Buenaventura (que significa buena suerte) ha tenido la desventura (desgracia) de estar en un punto estratégico del Pacífico colombiano. Algunos dicen que es un puerto, pero realmente es una ciudad con puerto. Por eso, muchos creen que ese municipio es importante solo por la entrada y salida de diversos productos.
Pese a ser clave en el intercambio comercial del país, Buenaventura es de los municipios más rezagados y con peores condiciones socioeconómicas del Valle del Cauca: según los registros, el 82 % de la población bonaverense se encuentra en un estado de pobreza extrema, mientras que un 41 % se ubica en la miseria, reseña el programa “Buenaventura cómo vamos”.
(Cada hora un niño es separado de su familia para que no se vulneren sus derechos)
Pero ese distrito especial, industrial, portuario, diverso y turístico también ha resultado un punto clave para el narcotráfico, pues representa una ruta estratégica para comercializar la cocaína no solo en el territorio colombiano, sino para sacarla del país por el puerto marítimo.
En la ciudad hacen presencia grupos urbanos que, según John Érick Caicedo, profesional del Programa de Víctimas y Memoria Histórica de la Secretaría de Convivencia de Buenaventura, son facciones que aparecen como consecuencia del “fallido proceso entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Gobierno Nacional en 2002, en donde muchos no se desmovilizaron y, por el contrario, se movilizaron por todo el territorio, generando otras estructuras”.
Estas bandas urbanas que operan en Buenaventura son La Empresa y La Local. Esta última dividida en dos facciones bastante violentas: los Shotas y los Espartanos, que se disputan el control de las comunas. Asimismo, mantienen prácticas de reclutamiento forzado, que, según el personero distrital de Buenaventura, Edwin Janes Patiño, se intensifican debido a la pobreza y a la vulnerabilidad de las personas que llegan desde las zonas rurales.
Por ello, en el casco urbano, sea por el norte o por el sur, la situación de violencia es preocupante. De acuerdo con Ruiz, los sectores más afectados son las Comunas 3, 5, 6, 7 y 12, que precisamente están más conectadas a la actividad portuaria y, por ende, se da el movimiento en mayor intensidad de grupos ilegales y del narcotráfico.
Como si lo anterior no fuera poco, en la zona rural de Buenaventura convergen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, que tercian en la disputa territorial y por la economía ilícita con los grupos que comúnmente han ocupado la zona: el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las residuales de las Farc-Ep.
En la ruralidad, las poblaciones más afectadas son las que rodean la cuenca baja del río San Juan, que conecta a Buenaventura con Chocó, y el sector del Bajo Calima. Según la ONU, actualmente allí hay 900 familias en riesgo y podrían continuar desplazándose.
(“Nos informaron que el asesino de Lucas Villa fue sacado del país”: Sidssy Uribe)
Adriel Ruiz Galván, líder social de Buenaventura y coordinador de la Corporación Memoria y Paz (Cormepaz) señala que en el distrito la violencia ha escalado desde 2019, posiblemente por la desarticulación de las Farc, luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que dejó territorios vacíos y listos para ser disputados de nuevo. A esto se suma el paro cívico de Buenaventura de 2017, en donde se dieron unos procesos sociales que transformaron las dinámicas territoriales de los actores ilegales.
A partir de 2019, la tasa de homicidios anuales se ha venido acercando a 200 y las desapariciones a más de 50.
Este año la situación se tornó crítica entre el 10 y el 17 de abril, cuando se desplazaron 246 personas de manera forzosa desde la cuenca baja del río Calima, en la vereda San Isidro, hasta el casco urbano de Buenaventura. Este hecho se sumó al desplazamiento del pasado 20 de enero, cuando 780 familias salieron desde el Bajo Calima hacia Cali (Valle del Cauca), debido a la agudización de la crisis de seguridad.
El personero Patiño asegura que la vereda de San Isidro hoy se asemeja a un pueblo fantasma ocupado por los actores ilegales, pues la mayoría de la población abandonó el territorio por la violencia. “Apenas se quedaron siete personas adultas que están en resistencia y resiliencia, pues no les interesa lo que pueda pasar con ellas”, cuenta Patiño.
Como colofón de este escenario sangriento, en abril de 2022, según la Personería Distrital de Buenaventura, nueve personas fueron asesinadas en el casco urbano, entre ellas un menor de edad. Asimismo, en la comunidad de Dipurdú del Guácimo (Medio San Juan) también se presentó el homicidio de otros dos menores.
¿Soluciones?
Como concluye la politóloga Ghina Alexandra Castrillón en el capítulo Buenaventura, del libro ¿Por qué estalló Colombia? (Editorial Controversia), es fundamental que los gobiernos prioricen los derechos humanos por encima de las mercancías (es una ciudad con puerto y no un puerto).
Además, Buenaventura necesita que llegue el Estado, pero no a través de las armas o militarizando la ciudad para combatir la violencia, sino que es necesario también atender los problemas sociales. “Una atención del territorio mejoraría la calidad de vida, empezando por el acceso a servicios públicos como el agua (…). Tanto la administración pública local como las diversas formas organizativas y de movilización social en el territorio deben encontrar las soluciones de manera conjunta”, señala la experta.
