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El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le solicitó al ministro del Interior, Alfonso Prada, la realización de un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV) para hacerle seguimiento a los hechos que están aumentando los delitos en la ciudad, y con esto mejorar la seguridad.
El llamado lo hizo en el encuentro de Asocapitales, en donde estuvieron los alcaldes de las principales ciudades del país. En este espacio el mandatario de la capital del Valle del Cauca resaltó la importancia de establecer acciones conjuntas entre el gobierno nacional y local en materia de seguridad.
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“Al ministro Prada, le trasladamos nuestras preocupaciones con relación a la seguridad, a los proyectos que jamás fueron aprobados en el gobierno anterior necesarios para nuestras ciudades”, indicó el alcalde Ospina.
Y es que aunque las autoridades informaron que en el primer semestre del año hubo una reducción del 23,5 % en los homicidios en Cali respecto al año anterior, las cifras son alarmantes. Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, en la capital vallecaucana se registraron 647 homicidios, según el reporte de la Policía Nacional.
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A esta situación se suma las invasiones a terrenos privados. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali hay grupos organizados, denominados tierreros, que venden bajo engaños los lotes a personas que los necesitan y operan como una estructura criminal para apoderarse de los lugares y hasta cometer otras acciones ilícitas.
Para el caso específico de Cali se han identificado 280 ocupaciones, una situación que se ha presentado con más frecuencia desde la pandemia y el Paro Nacional de 2021. Es por esto que el alcalde Ospina pidió al gobierno nacional “tener un tratamiento diferencial frente a los asuntos de las invasiones”.
¿Qué son los Puestos de Mandos Unificados por la Vida?
El gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció la creación de 65 PMU en municipios de 14 departamentos, identificados como los más críticos en materia de seguridad.
Esta iniciativa tiene el propósito de articular acciones de prevención y protección que garanticen la vida de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz en todo el territorio nacional.
En estos espacios debe existir la representación de, por lo menos, dos líderes sociales o regionales que representen la comunidad, u organizaciones sociales, que expresen las necesidades en materia de seguridad. La idea es solucionar los problemas de orden público a través del diálogos entre los gobierno locales y las comunidades.