarrollarían los proyectos, firmaba los contratos y daba apariencia de legalidad a la operación.
En cuanto a Yolanda Lucía Divantoque, el juez decidió darle detención domiciliaria al determinarse que no cumplía un papel de organización o liderazgo en la estafa. Aunque era quien exhibía los supuestos planos de las viviendas, junto a su hijo Diego Alejandro Guarín, quien no fue privado de la libertad por no tener una participación contundente, aunque se probó su intervención en la recepción del dinero.
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La defensa de los investigados apeló argumentando que no había pruebas de que la conducta delictiva tuviera continuidad, pues desde hace dos años no existen denuncias por estafa, y que por esto serían suficientes las medidas leves impuestas a Diego Alejandro Guarín: la prohibición de usar redes sociales para publicidad de la constructora y de acudir a notarías.
Además, el abogado alegó que, por el estado de salud de Nelson Guarín Dueñas, quien enfrenta un cáncer, no debería estar privado de la libertad en un centro penitenciario.
El abogado Sergio Gómez, representante de las víctimas, desestimó los argumentos de la defensa y calificó los hechos como un esquema delictivo deliberado que quebrantó la confianza de decenas de personas. Para Gómez, la magnitud del daño causado justifica la medida de aseguramiento, pues sin ella existe el riesgo de que los implicados continúen defraudando a la ciudadanía bajo otras modalidades.