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La Fiscalía en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) capturó el pasado lunes 27 de octubre a tres personas señaladas de integrar una red de corrupción judicial que habría operado desde el interior del sistema penal con el tráfico de información reservada y extorsiones a funcionarios públicos a cambio de frenar investigaciones.
Los capturados fueron identificados como Abraham Elías Muñoz, hijo de la fiscal Betzaida Guerra Martínez; Margarita Viviana Bula, excoordinadora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Barranquilla; y Yarin Ernesto Pareja Marimón, investigador activo del CTI.
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Según la investigación, los tres habrían usado su acceso a la base de datos judiciales para ejercer presión sobre personas con cargos públicos que contaban con procesos abiertos.
El inicio de la investigación se habría dado en julio de 2024, cuando agentes del CTI realizaron diligencias judiciales en la Alcaldía de Sitionuevo, Magdalena, con órdenes de policía judicial falsas. Esos documentos, que al ser inexistentes, sirvieron para obtener información de la administración municipal.
Esa información habría sido utilizada semanas después para extorsionar al alcalde Alfredo Navarro Manga, a quien le exigieron 140 millones de pesos a cambio de detener un presunto caso de corrupción en la contratación pública. En esa operación, Abraham Muñoz, habría actuado como agente corruptor en complicidad con los otros dos funcionarios.
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Por su parte, la fiscal Betzaida Guerra no ha sido vinculada formalmente al proceso. Guerra ha sido una de las fiscales más reconocidas de la región, con participación en casos de alto impacto como el de la Universidad Metropolitana y el del excontralor Jesús Acevedo.
Las audiencias preliminares iniciaron el martes 28 de octubre ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Sitionuevo, Magdalena. Y los tres capturados serías imputados por delitos de concusión, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y asociación para cometer delitos contra administración pública.
En la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía y los abogados defensores pidieron que el proceso se llevara a cabo de forma reservada, ante la posibilidad de una segunda fase de la investigación y el riesgo al que se enfrentarían los detenidos.
La decisión fue aceptada por parte del juez y ordenó retirar a la prensa y a los demás asistentes de la audiencia virtual.