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Desde Cartagena, la viceministra de infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, aseguró que el Gobierno iniciará con el cobro de valorización de la vía Cartagena-Barranquilla a pesar de la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó la suspensión temporal de la facturación. La funcionaria confirmó que el recaudo está previsto para comenzarse a cobrar desde el segundo semestre del 2026, cuando terminen las audiencias públicas programadas entre noviembre y diciembre de este año.
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“Este es un proyecto cuya obra no ha culminado, por lo tanto, la inexequibilidad de la Corte Constitucional no tumba la aplicación de esta contribución. Y cuando hablamos de la orden y la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, tampoco se elimina el instrumento; lo que se genera es una suspensión provisional mientras se surten unas audiencias públicas, que realizaremos en noviembre y diciembre. De tal manera que, culminadas estas audiencias, se pueda levantar la medida cautelar y continuar con la aplicación del proceso de cobro”, explicó Ospina.
Además, la funcionaria manifestó que el Gobierno espera recaudar 850 mil millones de pesos, que serán administrados por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP) y ejecutado por Invías, para proyectos de la región, como el Tren del Caribe y mejoramiento de vías regionales.
“Desde el Gobierno Nacional nos interesa que estos recursos se distribuyan de la mejor manera. Para el Gobierno Nacional, que parte de los recursos se reinviertan en la estructuración y construcción del Tren del Caribe es muy importante, pero también sabemos que hay otras necesidades de conectividad, como vías regionales de responsabilidad de los departamentos que atraviesan varios municipios del área de influencia del cobro, las cuales podrían ser priorizadas para intervenciones de mejoramiento”, agregó la funcionaria.
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Por otro lado, Ospina dejó claro que el cobro no aplicará para todos los propietarios, sino únicamente para quienes tengan capacidad de pago, por ello, quedarán exentos los predios de estratos 1, 2 y 3, las Unidades Agrícolas Familiares y los resguardos indígenas.
“Esto es muy importante, porque esta contribución busca que los mayores beneficios y los incrementos en los precios del suelo que ha generado esta obra Barranquilla-Cartagena se redistribuyan a la colectividad, beneficiando incluso territorios que hoy poco aportan en la contribución”, incluyó.
Esta socialización del proyecto fue realizada con funcionarios de las alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, quienes conocieron los detalles técnicos y financieros del proceso.
Por su parte, Carlos Meisel, senador barranquillero del Centro Democrático que ha estado en contra del cobro, señaló que: “los funcionarios del Gobierno tienen que entender que todavía estamos en un país donde se debe respetar el Estado social de derecho. Ellos no pueden violar la división de poderes. El proceso de valorización tiene unas medidas cautelares que protegen al Atlántico y a Bolívar de este golpetazo que pretendía hacer el Gobierno”.