Varias piezas arqueológicas vinculadas a culturas indígenas milenarias, de carácter invaluable, terminaron exhibidas en vitrinas de locales de antigüedades en el norte de Cali. Allí, eran ofrecidas al público sin los permisos exigidos por la normativa que protege el patrimonio cultural colombiano.
Esto se descubrió durante una serie de inspecciones que realizaba la Policía Nacional en establecimientos ubicados en los barrios Granada y Versalles, sectores que son reconocidos por su actividad comercial en la ciudad. Los uniformados identificaron objetos históricos que, además de ser comercializados, presentaban intervenciones realizadas sin autorización y evaluación técnica.
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En total, las autoridades recuperaron 34 objetos arqueológicos entre los que se hallaban cuencos, vasijas, figuras antropomorfas y zoomorfas, además de maceradores y volantes de huso. Los expertos, luego de evaluar, determinaron que pertenecen a las culturas Quimbaya clásica y Calima, pueblos prehispánicos que habitaron el actual territorio del Valle del Cauca.
¿Por qué estas piezas no pueden venderse ni restaurarse libremente?
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los locales que fueron inspeccionados no contaban con licencias para manipular bienes arqueológicos ni con el acompañamiento de especialistas en restauración, condiciones que son obligatorias cuando se trata de piezas catalogadas como patrimonio cultural. Esto está consignado en el artículo 115, numeral 3, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Según el reporte, estos objetos poseen valor histórico y científico, por lo que no pueden comercializarse como artículos decorativos ni someterse a procesos de restauración sin supervisión: su manipulación indebida o de forma “libre” puede afectar la conservación de información importante sobre las sociedades indígenas que los produjeron.
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Este proceso estuvo acompañado, además, por la Interpol, el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), la Subsecretaría de Patrimonio y unidades de investigación criminal, entidades que ahora participan en la evaluación técnica de los objetos recuperados que permanecen bajo custodia institucional.
Las autoridades también comenzaron un proceso para establecer cómo llegaron las piezas a los locales y bajo qué condiciones fueron adquiridas, razón por la que los propietarios deberán entregar información que permita esclarecer su origen y verificar su responsabilidad en el caso.