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Aguas de Cartagena (Acuacar) se refirió a la reciente decisión judicial que ordenó suspender los racionamientos sectorizados de agua en la ciudad. La empresa también informó que, antes de emitir una posición, espera la comunicación oficial de la medida decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
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A través de un comunicado, Acuacar informó que sus equipos jurídicos y técnicos analizarán el alcance y las implicaciones de dicha determinación, que surgió a raíz de la acción popular promovida por el alcalde de Cartagena Dumek Turbay: “Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. sociedad anónima en la que el Distrito de Cartagena participa con el 50% del capital social, se encuentra a la espera de que se agoten los trámites formales de notificación correspondientes”, se lee.
Según explicó, también se abstendrá de emitir otros pronunciamientos públicos y ejercerá su derecho de defensa en las etapas previstas dentro del proceso judicial. Esto, presentando la evidencia, incluyendo la información técnica y los soportes que considere necesarios, para sustentar su posición: que no ha representado una amenaza ni una vulneración de los derechos colectivos de los habitantes de Cartagena, como lo ha asegurado el mandatario distrital.
En contexto: ¿cuál fue la decisión del Tribunal?
Esta postura de Acuacar se conoce luego de que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenara suspender los racionamientos sectorizados de agua implementados por la empresa desde mayo. Pero la crisis de abastecimiento en Cartagena venía desde meses atrás con interrupciones no programadas y fallas recurrentes.
Las dificultades con el agua potable se han explicado, entre otros factores —como condiciones climáticas, el aumento del consumo asociado a las altas temperaturas que enfrenta el caribe y limitaciones operativas en la red de distribución, especialmente en zonas periféricas donde el abastecimiento es irregular—, a la proliferación de microalgas en la fuente de captación que abastece la Planta de Tratamiento El Bosque, encargada del servicio de casi el 90% de Cartagena.
Pero las inconformidades crecieron, y eso llevó al Distrito a intervenir. Se acudió a la vía judicial mediante una acción popular, solicitando medidas frente a las afectaciones por parte de Acuacar y Veolia. Luego, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó suspender los racionamientos y activar un plan de contingencia para garantizar la continuidad del servicio en la ciudad.
Ahora bien, a comienzos de este mes, Dumek Turbay sugirió replantear el modelo de prestación del servicio y ha hablado de la ruptura de relaciones con Aguas de Cartagena y Veolia, mencionando la posibilidad de crear una empresa pública que asuma la gestión como parte de una salida estructural a la crisis.
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Por ahora, dentro de las órdenes impartidas, el Tribunal dio un plazo de 72 horas a la empresa para ejecutar medidas urgentes. Entre ellas están la entrega de agua mediante carrotanques en los sectores donde las interrupciones superen las 12 horas, así como la divulgación de información actualizada sobre las zonas afectadas y las rutas de distribución.
Frente a esto, en el mismo comunicado, Acuacar aseguró que “la empresa reafirma su compromiso con Cartagena y con la prestación eficiente de los servicios a su cargo, por lo que continuará desarrollando las acciones operativas necesarias para garantizar la atención y respeto de los derechos de los usuarios y de la propia Administración Distrital para contar con este servicio público esencial en las condiciones por ellos esperadas”.