Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre por presuntamente estafar y extorsionar a mujeres en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Todo bajo un esquema que tenía como base falsas ofertas de empleo en las que se prometía contratación en empresas del sector comercial.
Lea aquí: El cuerpo de un guarda de seguridad desaparecido en Barranquilla fue hallado en Tubará
El método consistía en contactar a mujeres que buscaban empleo a través de redes sociales. De esa manera, el hombre se presentaba inicialmente como un supuesto reclutador o funcionario de procesos de contratación de alguna empresa. Luego, al ganarse su confianza, las víctimas eran inducidas a entregar información personal.
Bajo la promesa de acceder a algún puesto, las mujeres también compartían documentos y pagaban un monto de dinero para que el hombre gestionara un aparente carné para la manipulación de alimentos del almacén de cadena en donde trabajarían.
Pero con esos datos, presuntamente cambiaba la dinámica del contacto y comenzaban las exigencias y presiones económicas. Las víctimas habrían sido intimidadas con la posible divulgación de información sensible y, según sus testimonios, debían depositar hasta ocho millones de pesos colombianos para evitar ser expuestas. Una de ellas, de hecho, aseguró que recibió amenazas en contra de su madre y de sus hijas y decidió entregar dinero para protegerlas.
¿Qué pasó con el acusado?
Mientras las autoridades verifican si existen más víctimas de esta modalidad, el hombre fue enviado a un centro carcelario gracias a la decisión de un juez de de control de garantías. Aunque le fueron imputados los delitos de extorsión agravada, extorsión agravada en grado de tentativa y estafa, no aceptó los cargos.
Puede interesarle: Buscan a tres mujeres tras el asesinato de un estadounidense en un apartamento en Medellín
Adicionalmente, la investigación indica que el hombre, cuya identidad no ha sido revelada aún, también se habría hecho pasar por integrante de un grupo armado ilegal para generar mayor intimidación y obligar a las víctimas a que accedieran a entregar el dinero. La Fiscalía ha podido conocer al menos nueve casos de mujeres que se vieron sometidas entre 2020 y 2024.