Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se reunirá con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para denunciar la presunta financiación y organización ilegal de asonadas en el norte del Cauca.
“Narcotraficantes y cocaleros instalados en cercanías a las comunidades indígenas, convocaron y transportaron personas de otros municipios del Cauca para organizar una asonada contra los efectivos de Ejército y Policía que adelantaban tareas de erradicación de cultivos ilícitos en el corregimiento de Mondomo el fin de semana pasado”, asegura el congresista.
Las personas que impidieron la acción de la Fuerza Pública actuaron bajo presunta presión y financiación de actores ilegales, y no hacen parte de resguardos indígenas del sector, de acuerdo con Garcés. “Según el reporte que recibimos, los protagonistas de la asonada fueron cerca de 400 personas que habrían sido transportadas desde otros municipios en tres chivas, y presuntamente recibieron 100 mil pesos y almuerzo por interferir el operativo de los militares”, detalló el congresista.
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En la denuncia de Garcés se asegura que según información entregada por la comunidad y el Batallón de Infantería N.°8 Batalla de Pichincha, “los narcotraficantes también habrían establecido una alianza criminal con el grupo armado residual ‘Dagoberto Ramos’, para que esta columna ilegal hostigue de manera sistemática a los uniformados”.
Las comunidades del norte del Cauca y la fuerza pública se han enfrentado varias veces por los trabajos de erradicación de cultivos ilícitos. Por ejemplo, el pasado 26 de julio, en zona rural de Santander de Quilichao, quedó registrado en un video el momento en el que los habitantes de la zona y los militares discutían por estas acciones.Los soldados dispararon varias veces al aire, causando pánico entre las personas.
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Los trabajos de erradicación de cultivos ilícitos en esa región del país empezaron el primero de julio. Las veredas en las que han hecho presencia son: El Turco, Tres Quebradas, Las Vueltas, Agua Blanca y Nueva Colombia.
El Congresista pide a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Fiscalía, establecer los mecanismos necesarios, en pro de atender las denuncias que la comunidad indígena y los campesinos no han podido hacer públicas por temor a represalias de los grupos ilegales que ejercen presión sobre la población.
“Nadie se atreve a hablar. Por temor a estos grupos criminales las comunidades viven bajo constante presión y terminan siendo utilizadas como ‘escudos’ por los delincuentes. Sabemos de casos donde han utilizado niños para ponerlos al lado de las canecas que se usan en los laboratorios de coca, con el fin de que la Fuerza Pública no pueda destruir lo que allí se produce. También se ha conocido que estos grupos delincuenciales ordenan que la gente se acueste sobre los terrenos donde están los cultivos ilícitos, de manera que militares y policías se vean impedidos para adelantar la labor de erradicación”, agregó el congresista Garcés.