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Un mes completan las marchas de los trabajadores informales de Cartagena, por cuenta de un borrador de un decreto que, en principio, busca aumentar los recursos que recibe la ciudad por el uso del espacio público, pero que para los manifestantes solo pone en riesgo a los más vulnerables.
Camilo Blanco, gerente del Espacio Público en Cartagena, ha dado un parte de tranquilidad sobre los alcances de esta nueva normativa, pero organizaciones sociales conformaron un comité antidecreto, con el que buscan negociar las garantías que tendrán los trabajadores informales en las calles y los parques de la ciudad, pues lo que temen es que les cobren por el arriendo de las zonas donde hoy se ubican.
Según comentó el gerente de espacio público de Cartagena a El Espectador, lo que busca el decreto es sacar fruto de las actividades económicas en el espacio público que se llevan a cabo en la ciudadcumpliendo con la Ley 2069 de 2020,. “Sabemos que el recaudo de Cartagena no es suficiente para mantener los más de 500 parques que tenemos, así que es necesario dar un paso hacia otorgar equipamientos sociales y avanzar hacia la formalización, que no puede ser la regla”, dijo Blanco, quien se enfrentó el pasado jueves 23 de junio a un debate de control político en el Concejo de Cartagena.
Pese a esto, Leonardo Jiménez, presidente del Centro de Estudios Económicos y del Trabajo (Cedetrabajo), y asesor del comité antidecreto, aseguró que no se están teniendo en cuenta los efectos que puede traer esta normativa sobre la economía informal, ya que esto podría ser una expulsión de los trabajadores informales. “El decreto sustenta la capacidad de pago, los ingresos y las tarifas en un estudio de la Universidad de Cartagena de 2009. No tienen en cuenta la pandemia, que acabó con 49.000 puestos de trabajo, 5.000 empresas y redujo la capacidad de ingresos del trabajador informal”, señaló Jiménez.
Miradas externas como la del experto en urbanismo Ómar Oróstegui piden no satanizar este tipo de decretos, pues han tenido experiencias positivas en ciudades como Bogotá. Pero advierte que es necesario contemplar estrategias de inclusión de los vendedores ambulantes. “No se debe hablar de privatización, sino de un relacionamiento distinto con el espacio público. Lo que sí es cierto es que los trabajadores informales no pueden ser omitidos, sino buscar alternativas a través de consensos para la formalización del empleo. Estas dos dimensiones tienen que ir de la mano para que no se generen tensiones”, expresó.
Sumado a esto, anotó que el decreto tiene una gran debilidad en materia de gestión social para vendedores ambulantes, porque la mayor parte del beneficio va para el sector privado, el cual paga contraprestaciones por el uso de los parques y el espacio público. Aunque el gerente Blanco recalcó que tienen equipamiento social como casetas y locales fuera del Centro Histórico de Cartagena, Oróstegui indicó que el decreto no aclara cómo vinculará y priorizará a los trabajadores informales.
Por otro lado, el presidente de Cedetrabajo cree que las protestas obedecen a la falta de acuerdos en las mesas que se crearon hace más de un mes para socializar y plantear alternativas sobre el decreto. “En la primera jornada que surgió en el foro realizado en la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar nos dijeron que nos iban a socializar el proyecto, sin ninguna posibilidad de discutir los contenidos del decreto. Por eso acudimos a la manifestación pacífica”.
Y es que lo que temen es específicamente el artículo 10 del decreto, el cual establece las actividades que generarán el aprovechamiento económico. “Todo lo que esté por fuera de los contratos quedará expresamente prohibido. También es alarmante que las cesiones de bienes del Distrito se amplíen al 35 %, cuando el actual Acuerdo 010 que regula el espacio público lo fijó en 20 %”, dijo Jiménez, quien señala que hace falta una política pública de los trabajadores informales.
Entretanto, Camilo Blanco sentencia que no se busca cobrar de manera indiscriminada por los andenes, sino reubicar para brindar condiciones más dignas a los trabajadores. Para ello, la Gerencia de Espacio Público y Movilidad tendrá que expedir normas que aclaren en dónde se puede hacer el aprovechamiento, como en el Callejón de los Zapateros, que solo lo tiene a corto plazo. “El principio es que la reubicación sea voluntaria. Los vendedores informales no van a perder la confianza legítima, que les permite acceder y utilizar el espacio público”, aseveró.
Oróstegui apuntó a que además se deben contemplar otros hechos, como las extorsiones de las cuales son víctimas los comerciantes, así como las consecuencias que podrían excluir a los trabajadores informales de sitios turísticos.
“Nosotros le apostamos a la formalización del trabajo, pero creemos que esta no es la solución. No nos negamos a que se organice el espacio público, pero tienen que tener en cuenta las afectaciones que sufrimos los comerciantes a raíz de la pandemia. Lo que va a haber es un desplazamiento porque no contamos con los recursos para acceder a los contratos de aprovechamiento”, dijo a El Espectador Jairo Barrera, representante legal de la Asociación de Vendedores Estacionarios del Bazurto (Asovenesbaz), uno de los principales mercados de Cartagena.
La polémica por este decreto ya se abordó en el Concejo de Cartagena, mientras las organizaciones sociales siguen convocando manifestaciones. “Estamos pidiendo una reunión directa con el alcalde William Dau, porque el gerente de Espacio Público no nos da garantías y ya tomó una decisión. Queremos que escuchen nuestras observaciones y nuestra propuesta, porque lo que está en juego es el sustento de los más vulnerables”, dijo Jiménez.
Por su parte, el gerente Blanco aseguró que continuarán en la discusión con vendedores informales y comerciantes. “Lo que tenemos programado es que luego de esta etapa de socialización podamos expedir el decreto con el consenso de los involucrados”, concluyó.
