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La Procuraduría Regional de Bolívar anunció una vigilancia especial al proceso que adelanta Cartagena para crear una nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios, propuesta que actualmente se discute en el Concejo Distrital y que busca asumir progresivamente la prestación de servicios como agua potable, alcantarillado y aseo.
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El Ministerio Público pidió a la administración distrital demostrar, mediante estudios jurídicos, financieros, patrimoniales, ambientales y de gestión del riesgo, que el nuevo modelo representa una alternativa conveniente para la ciudad y que su implementación no afectará la continuidad, calidad ni sostenibilidad de los servicios que reciben los usuarios.
¿Qué propone la nueva empresa?
El proyecto de acuerdo plantea la creación de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Distrito, que tendría un patrimonio inicial de hasta COP 10.000 millones aportados por Cartagena.
La iniciativa contempla que la entidad pueda encargarse de la planeación, construcción, mantenimiento, administración y operación de los servicios públicos. Aunque el proyecto se concentra principalmente en acueducto y alcantarillado, también contempla actividades relacionadas con aseo, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía, en los términos establecidos por la ley.
La propuesta también establece que la nueva empresa podría contar con participación del sector privado y plantea un acompañamiento técnico inicial de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
¿Qué pasaría con Aguas de Cartagena?
Uno de los puntos centrales de la discusión es la situación de Aguas de Cartagena, actual operador de los servicios públicos domiciliarios, cuyo contrato tiene vigencia hasta 2034.
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La administración distrital ha planteado la posibilidad de analizar alternativas jurídicas que permitan una eventual terminación anticipada del contrato, mientras avanza la estructuración de la nueva empresa. Sin embargo, cualquier modificación al modelo actual deberá superar los análisis correspondientes y garantizar que los servicios no sufran interrupciones durante una eventual transición.
El proyecto sigue en discusión
Si el Concejo de Cartagena aprueba la iniciativa, el alcalde recibiría facultades extraordinarias durante un año para expedir los actos administrativos necesarios para la creación y puesta en funcionamiento de la nueva empresa.
Mientras avanza el debate, la Procuraduría mantendrá su vigilancia sobre el proceso, con el objetivo de verificar que se protejan los derechos de los usuarios y que los recursos públicos sean manejados de manera adecuada.
El Ministerio Público ha insistido en que una eventual transformación del modelo de servicio públicos debe realizarse con planeación, respaldo técnico y garantían para los ciudadanos, especialmente en servicios esenciales como el agua potable y el saneamiento básico.