![Según Pedrito Pereira, alcalde (e) de Cartagena, los cambios políticos que ha vivido la ciudad desde el año 2012, y la constante rotación de alcaldes, gabinetes y funcionarios, es uno de los factores que ha impedido el traslado del mercado de Bazurto. / Foto archivo El Espectador.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/OR72CGXP5BB2JFWCK5Q7A5UC5M.jpg?auth=8a9d4ba2ca87c616b9c419c372a089899c417ac1cad131c0e081e4b4abb0afc5&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Más de 1.000 toneladas de basura se recolectaron en el mercado de Bazurto el primero de enero de 2018. Desde entonces, el distrito de Cartagena reforzó las jornadas de limpieza para evitar la acumulación de olores y residuos sólidos que ponían en jaque las condiciones de vida de los pobladores de la comuna 9, cerca de la zona comercial en donde está ubicada la plaza.
A todo esto se suma que, por tratarse de la central de abastecimiento más grande de la ciudad, miles de hogareños consumen estos alimentos que no cumplen con las reglas de higiene. El daño ambiental es evidente y continúa en aumento desde la fundación del lugar hace 40 años.
Por cuestiones de cercanía, el barrio Martínez Martelo recibe todo el impacto de la contaminación. Sus habitantes se cansaron de vivir entre los desechos. Por eso, María Eugenia Carrillo, expresidenta de la Junta de Acción Comunal de la zona, interpuso una acción popular en 2010 solicitando el traslado de Bazurto a otro predio.
El Tribunal Administrativo de Bolívar aceptó y le ordenó a la Alcaldía proceder con los estudios para la reubicación. El distritito consultó a la empresa SPS Asociados para evaluar la sostenibilidad financiera del proyecto, pero los resultados salieron a la luz cinco años después de la orden judicial, la misma que sigue sin cumplirse hasta la fecha.
“El mercado actual ha profundizado la existencia de las deficiencias a nivel de movilidad, salubridad, ocupación de espacios públicos e inseguridad; lo que a su vez ha desencadenado un eslabón de baja productividad económica y competitividad”, señaló en un informe financiero Alexander Castaño Beleños, director ejecutivo de SPS. A su vez, se identificaron otras falencias de la sede actual: estructuras físicas colapsadas, dificultades en el tránsito vehicular y proliferación desmedida de vendedores informales.
A todo esto, se suma la auditoría que realizó la Contraloría en diciembre de 2016 en el sitio. El ente de control determinó que el lugar “no cuenta con un plan de manejo ambiental que armonice el impacto que generan las actividades del mercado en su entorno, lo cual ocasiona inconvenientes en el tratamiento adecuado de productos alimenticios, en la higiene y la salubridad de comerciantes y consumidores”.
Se supone que la central estaba diseñada para albergar 1.200 puestos de trabajo, pero la realidad es que hoy existen 32.000. El descontrolado crecimiento también ha provocado caos en cuestiones de espacio, una situación que se torna más oscura por el exceso de residuos descompuestos que tienen plagado el suelo. Los pobladores del barrio Mártinez Martelo afirman que se están vertiendo aguas residuales a la ciénaga cerca de Bazurto y, por tal razón, ponen en duda el compromiso de quienes debían garantizar un equilibrio ambiental en la zona. En este caso, se refieren al Ministerio de Ambiente, EPA y Cardique.
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Promesas y retrasos que cumplen ocho años
Los recursos para la construcción del nuevo mercado no saldrían solo del bolsillo de la Alcaldía. Se realizó la etapa de socialización con los comerciantes del centro mayorista y se abrió la oferta de participación para empresarios privados interesados en invertir.
Pero hubo un problema que enfrió los motores del traslado. El actual alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, asegura que en 2014, el distrito le manifestó a Corvivienda su intención de obtener por enajenación voluntaria la propiedad del predio llamado ‘Doña Manuela’, con el objeto de construir allí la Central de Mayoristas de Abastos.
De acuerdo con lo prometido, sobre los 181.522 metros cuadrados del nuevo lote se levantarían 15 manzanas. Se tuvieron en cuenta las características de los productos y necesidades para permitir la correcta operación del sitio. Por ejemplo, habría un centro comercial, módulos, estacionarios, minoristas, concesionario, supermercado, entre otros.
Para que el proyecto pueda operar se necesitaban $5.130 millones, así se concluyó en el informe financiero. Los gastos incluyen el precio del lote, traspaso a patrimonio autónomo, preoperativos administrativos de personal y financieros, entre otros básicos.
El terreno se adquirió e inició la elaboración del cronograma para la obra, pero surgió un inconveniente, se presentó “una acción de nulidad por medio de la cual se cedió a título gratuito un inmueble al distrito de Cartagena y se dictaron otras disposiciones”. Es decir, inició otro proceso.
Pereira le manifestó a El Espectador que lo anterior es una de las causas principales que provocó el estancamiento del traslado de Bazurto, pues las acciones se interrumpieron “por la falta de seguridad jurídica en la titularidad del predio que se destinó”. Además de “los cambios políticos que ha vivido la ciudad de Cartagena desde el año 2012, y la constante rotación de alcaldes, gabinetes y funcionarios que tenían injerencia en esta temática”.
¿A qué huele?😷 ¡A corrupción! Nuestra siguiente parada es el Mercado de Bazurto, donde en el 2010 ordenaron el traslado de este mercado debido a la contaminación de la ciénaga Las Quintas.
— Transparencia Col (@transparenciaco) June 22, 2018
¿Ya fue trasladado? 🤷♀️🤷♂️ #Corruptour2018 pic.twitter.com/m7FcjejcTe
Y mientras tanto, la comunidad siente que se está dilatando el proceso para que los funcionarios encargados huyan de la responsabilidad. Los socios vinculados al proyecto tampoco están felices. El mandatario distrital mencionó que la incertidumbre para realizar inversiones ha paralizado las cosas.
Ese miedo creció luego de que se incumpliera un convenio que realizó la Alcaldía con Mercabastos hace dos años. Se le dijo a los comerciantes que a partir de enero de 2017 iniciarían las obras, pero, ante los inconvenientes, “no se llevaron a cabo las obligaciones del acuerdo”, como lo afirmó el alcalde (e).