La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomó la decisión de mantener la operación del peaje Papiros bajo la concesión Costera Cartagena–Barranquilla y condicionó la entrega del tramo de 12 kilómetros de la vía al Mar al pago de una indemnización al concesionario que debería hacer la gobernación del Atlántico.
Por esto, el gobernador Eduardo Verano rechazó la decisión que implicaría reactivar el cobro a vehículos particulares desde noviembre, lo que generó inmediatamente una convocatoria para una protesta por el Comité No Más Peaje para el 26 de octubre en Puerto Colombia.
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El gobernador sostuvo que como departamento no asumirán obligaciones económicas de un contrato nacional: “Resulta absurdo que ahora la ANI pretenda que la Gobernación del Atlántico asuma el pago de una indemnización al concesionario, cuando se trata de un contrato que no fue estructurado ni conocido por la administración departamental. Esa exigencia desconoce los principios de buena fe y respeto institucional que han guiado todas nuestras actuaciones”, dijo.
Además, el mandatario manifestó que la ANI planteó en septiembre de 2024 que la Gobernación asumiera el mantenimiento de ese tramo entre la Circunvalar y Puerto Colombia, y como parte de un acuerdo para desmontar el peaje. En ese entonces la Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras para el respaldo de esa operación. En esa mesa habría quedado la constancia de que a nivel nacional liderarían el proceso técnico y jurídico con el concesionario, pero ahora desconocen lo pactado, según Verano.
Por su parte, el secretario del Interior, José Antonio Luque, también rechazó dicha exigencia: “Consideramos inaceptable que la Agencia Nacional de Infraestructura pretenda desconocer los acuerdos alcanzados con la comunidad y con el gobierno departamental e incluso trasladar al Atlántico responsabilidades económicas que no le corresponden”.
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Y por parte de la comunidad, el comité de No Más Peaje convocó un plantón para el 26 de octubre en el tramo del peaje, en rechazo a la decisión de la entidad. “La comunidad está indignada y el comité rechaza categóricamente estas declaraciones por parte de la ANI, que lo único que hacen es incendiar aún más esta situación. Nosotros, como comité, nos declaramos en asamblea permanente”, expresó Rosemberg Cueto, miembro del comité a El Heraldo.
Mientras tanto, la Gobernación manifestó en que la única medida viable es el desmonte definitivo de la caseta. “El peaje Papiros no tiene razón de ser en una zona urbana y residencial. No se puede castigar a la comunidad con tarifas que no responden a criterios técnicos ni sociales”, afirmó Verano.
Actualmente, el cobro del peaje está suspendido para categorías I y II hasta noviembre de este año, por una resolución del Ministerio de Transporte.