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Continúa la zozobra por el incendio que devastó el pabellón ocho de la cárcel de Tuluá, en la que se encontraban al menos 160 personas privadas de la libertad. De acuerdo con las autoridades, la tragedia deja hasta ahora 51 muertos y 24 heridos, quienes quedaron en medio de una conflagración causada, al parecer, por la quema de colchones en un intento de motín. Los cuerpos fueron trasladados durante la noche del martes hacia la sede de Medicina Legal en la capital del Valle del Cauca.
Tito Castellanos, director del Inpec, indicó que de los 24 heridos, hay 20 en Tuluá y cuatro en Cali, quienes tuvieron que ser trasladados por la gravedad de sus quemaduras. Con respecto a las víctimas mortales, tanto el Inpec, como el Ministerio de Justicia indicaron que la mayor parte de las muertes fueron a causa de inhalación de humo.
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Por su parte, el personero de Tuluá, Martín Hincapie, pidió a las autoridades que, después del traslado de los cuerpos a Medicina Legal en Cali, se entreguen a las familias en sus municipios de origen. “De Tuluá son 24 personas, pero los demás son de otros municipios del Valle y de Colombia. La idea es que el Inpec asuma esta responsabilidad para que no haga más onerosa la situación de los familiares”, precisó. Al respecto, el general Catellanos señaló que se está coordinando con los niveles departamental y municipal para hacer la entrega a través de funcionarios de derechos humanos.
En las próximas horas el Inpec realizará una inspección a los pabellones ocho, nueve y once, para verificar la solidez de su infraestructura y evaluar si es necesaria una reubicación hacia otras cárceles de la región. Esta diligencia se hará en conjunto con el personal de ingenieros de la Uspec. En la misma línea, el personero Hincapié dijo estar pendiente de un ingreso a la cárcel para verificar las condiciones de los presos de otros pabellones.
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El general Castellanos reiteró su versión de la tragedia y pidió prudencia para que la Fiscalía pueda investigar lo ocurrido. “De acuerdo con las hipótesis, las muertes se generaron por asfixia y a causa del fuego otras cuatro personas. No murieron en las celdas, hay unos que estaban en los pasillos”, aseguró.
Por su parte, el alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, confirmó la gravedad de algunos reclusos y señaló que un grupo de apoyo psicosocial de la administración municipal está brindando atención a los familiares de las víctimas. Además, Monseñor José Roberto Ospina, obispo de Buga, pidió ayuda a las parroquias del Valle para recolectar artículos de aseo, cobijas y demás elementos que puedan ser donados a los internos de la cárcel de Tuluá.
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“Vamos a hacer varios sitios de acopio: parroquia San Bartolomé, parroquia de la Medalla Milagrosa, parroquia del Perpetuo Socorro y la Fundación Hogar del Mendigo en Buga”, indicó.
El pasado 28 de junio se conoció que la Procuraduría inició una indagación previa con práctica de pruebas, para establecer si en el incendio hubo responsabilidad de servidores públicos por acción, omisión o extralimitación de funciones.
“Recolectamos los videos del circuito cerrado de televisión, algunos documentos fundamentales para establecer quienes estaban de turno, que acciones desarrollaron y por supuesto establecer principalmente si se contaba con planes de contingencia y emergencia para este tipo de situaciones de incendios”, manifestó a Blu Radio Javier Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos.
Además, en las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali para buscar medidas de prevención en las cárceles de la capital del Valle del Cauca.