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Un ataque armado se registró en la noche del jueves 29 de diciembre en una estación de servicio del barrio Riomar, en el norte de Barranquilla, contra el alcalde de Pedraza, Magdalena, Gustavo Aquileo Osorio Osorio. El mandatario se salvó debido a que iba dentro de un vehículo blindado.
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De acuerdo con la información preliminar, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al lugar donde estaba la camioneta en la que se encontraba el alcalde, dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo y huyeron.
Osorio no resultó herido, pero en los vidrios y puertas de la camioneta quedaron marcados varios impactos de las balas. Patrullas de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al lugar, acordonaron la zona, iniciaron con la recolección de pruebas y hablaron con los testigos. Además, confirmaron que el mandatario no requirió atención médica.
También, adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y establecer su ruta de escape. Hasta el momento no se han reportado capturas y los motivos del ataque siguen siendo materia de investigación.
Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios expresó su rechazo al atentado e hizo un llamado a las autoridades para que el hecho no quede impune.
“Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes, se identifique a los responsables y se garantice que estos hechos delictivos no queden en la impunidad”, dijo Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.
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Pese a que no hay una hipótesis del ataque, este ocurre en medio de alertas por la seguridad de mandatarios locales y el aumento de hechos violentos en el contexto político y electoral en el Atlántico y el Caribe. El Departamento del Atlántico había hecho un llamado a reforzar las medidas de protección y el seguimiento a casos de ataques y amenazas.
“La Fiscalía tomó la bandera y está liderando las investigaciones para dar con los responsables de todos estos atropellos que se están dando en contra de ciertos candidatos que, teniendo sus permisos para tener su publicidad, están amenazando a las personas para que la borren o, peor aún, que sea sobrepintada con insultos y otro tipo de pinturas. También hay motocarros que también están siendo amenazados cuando cargan publicidad política”, precisó sobre otros casos José Antonio Luque, secretario del Interior.
Al respecto, el alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales, denunció amenazas de muerte contra él y su familia e hizo una solicitud a la Unidad Nacional de Protección (UNP) del gobierno. El mandatario indicó que no era una situación reciente, pero que ha aumentado en los últimos días.
“De verdad estoy preocupado por todos esos temas, por el miedo con el tema de la familia, de nosotros, de todos los integrantes de nuestra familia. Siempre hemos recibido extorsiones desde hace bastante tiempo”, dijo el mandatario del municipio.