![Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/IALDDX7W75ABRNMJG4F7OOGTCY.jpg?auth=a0c3a9fb20ff3353f53d24920bffed397ff12ecbf280b2db5f7b28462467d12e&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro suspendió por tres meses a Rafael José Pérez Herazo, registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, por presuntamente haber adelantado una acción para alterar la extensión de un inmueble, “disminuyéndolo de 95 a 5 hectáreas”.
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“Tal situación jurídica previamente había transitado a cosa juzgada en una decisión que se expidió en abril de 2009, en la que se concluye que el predio tenía el área descrita”, declara la denuncia contra el funcionario.
#BoletínSNR 🗞️ I Tres meses durará la suspensión provisional al registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla,
— Supernotariado (@Supernotariado) February 1, 2022
Rafael José Pérez Herazo.
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Además, se realizó una intervención a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos entre el 6 y 30 de diciembre del 2021. Entre las inconsistencias halladas, se estableció que el estado de la entidad es crítico: hay atrasos injustificados para darle respuesta a los usuarios; se encontraron 16 casos irregulares de “modificación de áreas y/o linderos, y también de matrículas sin fundamento legal”; y se registraron cuatro casos en los que “se hicieron registros inmediatos de documentos que no correspondían con el protocolo de las notarías”.
Según el auto de suspensión “Rafael José Pérez Herazo, Registrador de Instrumentos Públicos de la ORIP de Barranquilla, tenía a su cargo el deber funcional dentro del proceso de registro, de mantener incólumes los principios de rogación, especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimidad y tracto sucesivo; debiendo velar y proteger el buen funcionamiento de la ORIP, lo cual al parecer no se desplegó, con lo cual se causó un perjuicio que fue señalado por la quejosa…”.
Por tanto, en los próximos días está previsto que La Superintendencia investigue y tome las acciones pertinentes para esclarecer los hechos.